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El Gobierno amplió el gasto en $15,6 billones y recortó $184.230 millones en transferencias corrientes a provincias

La OPC detalló el impacto del DNU 1.391/2026: refuerza jubilaciones e intereses y reduce el superávit presupuestado. También eleva en $78,7 billones el límite de crédito público, sin que eso implique deuda ya emitida.

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El Gobierno nacional amplió las autorizaciones de gasto del Presupuesto 2026 en $15,6 billones y redujo en $184.230 millones las transferencias corrientes a provincias mediante el DNU 1.391/2026. El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que el decreto también aumenta en $78,7 billones el límite autorizado para operaciones de crédito público, una habilitación que no equivale a deuda ya emitida.

La medida fue publicada el 19 de noviembre. Según el informe técnico, frente al aumento del gasto se incorpora una estimación de ingresos adicionales de $8,1 billones, por lo que el resultado financiero presupuestado se deteriora en $7,5 billones. Aun con esa modificación, la cuenta proyectada permanece superavitaria.

Presupuesto de la APNAntes del DNUDespués del DNU
Gastos totales$152,5 billones$168,0 billones
Ingresos totales$176,9 billones$185,0 billones
Resultado primario$38,5 billones$34,9 billones
Resultado financiero$24,4 billones$16,9 billones
Fuente: OPC, cuadro 4 del análisis del DNU 1.391/2026, con datos al 19 de noviembre. Valores redondeados. Son créditos presupuestarios y estimaciones de recursos y resultados, no ejecución de caja.

La poda provincial y los avales para Córdoba y Santa Fe

La principal reducción en la asistencia corriente es de $200.000 millones para el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado por el Decreto 969/24. Otras modificaciones dentro del rubro dejan una reducción neta de $184.230 millones.

El informe también identifica una baja de $6.120 millones en transferencias de capital a provincias para obras de infraestructura. Son recortes de autorizaciones presupuestarias: el documento no presenta aquí una distribución por distrito que permita asignar una pérdida concreta a La Rioja.

El capítulo provincial tiene relevancia para la discusión fiscal riojana, en la que Ricardo Quintela y sus funcionarios reclaman recursos para sostener servicios y obras. Sin un desglose territorial en este informe, no corresponde trasladar la totalidad del ajuste nacional a las cuentas de la provincia.

En materia de garantías, el artículo 4° incorpora una operación para Santa Fe, con un máximo de US$25 millones destinado a defensas contra inundaciones en el departamento San Javier. Para Córdoba, cambia el destino de una operación ya contemplada: de “Economía Circular” a “Infraestructura Hídrica y de Saneamiento”, manteniendo el tope de US$100 millones.

Ambas operaciones tienen un plazo mínimo de amortización de tres años. Son las dos modificaciones de avales identificadas en este DNU; no constituyen un relevamiento de todas las garantías nacionales vigentes ni acreditan desembolsos ya realizados.

Jubilaciones e intereses concentran los refuerzos

Las prestaciones sociales suman $10.186.883 millones. Dentro de ese total se destacan $8.119.866 millones para jubilaciones y pensiones, $1.080.000 millones para la AUH y $788.962 millones para pensiones no contributivas. El análisis vincula buena parte de las ampliaciones con la movilidad de las prestaciones.

El saldo de “otros programas sociales”, en cambio, disminuye $461.945 millones. La OPC describe reducciones de reservas del Tesoro y refuerzos específicos, entre ellos $88.362 millones para Incluir Salud y $37.000 millones para el Plan 1.000 días.

Los intereses de la deuda pública reciben un incremento de $3.892.392 millones. El informe señala que ese aumento se compensa con una reducción de magnitud prácticamente equivalente en la cuenta de amortización de deuda en moneda nacional a largo plazo, dentro de las aplicaciones financieras.

Los gastos en personal crecen $833.550 millones netos. Entre las jurisdicciones reforzadas aparecen Seguridad Nacional, con $642.160 millones; Defensa, con $562.456 millones; Economía, con $163.083 millones; y Salud, con $85.397 millones. La reasignación se financia parcialmente con una reducción de $925.985 millones en la reserva del Tesoro para necesidades salariales.

Por jurisdicción, el mayor incremento corresponde a Capital Humano, con aproximadamente $10,08 billones, seguido por el Servicio de la Deuda Pública, con $3,89 billones. Los gastos de capital, considerados en conjunto, se reducen en $107.857 millones.

Más margen de endeudamiento y un cupo para sentencias previsionales

El artículo 3° incrementa en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito público con un plazo mínimo de amortización de 90 días. La OPC aclara expresamente que es un límite máximo de autorización y que no implica necesariamente emitir deuda por todo ese importe.

El artículo 5° fija en $543.206 millones el monto para deudas previsionales reconocidas judicialmente: $475.445 millones para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y $67.761 millones para el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares. Incluye retroactivos por reajustes de retirados y pensionados de fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

Para completar ese cupo, el decreto agrega $186.000 millones a créditos ya vigentes de cancelación de deuda consolidada. La cifra de $543.206 millones es, por tanto, el monto fijado para ese destino y no el incremento íntegro introducido por la medida.

El nuevo esquema amplía el presupuesto de cierre del año y modifica la distribución de recursos. Para las provincias, queda por seguir cómo esas autorizaciones se traducen en transferencias efectivas y qué impacto tiene la reducción de las partidas de asistencia e infraestructura.

Fuente: análisis completo del DNU 1.391/2026 elaborado por la OPC, fechado el 19 de noviembre de 2026.

Fotografía de archivo de la Casa Rosada.

Informe completo en PDF

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