En 2024, las transferencias discrecionales del Gobierno nacional a las provincias argentinas experimentaron una reducción del 75% en términos reales, marcando un giro en la gestión de los fondos federales bajo la presidencia de Javier Milei. Solo la Ciudad de Buenos Aires vio un incremento debido a una medida cautelar favorable.
El primer año de gobierno de Javier Milei estuvo caracterizado por una política de austeridad fiscal, evidenciada en la notable reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales cayeron un 75% en comparación con el año anterior. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estos fondos no automáticos, que no se rigen por un porcentaje de coparticipación ya prefijado, disminuyeron su contribución al PBI del 1% en 2023 al 0,3% en 2024, llegando a un monto devengado de $1,6 billones.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), gestionada por Jorge Macri, constituyó la excepción en este panorama de recortes. Gracias a una medida cautelar de la Corte Suprema, CABA recibió $652.810 millones, un 33,7% más en términos reales que el año anterior. Esta decisión judicial respondió a un reclamo por el recorte de coparticipación impuesto por la administración de Alberto Fernández.
Las provincias más afectadas por la reducción de fondos fueron La Rioja, La Pampa y Formosa, cuyas caídas superaron el 95%, destacándose en un contexto de tensiones políticas con el gobierno central. Estas provincias, gobernadas por mandatarios peronistas opositores, se enfrentan ahora al desafío de reajustar sus presupuestos en un escenario de recursos menguantes.
El grueso de las transferencias se concentró en áreas prioritarias como la gestión de hospitales nacionales y programas educativos y de salud. Sin embargo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a emergencias y desequilibrios financieros, se distribuyeron de manera muy limitada, con solo el 16,28% del fondo total asignado distribuido entre las provincias.
La política de Milei, enfocada en la reducción del déficit y el fortalecimiento de la autonomía fiscal provincial, reconfigura el mapa político y fiscal de Argentina, desafiando a las provincias a adaptarse a una nueva realidad de menor dependencia de los fondos nacionales. Este ajuste en las transferencias discrecionales podría tener repercusiones duraderas en la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, especialmente en un contexto de marcadas divisiones políticas.
