Milei firmó el decreto: La Rioja recibirá un anticipo financiero de hasta 400 mil millones de pesos junto a otras once provincias

El presidente Javier Milei rubricó el instrumento legal que habilita a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a otorgar anticipos financieros reintegrables dentro del ejercicio fiscal 2026 a doce provincias, entre las que figura La Rioja. El decreto, gestionado por Martín Menem ante Karina Milei y Luis Caputo, es el mayor alivio financiero que recibirá la única provincia del país en situación de default desde que comenzó la administración libertaria. Pero los fondos no son gratuitos: deben devolverse antes de que termine el año, y llegan en medio de las exigencias nacionales de transparencia, boleta única y adhesión al RIGI.

El decreto tiene fecha, tiene firma presidencial y tiene el nombre de La Rioja en su texto. Después de semanas de negociaciones, de acusaciones cruzadas, de frases incendiarias y de gestiones en los despachos más poderosos de la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei formalizó lo que hasta ahora era solo una promesa verbal: La Rioja recibirá un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos, reintegrable dentro del ejercicio fiscal 2026, a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

El instrumento legal, firmado por el Presidente, incluye a doce provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán. Una geografía que abarca desde el norte profundo hasta la Patagonia y que retrata con precisión el mapa de los distritos que más duramente están sintiendo el impacto del ajuste sobre las finanzas provinciales.

Lo que dice el decreto y lo que significa

El texto es técnico pero su contenido político es explosivo. La Secretaría de Hacienda queda habilitada para girar a cada una de las provincias enumeradas hasta 400.000 millones de pesos en concepto de anticipo financiero. El mecanismo es preciso: no se trata de una transferencia discrecional, no es un subsidio político ni una condonación de deuda. Es un adelanto que cada provincia debe reintegrar antes de que termine 2026.

Para La Rioja, que arrastra una crisis fiscal que la convirtió en la única provincia del país en situación de default, la distinción entre anticipo y subsidio tiene una importancia que va más allá de lo contable. Recibir un anticipo implica reconocer que hay capacidad de devolución, que el Estado provincial tiene perspectiva de ingresos futuros que permiten afrontar el reintegro. Es, en los hechos, una forma de salir transitoriamente del abismo sin resolver el problema estructural que llevó hasta él.

El problema estructural sigue siendo el mismo: La Rioja reclama al Estado nacional una deuda histórica de coparticipación que el quintelismo estima en 1.300 millones de dólares, acumulada desde 1988 cuando la provincia perdió un punto de coparticipación federal que nunca recuperó formalmente. El anticipo del decreto no toca esa deuda. La rodea, la aliviana temporalmente, pero no la salda.

La gestión que hizo posible el decreto

El nombre que aparece detrás de la inclusión de La Rioja en la lista es el de Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados, candidato natural de La Libertad Avanza para disputar la gobernación riojana en 2027, gestionó la asistencia en una cadena de contactos que involucró al ministro de Economía Luis Caputo y a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la figura con mayor influencia sobre el Presidente en la toma de decisiones políticas del Ejecutivo nacional.

La paradoja que esa gestión encierra no escapa a nadie en la política riojana. El hombre que acusó públicamente al gobierno de Quintela de manejar «cajas negras» y de que «nadie sabe qué pasó con la plata», el mismo que afirmó que «La Rioja necesita que alguien vaya preso», es quien logró que la provincia figure en el decreto que le permite recibir el anticipo financiero que necesita para pagar sueldos. Menem gestiona y acusa en el mismo movimiento, acumulando capital político en ambas direcciones simultáneamente.

Para Quintela, recibir este resultado implica una incomodidad difícil de disimular. El gobernador que prometió arrodillarse solo ante su madre y ante Dios, que construyó su perfil político sobre la resistencia al poder central, que viajó a Tierra del Fuego con el Chacho Peñaloza como bandera simbólica, obtiene el alivio financiero que necesitaba gracias a la gestión de su principal adversario político ante el gobierno que más duramente ha cuestionado. Es una deuda política que no figura en ningún decreto pero que en La Rioja todos saben que existe.

