El concejal Julio César Pedroza reclamó una respuesta conjunta de la Justicia Federal, Gendarmería, las policías provincial y federal, el Gobierno riojano y los municipios frente al avance de la venta de drogas en Chilecito.
“El narcotráfico está en Chilecito, es zona roja y hay que trabajarlo rápidamente”, sostuvo. Su diagnóstico tiene antecedentes. En 2023, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena definió al departamento como una “zona caliente” y advirtió sobre el crecimiento de la comercialización mediante redes sociales. En julio de 2025 informó que unas 40 personas estaban detenidas por causas de drogas en La Rioja, aunque luego precisó que el fenómeno predominante era el narcomenudeo, no la actividad de grandes organizaciones.
Allanamientos y decomisos
Durante 2025 se realizaron nueve allanamientos —siete en Chilecito— que dejaron seis detenidos y permitieron secuestrar más de medio kilo de cocaína, marihuana, vehículos y teléfonos. En julio de 2026, tres procedimientos en Vichigasta detectaron elementos vinculados con la venta de drogas. En agosto, otra investigación sobre envíos de marihuana hacia Chilecito terminó con tres detenidos; una causa paralela dejó cuatro personas sujetas al proceso. También se informó el decomiso de alrededor de 150 kilos de marihuana en una pesquisa con sospechosos procedentes de Tucumán.
El debate sobre el cannabis
Pedroza propuso derogar la legislación sobre cannabis, a la que vinculó con los cultivos encontrados en allanamientos. La Ley provincial 10.005, sin embargo, regula la investigación y el uso medicinal y adhiere a la Ley nacional 27.350. Una derogación provincial no eliminaría por sí sola el régimen nacional.
El edil afirmó además que de las plantas de cannabis “sale la cocaína”. La relación es científicamente incorrecta: la cocaína se obtiene de las hojas de coca; cannabis y coca son especies diferentes. Tampoco hay un registro público que permita comprobar su afirmación sobre veinte allanamientos consecutivos con resultado positivo.
Cárceles, tratamiento y límites legales
Ante la falta de plazas, Pedroza sugirió utilizar el Batallón 141 y el CELPA de Chamical para alojar detenidos y crear espacios de recuperación. La iniciativa requeriría intervención nacional, habilitación penitenciaria y controles específicos: un convenio judicial no sería suficiente. Ambos lugares, además, están ligados a la memoria de centros clandestinos de detención de la última dictadura.
Los operativos respaldan la preocupación, pero el problema obliga a separar tres planos: persecución penal de quienes comercializan drogas, prevención de consumos y tratamiento sanitario de las adicciones. El propio Piedrabuena advirtió que las detenciones, por sí solas, no terminan con el fenómeno.
