El Gobierno nacional pone precio a la asistencia financiera de La Rioja: exige transparencia, boleta única y adhesión al RIGI como condiciones del decreto

Por gestión de Martín Menem, La Rioja quedó incluida en la lista de provincias que pueden ser asistidas financieramente mediante un decreto que está a punto de firmarse. Pero la Casa Rosada no regala nada: las condiciones que impone al gobierno de Quintela son un paquete político de alto voltaje que toca tres nervios simultáneos — la rendición de cuentas, la reforma electoral y el modelo de inversiones que el peronismo federal rechazó en el Congreso. La negociación llegó al momento de la verdad.

La asistencia financiera que La Rioja necesita con urgencia está a un decreto de distancia. Pero ese decreto tiene letra chica, y esa letra chica es un problema político de primer orden para el gobernador Ricardo Quintela.

El Gobierno nacional confirmó que, por gestión del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem —quien semanas atrás dialogó con el ministro de Economía Luis Caputo y con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei—, La Rioja quedó incluida en la lista de provincias que podrán ser asistidas financieramente a través de un decreto que está por firmarse. El instrumento legal formalizará lo que hasta ahora fue una promesa verbal: el envío de recursos que permitan a la provincia afrontar el pago de salarios en el marco de la crisis fiscal más aguda que atraviesa desde que Quintela asumió su segunda gestión.

Pero la Casa Rosada no entrega sin condiciones. Y las que exige esta vez no son meramente administrativas. Son políticas, estructurales y deliberadamente incómodas para un gobernador que construyó su perfil sobre la confrontación con el modelo libertario.

Las tres condiciones que cambian todo

El paquete de exigencias que el Gobierno nacional impone como contrapartida de la asistencia financiera tiene tres componentes que, tomados en conjunto, configuran una agenda que el quintelismo nunca hubiera aceptado negociar en una mesa de igual a igual.

El primero es transparencia en el uso de los recursos provinciales. La condición no llega en el vacío: llega después de que el propio Menem afirmara públicamente que en La Rioja «solo la mitad del dinero va para sueldos» y que «la otra mitad va en gastos de funcionamiento donde aparecen las cajas negras de la política». La exigencia de transparencia es, en los hechos, una forma de institucionalizar la acusación: el Gobierno nacional le dice a Quintela que si quiere los fondos, debe abrir los libros.

El segundo es la adopción de la boleta única de papel. La reforma electoral que el oficialismo nacional viene impulsando como parte de su agenda de modernización política —y que el peronismo resistió con dureza en el Congreso— aparece ahora como condición de acceso a la asistencia financiera provincial. Para un gobierno que depende de su capacidad de movilización electoral y que construye sus ventajas de aparato sobre el sistema de boleta sábana, adoptar la boleta única es mucho más que un cambio de formato de votación: es una amenaza directa a los mecanismos que le permitieron ganar por 782 votos en las últimas elecciones legislativas.

El tercero es la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI. El instrumento, aprobado en el marco de la Ley Bases que el peronismo federal combatió con todas sus fuerzas parlamentarias, ofrece condiciones especiales —fiscales, cambiarias y regulatorias— a inversiones de gran escala en sectores estratégicos. Para La Rioja, con su potencial minero en litio y su infraestructura energética en el Parque Eólico Arauco, la adhesión al RIGI podría atraer inversiones que la provincia necesita con urgencia. Pero adoptarlo implica abrazar el modelo económico que Quintela viene denunciando como un ataque a la soberanía nacional.

El Menem que gestiona y el Menem que condiciona

La figura que atraviesa toda esta negociación es la del presidente de la Cámara de Diputados. Menem fue quien consiguió que La Rioja esté en el decreto. Menem fue también quien puso sobre la mesa pública las acusaciones de opacidad en el manejo de fondos provinciales. Y Menem es quien, al obtener la inclusión de La Rioja en la lista de provincias asistidas, aparece ante la opinión pública riojana como el hombre que resolvió lo que el gobierno de Quintela no pudo resolver solo.