Las doce provincias y lo que las une

La lista del decreto no fue armada al azar. Las doce provincias incluidas comparten un perfil que el ajuste del Gobierno nacional golpeó con particular intensidad: alta dependencia de los recursos coparticipables, estructuras de empleo público que representan una porción significativa de la economía local y escasa capacidad de generación de recursos propios que compensen la caída de las transferencias nacionales.

Chaco, Corrientes, Misiones y Salta representan el norte profundo, donde la pobreza estructural convierte cada recorte de transferencias en una crisis humanitaria inmediata. Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego son las provincias patagónicas cuyas economías dependen de sectores que el ajuste golpeó de manera diferencial —el petróleo, la pesca, la industria electrónica fueguina. Catamarca y Tucumán completan el mapa del NOA. Mendoza es la única provincia del grupo con una economía diversificada y una estructura fiscal relativamente más sólida, lo que indica que la crisis fiscal de las provincias no respeta fronteras ideológicas ni perfiles productivos.

La presencia de Tierra del Fuego en la lista tiene una resonancia especial después de los actos del 2 de Abril que reunieron en Río Grande y Ushuaia a Kicillof, Quintela y una delegación de más de diez diputados nacionales. El gobernador Melella, que enfrenta su momento político más difícil con los tres intendentes de la isla en su contra y la intervención del puerto de Ushuaia como herida abierta, también aparece en el decreto como destinatario del anticipo. Las provincias que se reunieron bajo la bandera de Malvinas reciben juntas, días después, el mismo instrumento de alivio financiero.

El contexto que el decreto no resuelve

El anticipo llega, pero los problemas de fondo permanecen. Para La Rioja, la coparticipación de marzo llegó entre un 10 y un 15% más baja en términos reales respecto del año anterior. La brecha con Catamarca —que recibió 30.000 millones de pesos más de coparticipación pese a tener un perfil similar— sigue sin explicación que el gobierno nacional haya querido dar oficialmente. La deuda histórica de coparticipación sigue sin aparecer en el Presupuesto 2026. Y las condiciones que el Gobierno nacional puso sobre la mesa —transparencia en el uso de los fondos, adopción de la boleta única de papel y adhesión al RIGI— siguen pendientes de respuesta formal por parte de la Gobernación riojana.

El jefe de Gabinete Juan Luna Corzo había advertido semanas atrás que los ingresos provinciales alcanzaban apenas para cubrir el pago de salarios. Con el anticipo del decreto, ese margen se amplía transitoriamente. Pero el reintegro deberá producirse antes de que termine el año, lo que significa que La Rioja estará devolviendo fondos en el segundo semestre de 2026 en un contexto fiscal que, salvo que la negociación por la deuda histórica dé resultados concretos, no habrá mejorado sustancialmente.

El mapa político que el decreto dibuja

Más allá de los números, lo que el decreto firmado por Milei deja en evidencia es que el Gobierno nacional no está dispuesto a dejar caer a las provincias opositoras antes del año electoral, pero tampoco está dispuesto a rescatarlas sin condiciones. La inclusión de La Rioja en la lista —junto a distritos gobernados por el peronismo, por radicales y por aliados del propio oficialismo— indica que la lógica del decreto es fiscal antes que ideológica: el Gobierno no puede permitirse el costo político de una crisis en cadena en doce provincias simultáneamente.

Pero las condiciones que acompañan la negociación —transparencia, boleta única, RIGI— son inequívocamente ideológicas. Son la agenda libertaria aplicada a la negociación provincial, el precio político que el Gobierno le pone a cada peso que transfiere.

Quintela tiene ahora el decreto. Tiene el anticipo. Tiene el alivio transitorio que necesitaba para pagar sueldos y evitar el colapso operativo del Estado provincial. Lo que no tiene, todavía, es la respuesta a las condiciones que la Nación le impuso. Y esa respuesta, cuando llegue, dirá más sobre el rumbo político de La Rioja de cara a 2027 que cualquier discurso que el gobernador haya pronunciado en los últimos meses.

El decreto está firmado. Ahora empieza la parte difícil.