El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Miguel Zárate, reclamó una intervención más activa de los jueces en las causas por presunta usura. Advirtió que las personas investigadas pueden recuperar rápidamente la libertad y volver a prestar dinero si no se adoptan medidas para proteger a las víctimas y preservar las pruebas.
El planteo se produjo después del procedimiento realizado en una vivienda del barrio María Augusta de la Capital. Durante el allanamiento, la Policía provincial secuestró alrededor de $170 millones, cien tarjetas de débito, tres teléfonos celulares y seis carpetas con documentos de identidad, contratos y pagarés.
Un hombre quedó detenido y a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2. La causa investiga presuntos delitos de usura, estafa y defraudación. El acusado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
La investigación comenzó con la denuncia de una empleada pública. Según el relato brindado por Zárate, el prestamista habría retenido su tarjeta de débito y retirado entre el 90% y el 95% del salario mensual. La mujer recibía solamente entre $20.000 y $30.000 y debía volver a pedirle dinero para afrontar sus gastos cotidianos.
El ministro señaló que una operación financiera informal no constituye automáticamente usura. Explicó que el posible delito aparece cuando se establecen intereses abusivos y puede combinarse con otras figuras penales si existe retención de documentación, bienes o pagarés firmados en blanco.
Como ejemplo, mencionó otra denuncia en la que una persona habría recibido $400.000 con el compromiso inicial de devolver $800.000 en seis meses. Posteriormente, el prestamista le habría reclamado $5 millones utilizando un documento firmado en blanco, hasta acordar finalmente una devolución de $2 millones. Esa presentación todavía deberá ser investigada y acreditada judicialmente.
Zárate sostuvo que durante años numerosas denuncias fueron archivadas mientras los pagarés continuaban ejecutándose en el fuero civil. A su entender, esa situación dejó a las víctimas expuestas a embargos y a la pérdida de sus bienes.
El funcionario pidió que la Justicia mantenga secuestradas las tarjetas, los pagarés y la documentación vinculada con cada denunciante mientras avanza la investigación. También cuestionó que algunos casos puedan cerrarse mediante un acuerdo económico entre las partes sin examinar la posible existencia de un esquema habitual de préstamos abusivos.
“Si la Justicia no se pone del lado de las víctimas, va a ser muy difícil combatir de manera seria y sostenida este tipo de delitos”, afirmó.
Zárate confirmó que dos personas detenidas semanas atrás por otras investigaciones recuperaron la libertad. Aclaró que se trata de delitos que pueden ser excarcelables, pero consideró necesario establecer controles que impidan la continuidad de las operaciones investigadas.
La División Delitos Económicos mantiene abierto un canal para recibir denuncias. El ministro aseguró que la política provincial apunta a identificar préstamos clandestinos, retenciones de tarjetas y documentos y posibles maniobras de extorsión.
Durante la entrevista también fue consultado por su eventual postulación como fiscal general. Zárate reconoció que integra el grupo de nombres que Ricardo Quintela podría evaluar, pero negó que exista una designación confirmada. Señaló que, si finalmente fuera elegido, debería dejar el Ministerio de Seguridad y Justicia.
