El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Miguel Ángel Zárate, pidió que la Justicia penal investigue los pagarés presuntamente vinculados con préstamos usurarios y adopte medidas para detener las ejecuciones y los embargos contra posibles víctimas.
El planteo se produjo después del allanamiento realizado el viernes en la ciudad de La Rioja, donde la Policía provincial secuestró $170 millones en efectivo, cien tarjetas de débito de distintas entidades, tres teléfonos celulares y seis carpetas con copias de documentos, contratos y pagarés.
La cifra fue confirmada en la publicación oficial del Ministerio de Seguridad. La mención inicial a $270 millones realizada durante la entrevista no coincide con el detalle del procedimiento y no pudo ser corroborada.
El operativo se inició a partir de la denuncia de una empleada pública ante la División Delitos Económicos. Según relató Zárate, el denunciado habría retenido la tarjeta y documentación personal de la mujer para retirar mensualmente su salario.
El ministro sostuvo que la denunciante recibía alrededor del 10% de sus haberes, mientras que el prestamista retenía el resto para cobrar el capital y los intereses. Esta situación, agregó, habría obligado a la mujer a solicitar nuevos préstamos y permanecer dentro del mismo circuito de endeudamiento.
El hallazgo de cien tarjetas hace presumir la existencia de más personas afectadas, aunque esa cantidad de víctimas todavía deberá determinarse durante la investigación.
La causa quedó bajo control judicial
El expediente se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2, a cargo del juez Daniel Barría. Será el magistrado quien determine la situación procesal del detenido y la calificación legal definitiva.
Zárate atribuyó inicialmente los hechos a posibles maniobras de usura, estafa y defraudación, pero aclaró que la responsabilidad penal debe ser establecida por la Justicia. Tampoco se difundió oficialmente la identidad del acusado.
El funcionario cuestionó que denuncias anteriores por hechos similares fueran consideradas conflictos civiles por la existencia de pagarés o acuerdos entre particulares. A su entender, ese criterio permitió que prestamistas recurrieran a documentos firmados en blanco para iniciar ejecuciones y obtener embargos salariales.
Por ese motivo, reclamó que ante una denuncia la Justicia penal identifique los pagarés, solicite los expedientes que tramitan en el fuero civil y evalúe medidas cautelares para detener su ejecución mientras se investiga el posible delito.
Qué sucede con las deudas
Zárate sostuvo que la Justicia debe analizar cada caso y proteger a las personas afectadas cuando se comprueben intereses abusivos, retención de documentos o pagarés firmados en blanco.
Sin embargo, la existencia de una investigación por usura no elimina automáticamente todas las deudas. La validez del préstamo, los intereses y los pagarés debe resolverse judicialmente según las condiciones de cada operación.
La Ley provincial 10.901, vigente desde agosto, estableció nuevos límites para los servicios financieros y suspendió durante 180 días determinados embargos. También prohíbe que una entidad retenga documentos personales o tarjetas como condición para prestar dinero y toma como referencia las tasas publicadas por el Banco Nación para evaluar posibles abusos.
El ministro recomendó que quienes hayan entregado tarjetas, documentos o pagarés en blanco y consideren que afrontan intereses desproporcionados formulen una denuncia ante la Policía o la Justicia. La investigación deberá ahora establecer el origen del dinero secuestrado, identificar a los titulares de las tarjetas y determinar cuántas personas fueron afectadas.
