Presuntas coimas en Discapacidad: la empresa Suizo Argentina no registra contratos públicos en La Rioja, aunque está inscripto como proveedor

Un informe de un colectivo periodístico federal detectó contratos por casi $54.000 millones de pesos con la empresa farmacéutica en al menos nueve provincias, pero no en el distrito riojano, pero está inscripto como proveedor. La falta de transparencia en las compras públicas impide conocer los datos de la mayoría de las provincias argentinas.

La droguería Suizo Argentina SA, que se vio envuelta en un escándalo de supuestas coimas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), firmó al menos 250 contratos entre 2024 y 2025 que le reportaron una facturación de casi $54.000 millones de pesos a nivel provincial.

La empresa tuvo operaciones en nueve provincias, como Buenos Aires, Catamarca y Mendoza, según un relevamiento de la Red Federal de Periodismo e Innovación, pero no se hallaron datos de contratos en La Rioja. Sin embargo, la empresa está aprobada como proveedor en la Dirección General de Sistemas de Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

El informe, que recopiló información de portales de compras públicas y boletines oficiales, reveló que la mayoría de los contratos se concretaron con Tierra del Fuego (92), aunque el monto más importante correspondió a la provincia de Buenos Aires, que le compró a la droguería por $34.000 millones. El resto de los distritos, incluida La Rioja, no presenta portales de compras públicas o no responde a los pedidos de acceso a la información, lo que hace imposible un relevamiento total.

La investigación se enmarca en la polémica que desató la filtración de audios que involucraron al expresidente de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en un presunto esquema de retornos del 8% de los contratos. La transparencia en la publicación de los procesos de compra y licitación es un pilar fundamental para evitar este tipo de maniobras, tal como destacó el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi. La opacidad de los datos públicos en la mayoría de las provincias argentinas dificulta el control y la rendición de cuentas de las gestiones gubernamentales.