El empresario y abogado Alejandro Cruz Antúnez denunció una persecución política en su contra y aseguró que su negocio, «El Ciervo», se ve obligado a cerrar. Antúnez, que se define como libertario, culpó al Municipio por el acoso, y lo acusó de dejarlo sin permisos para trabajar.
El empresario y abogado Alejandro Antúnez, dueño de la confitería «El Ciervo», denunció que es víctima de una «persecución constante desde hace más de un año». El letrado acusó que la persecución se debe a su condición de libertario y que los ataques comenzaron apenas abrió su negocio. “Me persiguieron de todos los tipos de forma”, afirmó.
Antúnez detalló la situación. A pesar de contar con un contrato de exclusividad por cinco años con el Club Social para la gastronomía y la cafetería, el Municipio le revocó los permisos de habilitación comercial hace cuatro meses. La situación se agravó cuando el Club Social le alquiló el mismo espacio a la empresa Habana, lo que el abogado considera ilegal.
Antúnez denunció una supuesta intervención municipal en sus permisos. Afirmó que «un tal señor Sánchez» junto a tres inspectores revisaron «hasta los calzoncillos» en su local antes de Semana Santa. El municipio lo intimó a desalojar la mitad de la vereda en un plazo de 48 horas.
A pesar de que la justicia local le otorgó una medida cautelar para proteger sus derechos, Antúnez anunció que se verá obligado a cerrar su negocio. El empresario lamentó que su emprendimiento, que empleó a más de 50 personas, deba cerrar por la persecución.
En sus declaraciones, Antúnez también apuntó a una situación más amplia. Sostuvo que ningún empresario invertirá en La Rioja si no «arregla con el Estado» y acusó al Municipio y al gobierno provincial de buscar la destrucción de su negocio.
