En una sesión cargada de tensión, el Senado argentino vivió un escándalo mayúsculo cuando el senador Pagotto (LLA) realizó modificaciones controversiales en un proyecto de ley que modifica el Código Penal en relación con la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales había convocado a la sesión para aprobar proyectos de ley presentados por los senadores Losada y Rodas. Sin embargo, durante la lectura del proyecto, el senador Pagotto introdujo cambios que alteraban significativamente el sentido de la norma original. En su versión, se incluía un párrafo que eximía de pena a los progenitores que entregaran a sus hijos en ciertas condiciones, lo que fue interpretado como una habilitación de la venta de niños.
El escándalo estalló cuando otros senadores se percataron de las modificaciones. El presidente de la Cámara, el senador Bartolomé Abdala, junto con otros legisladores, llamaron al orden a Pagotto y exigieron la lectura del texto original, que excluía de la exención de pena a aquellos con antecedentes relacionados con la sustracción y comercialización de menores.
A raíz de la presión, Pagotto procedió a leer el proyecto tal y como fue redactado y firmado por los miembros de la Comisión. Finalmente, el proyecto se aprobó por unanimidad, pero se decidió que la Comisión redactará un nuevo articulado para la próxima semana que no deje lugar a dudas sobre la imposibilidad de vender hijos.
El grupo Militamos Adopción, que sigue de cerca estos temas, advirtió sobre la circulación de una versión alterada del texto y alertó a los senadores para evitar que se legalizara la venta de menores. La rápida actuación de los legisladores y la presión pública evitaron este grave error, pero el grupo insiste en la necesidad de permanecer vigilantes.
«Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal; si no es legal, es apropiación», declararon desde Militamos Adopción.
El Senado continuará trabajando para asegurar que las leyes protejan adecuadamente a los menores de edad y evitar cualquier intento de legalizar prácticas inhumanas.
