La Justicia riojana atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La Legislatura aceptó las renuncias de Javier Vallejos, hasta entonces fiscal general, y de María Cecilia Córdoba, jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital. Aunque ambas dimisiones fueron atribuidas a razones personales, su coincidencia abrió una discusión que excede los nombres: quiénes conducirán áreas decisivas y con qué grado de independencia, experiencia y preparación.
El presidente del Consejo de Abogados de La Rioja, Francisco Brizuela Montenegro, advirtió en Radio Provincia que no se trata simplemente de cubrir las vacantes con rapidez. “Más allá de hacerlo rápido, hay que hacerlo bien”, sostuvo. El dirigente reclamó que prevalezcan la trayectoria profesional, la formación jurídica y la idoneidad.
Una reforma que aumenta el poder de los fiscales
La preocupación tiene una razón institucional. En el sistema vigente, los jueces de Instrucción intervienen en investigaciones penales y adoptan decisiones que pueden afectar la libertad de las personas. El fiscal general dirige el Ministerio Público Fiscal y fija criterios para los fiscales provinciales.
Ese poder aumentará con la reforma aprobada en mayo de 2025. El modelo acusatorio separa funciones: los fiscales conducirán las investigaciones y decidirán qué casos impulsar; los jueces controlarán la legalidad y resolverán en audiencias orales. La víctima tendrá un papel más activo.
La provincia inició capacitaciones con especialistas del INECIP y tomó como referencia la experiencia de Salta. La reforma promete mayor celeridad y transparencia, pero cambiar la ley no garantiza mejores resultados: hacen falta equipos, capacidad investigativa, información pública y autoridades capaces de resistir presiones políticas y sociales.
Los números y el desafío de la transparencia
El Tribunal Superior informó que durante 2025 ingresaron 21.442 causas y que se dictaron resoluciones sobre ese volumen y sobre 2.751 expedientes pendientes de 2024. La estructura comprende 1.187 empleados y 81 jueces en toda la provincia. Sin datos desagregados sobre duración, causas penales pendientes y calidad de las respuestas, sin embargo, la productividad no puede medirse sólo por la cantidad de resoluciones.
Los reemplazos siguen caminos diferentes. La Constitución dispone que el fiscal general sea designado por la Cámara de Diputados a propuesta del gobernador. Para la magistratura inferior interviene el Consejo de la Magistratura mediante concurso. Por eso, los antecedentes, criterios de selección y debates legislativos necesitan la mayor publicidad posible.
Las suplencias mantienen abiertos los despachos, pero no resuelven el problema de fondo. La Rioja está por entregar a sus fiscales una responsabilidad decisiva sobre homicidios, delitos sexuales, estafas y hechos de corrupción. La elección de las nuevas autoridades será la primera gran prueba: mostrará si la reforma se limita a los códigos o alcanza también la calidad y legitimidad de la Justicia.
