Alejandro Cruz Antúnez, dueño del bar “El Ciervo”, negó las acusaciones de incumplimiento contractual. Aseguró que la disputa es un intento por desplazarlo y que la Justicia provincial dictó una medida cautelar que frena el desalojo.
El empresario Alejandro Cruz Antúnez, propietario del bar “El Ciervo”, rompió el silencio tras la difusión de un video de la comisión directiva del Club Social que solicitaba la rescisión de su contrato. Antúnez rechazó las acusaciones de incumplimiento y denunció una «persecución política» en su contra.
El empresario aseguró que su contrato, firmado en 2020, está vigente hasta 2025 con cláusula de renovación automática. «Cumplí con todas las obligaciones, pagué alquileres, actualizaciones y hasta multas municipales cuando correspondió», afirmó. Rechazó además las acusaciones sobre irregularidades y eventos no habilitados, presentando documentación de que todas sus fiestas fueron autorizadas y generaron ingresos para la municipalidad en concepto de impuestos.
Para Antúnez, el conflicto excede lo contractual y tiene un trasfondo político. Explicó que la «persecución» comenzó cuando un empresario ligado al poder quiso instalar un local gastronómico similar en el mismo lugar, a pesar de que él tiene exclusividad por contrato. Antúnez, quien se identifica con las ideas de La Libertad Avanza, vinculó la situación a su militancia política, afirmando que es un intento por «disciplinarlo políticamente».
El empresario informó que la justicia provincial dictó una medida cautelar que impide al Club Social y al municipio modificar las condiciones de uso de los espacios que tiene arrendados hasta que se resuelva el conflicto de fondo. «Hay una medida vigente y debe respetarse», concluyó.
