En un nuevo frente judicial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, demandó al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores por más de $8.8 millones de pesos. El juez ordenó la intimación de pago y un embargo sobre sus fondos y activos, lo que revela que la crisis financiera también afecta a las instituciones de la provincia.
Un nuevo frente legal y financiero se abrió en La Rioja, que ahora ve cómo las demandas de ejecución fiscal de la Justicia Federal se extienden más allá de las empresas estatales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, promovió una demanda de ejecución fiscal contra el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, por una suma de $8.815.954,46.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó el «mandamiento de intimación de pago» en contra del Consejo. Además, dispuso que, en caso de no pagarse la deuda, se trabe un embargo general sobre los fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo o cualquier otro activo financiero de la entidad, hasta cubrir la suma reclamada más el 15% para intereses y costas del juicio.
Esta demanda federal contra el Consejo de Abogados de la provincia es un claro reflejo de la profunda crisis financiera que atraviesa La Rioja. La situación se vuelve aún más crítica al saberse que la crisis no se limita a las empresas estatales, sino que también afecta a las instituciones de la provincia que, se presume, deberían ser autosuficientes. La demanda de la ARCA contra el Consejo de Abogados es una señal de que el gobierno nacional está extendiendo su presión al ámbito de las instituciones locales. La situación pone de manifiesto que la crisis financiera que vive La Rioja tiene una magnitud tal que hoy afecta a todas las esferas de la vida pública de la provincia.
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