El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores llamó a una asamblea extraordinaria para el 4 de abril, luego de que el TSJ anulara la designación previa de su representante. Críticas por plazos ajustados y falta de transparencia.
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja emitió este viernes la Resolución 04/25, que convoca a elecciones urgentes para designar a su nuevo representante ante el Consejo de la Magistratura Provincial. La medida surge tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló la designación del Dr. José Nicolás Azcurra, elegido en un proceso cuestionado durante la gestión anterior.
La asamblea extraordinaria se realizará el viernes 4 de abril de 2025 en el Auditorio OSDE de la capital riojana (calle Adolfo E. Dávila N° 30), con sedes simultáneas en el interior provincial. Los matriculados elegirán mediante voto directo a un titular y un suplente, quienes integrarán el órgano encargado de seleccionar jueces y fiscales en la provincia.
Según el artículo 3° de la resolución, los candidatos podrán inscribirse hasta el miércoles 2 de abril vía correo electrónico o de forma presencial en la sede del Consejo. Además, se conformó un Tribunal Electoral integrado por los Dres. Horacio Delgado, Juan Domingo Ormeño y Viviana Rodríguez, quienes resolverán controversias en única instancia.
Cuestionamientos y urgencia
La decisión apunta a subsanar el vacío generado por el fallo judicial, que exhortó al Consejo a garantizar una elección acorde al artículo 178° de la Constitución Provincial, que exige el voto directo de los matriculados. No obstante, abogados consultados señalaron que los plazos reducidos (14 días para la convocatoria y 12 para inscripciones) podrían limitar la participación y transparencia del proceso.
Desde el Consejo, liderado por el Dr. Francisco Orlando Brizuela Montenegro, argumentaron que la urgencia responde a la necesidad de integrar rápidamente el Consejo de la Magistratura, actualmente en pleno concurso de magistrados. Sin embargo, persisten dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Electoral y la accesibilidad para profesionales del interior, pese a la habilitación de sedes alternativas.
La resolución establece que los candidatos deben presentarse físicamente en el auditorio el día de la elección, lo que generó preocupación por posibles exclusiones. Además, la publicación del llamado en el Boletín Oficial y un diario local por solo un día abre interrogantes sobre la difusión efectiva.
El proceso se enmarca en un contexto de tensiones institucionales, luego de que el TSJ ordenara en marzo reestructurar el Consejo de la Magistratura por irregularidades en su integración. La elección del 4 de abril buscará legitimar una pieza clave en la designación de jueces, aunque bajo la sombra de debates sobre garantías y celeridad.
