El presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja, Francisco Brizuela Montenegro, advirtió que la implementación del nuevo sistema procesal penal requerirá una inversión significativa en infraestructura, recursos humanos y salarios para que los cambios puedan funcionar de manera efectiva.
El abogado realizó el diagnóstico durante una actividad por el Día de la Abogacía, conmemorado el 29 de agosto. Allí sostuvo que la institución mantiene una mirada “crítica constructiva” sobre el funcionamiento de la Justicia provincial y reconoció avances recientes, aunque remarcó que todavía existen falencias pendientes.
Entre los cambios positivos mencionó la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores. Según explicó, la especialización permite trasladar las causas familiares que anteriormente eran atendidas por tribunales civiles y, de ese modo, reducir parte de su carga de trabajo.
El Tribunal Superior de Justicia dispuso que tres nuevos juzgados especializados comenzaran a funcionar el 31 de marzo de 2026 en la ciudad de La Rioja, en cumplimiento de la Ley provincial 10.612.
Brizuela Montenegro también destacó el avance del expediente digital. Durante 2026, el Poder Judicial comenzó a implementar el sistema de gestión “Joaquín” en las cámaras civiles, comerciales y de minas y posteriormente en el fuero de Familia, dentro del proceso de despapelización y modernización judicial.
Las necesidades del nuevo sistema penal
Las principales advertencias estuvieron dirigidas a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, sancionado mediante la Ley 10.797, que establece un modelo acusatorio. La reforma modifica la distribución de funciones: el Ministerio Público Fiscal asume la investigación, mientras los jueces deben garantizar el desarrollo del proceso y resolver en audiencias.
La provincia también aprobó, mediante la Ley 10.796, el régimen de juicio por jurados para delitos graves. Ambos cambios se encuentran en etapa de preparación y capacitación, con participación de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal y otras instituciones vinculadas al sistema.
Para el titular del Consejo de Abogados, la reforma necesitará nuevas salas de audiencia, una mayor cantidad de fiscales y equipos con capacidad suficiente para responder al volumen de causas.
“Hay juzgados que hoy están funcionando con cinco empleados, incluido el juez”, afirmó Brizuela Montenegro.
La declaración corresponde a su diagnóstico institucional y no fue acompañada por un relevamiento público que permita determinar cuántas dependencias se encuentran en esa situación. También reclamó una recomposición salarial para el personal judicial y consideró que el deterioro de los ingresos afecta el funcionamiento general del servicio de Justicia.
La eventual llegada de Zárate
Consultado sobre las versiones que señalan al ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zárate, como posible candidato a ocupar la Fiscalía General, Brizuela Montenegro evitó anticipar una posición institucional.
Indicó que Zárate cuenta con experiencia y antecedentes en distintos cargos de gestión, pero aclaró que el Consejo no emitirá un juicio de valor mientras no exista una designación formal.
El abogado sostuvo que la conducción del Ministerio Público Fiscal tiene un componente institucional y político, pero también una responsabilidad técnica determinante. El próximo fiscal general deberá encabezar las investigaciones penales dentro del sistema acusatorio, por lo que, a su criterio, el cargo exige experiencia y equilibrio entre la gestión y la formación jurídica.
La eventual postulación de Zárate no fue confirmada oficialmente. La definición tendrá especial importancia porque la Fiscalía General ocupará un lugar central en la puesta en marcha del nuevo modelo penal.