La arquitectura política de la maniobra es impecable desde la perspectiva libertaria. Si Quintela acepta las tres condiciones —transparencia, boleta única y RIGI—, habrá adoptado puntos centrales de la agenda de Milei justo antes del año electoral, legitimando al mismo tiempo las acusaciones de Menem sobre la falta de rendición de cuentas. Si las rechaza, será él quien voluntariamente renuncie a la asistencia financiera que su provincia necesita para pagar sueldos, cargando con las consecuencias políticas de esa decisión ante los propios riojanos.

No hay salida cómoda. Solo hay niveles distintos de incomodidad.

Lo que Quintela prometió y lo que ahora enfrenta

El gobernador construyó en los últimos meses un relato de resistencia que tiene en pocas frases su columna vertebral. «Me arrodillo únicamente ante mi madre y ante Dios», dijo semanas atrás en un acto judicial que se convirtió en su declaración política más reproducida. «No vamos a bajar nuestras convicciones por dos pesos con cincuenta», repitió cuando la negociación por fondos empezó a mostrar sus primeras condiciones.

Ahora las condiciones son tres, tienen nombre y apellido, y están escritas en un decreto que está por firmarse. La pregunta que La Rioja se hace esta semana es si las convicciones de Quintela tienen precio, y si ese precio se llama transparencia, boleta única y RIGI.

El gobernador que viajó a Tierra del Fuego con el Chacho Peñaloza como bandera simbólica, que llevó el cuadro del Grito de Guaja hasta Paraná como mensaje federal, que prometió resistir el avance del poder central sobre las instituciones provinciales, deberá decidir en los próximos días si esas convicciones sobreviven al contacto con la realidad de una provincia que no puede pagar sueldos sin ayuda de la Nación.

El federalismo como límite y como trampa

Hay una ironía profunda en la situación que enfrenta La Rioja. La provincia que más duramente denunció el centralismo porteño, que más sistemáticamente apeló a la tradición federal como argumento político, que más veces invocó al Chacho Peñaloza como antecedente histórico de su resistencia, está hoy en la posición de tener que aceptar condiciones dictadas desde Buenos Aires para poder funcionar como Estado.

El federalismo que Quintela predica en los discursos choca contra el federalismo fiscal que la realidad impone: una provincia que genera pocos recursos propios, que depende en gran medida de la coparticipación nacional y que llegó al default precisamente porque esa coparticipación no alcanza, no tiene la misma autonomía que proclama cuando negocia con quien le cierra o le abre la canilla de los fondos.

El Gobierno de Milei lo sabe. Y el decreto que está por firmarse es la demostración más concreta de que lo sabe.

La Rioja en el decreto: el dato que importa

Por encima de las condiciones, el hecho político más relevante de las últimas horas es que La Rioja está en la lista. Eso significa que la puerta no está cerrada, que la negociación sigue abierta y que el Gobierno nacional, pese a toda la confrontación retórica de los últimos meses, eligió no dejar caer a la provincia más combativa del peronismo federal sin al menos intentar que acepte sus condiciones.

Esa decisión también tiene lógica electoral. Un colapso provincial sin negociación previa generaría una crisis humanitaria —sueldos impagos, servicios caídos, economía local paralizada— cuya responsabilidad política sería imposible de esquivar para quien gobierna el país. Incluir a La Rioja en el decreto y ofrecerle condiciones es, también, una forma de protegerse: si Quintela rechaza, el costo político de las consecuencias recae sobre él.

El decreto está por firmarse. Las condiciones están sobre la mesa. Y Quintela, que prometió arrodillarse solo ante su madre y ante Dios, tiene que decidir si la nómina salarial de los trabajadores estatales riojanos amerita una excepción.

En política, como en la historia del Chacho Peñaloza, las batallas más difíciles no son las que se dan en el campo abierto. Son las que se libran cuando el enemigo te ofrece algo que necesitás y te pide algo que prometiste no dar.