En un esfuerzo por avanzar en las reformas políticas, el Gobierno negociará con la oposición durante enero los temas a tratar en las sesiones extraordinarias, centrando la atención en la eliminación de las PASO y otras medidas clave.
Con la mayoría de los legisladores y funcionarios nacionales en periodo de vacaciones, el Gobierno argentino aprovechará el mes de enero para consolidar las negociaciones con la oposición respecto al temario de las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, con un enfoque prioritario en las reformas políticas necesarias para el país.
La Casa Rosada tiene el objetivo de que el Congreso trate solamente aquellos proyectos que cuenten con un consenso previo entre los distintos bloques políticos, incrementando así las posibilidades de aprobación. Las negociaciones están siendo lideradas por figuras claves del Poder Ejecutivo, incluidos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vice del Interior, Lisandro Catalán; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, con la colaboración de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Una de las reformas más significativas en discusión es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que inicialmente enfrentó resistencia por parte del PRO. Sin embargo, cambios recientes en la postura del partido indican una posible apertura a debatir y eventualmente respaldar la medida. Jorge Macri, referente del PRO, ya ha iniciado movimientos en la ciudad de Buenos Aires para modificar el sistema de PASO, aunque todavía no ha especificado si la propuesta será para eliminarlas de forma definitiva o simplemente suspenderlas durante este ciclo electoral.
Además de las PASO, el gobierno planea proponer un endurecimiento en los requisitos para la formación de partidos políticos y un aumento en los límites de financiamiento privado a las campañas, con el objetivo de reducir las maniobras opacas en la política de financiamiento.
Otro proyecto en la mesa es la iniciativa de Ficha Limpia, la cual busca impedir que personas condenadas por delitos graves puedan ocupar cargos públicos. Aunque esta propuesta no se considera una prioridad en este momento, podría ganar tracción si se llega a un amplio consenso.
Las negociaciones continuarán durante enero, y se espera que los resultados concretos de estos diálogos se vean reflejados en la última semana del mes y la primera de febrero, marcando un posible punto de inflexión en la política argentina de cara al próximo período legislativo.
