En 48 horas de vértigo político, la provincia en default logró ser incluida en la lista de distritos que recibirán asistencia nacional —una grilla y media salarial en concepto de adelanto de coparticipación federal— después de que el presidente de la Cámara de Diputados dialogara con el ministro de Economía Luis Caputo, con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y con el secretario de la Gobernación riojana Ricardo Herrera. Pero Martín Menem cobró el gesto con una moneda que nadie esperaba: acusó a la administración Quintela de manejar «cajas negras», cuestionó el destino de los fondos provinciales y afirmó que alguien debe ir preso. La guerra llegó al corazón mismo de la negociación.
Pocas veces en la política argentina reciente una buena noticia y una acusación de corrupción llegaron envueltas en el mismo paquete y en el mismo lapso de 48 horas. Eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana en La Rioja, donde el alivio financiero que tanto necesitaba la provincia vino acompañado de la denuncia más grave que se le ha formulado al gobierno de Ricardo Quintela desde que asumió su segunda gestión.
El jueves, Martín Menem dijo que «La Rioja necesita que alguien vaya preso» y que «es un escándalo lo que está pasando». El viernes, el presidente Javier Milei autorizó que la provincia sea incluida en la lista de distritos que recibirán asistencia financiera de la Nación. El mismo hombre que formuló la denuncia fue el que gestionó el socorro. Y esa combinación explosiva —ayuda más acusación en la misma mano— define con precisión brutal la estrategia política que Menem está desplegando de cara a 2027.
Las 48 horas que cambiaron el mapa
La secuencia de los hechos merece ser reconstruida con cuidado porque cada eslabón tiene su peso. El jueves, Menem activó una cadena de gestiones que involucró a los dos nombres más poderosos del Ejecutivo nacional en materia de recursos y decisión política. Primero dialogó con el ministro de Economía Luis Caputo, el hombre que maneja los números y las transferencias. Luego llegó al despacho que en el esquema de poder libertario tiene tanto o más peso que el propio Ministerio: el de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en la toma de decisiones del Ejecutivo nacional.
Que Menem haya necesitado pasar por Karina antes de obtener la autorización presidencial dice mucho sobre cómo funciona el poder en la Casa Rosada de Milei. No alcanzó con convencer al ministro de Economía. Fue necesario el aval de quien más influye sobre el Presidente. Solo después de esa doble gestión, Menem habló con el secretario general de la Gobernación riojana, Ricardo Herrera, cerrando así el circuito que derivó en la autorización presidencial.
El viernes, Milei autorizó que La Rioja sea incluida en la grilla de provincias asistidas financieramente —una docena de distritos en total— y habilitó el envío de una grilla y media salarial en concepto de adelanto de coparticipación federal. El mecanismo es técnicamente preciso: no se trata de una transferencia discrecional ni de un subsidio político, sino de fondos que en rigor le corresponden a la provincia por el esquema de distribución federal, pero que el Gobierno nacional adelanta ante la imposibilidad de la administración provincial de afrontar el pago de sueldos con los recursos disponibles.
Sin embargo, la condición impuesta por la Nación pone a Quintela ante una incomodidad que va más allá de lo financiero: la Gobernación debe presentar previamente una nota formal de pedido. Es decir, el gobierno que lleva meses denunciando el «ataque» del Estado central a las provincias debe ahora solicitar por escrito el auxilio de ese mismo Estado. Una pequeña rendición simbólica que el Ejecutivo nacional parece haber exigido con conciencia plena de su significado político.
El peso político de Karina en la ecuación riojana
La inclusión de Karina Milei en la cadena de gestiones no es un dato burocrático. Es una señal política de primer orden que redefine el mapa de poder en torno a la crisis riojana.
En el esquema del Gobierno nacional, Karina Milei no es solo la hermana del Presidente. Es la arquitecta del armado político de La Libertad Avanza, la responsable de las listas, la que decide quién entra y quién queda afuera del proyecto libertario en cada distrito del país. Su intervención en una negociación que involucra fondos para una provincia gobernada por el peronismo más combativo del país sugiere que la decisión de asistir a La Rioja no fue tomada únicamente en clave técnica o humanitaria, sino también en clave electoral.
La Rioja es el segundo distrito prioritario de LLA para 2027, después de la provincia de Buenos Aires. Karina Milei sabe mejor que nadie que si la provincia colapsa antes de las elecciones —si los sueldos no se pagan, si los servicios se caen, si la crisis se hace visible en la calle— el costo político de ese colapso caerá sobre quien gobierna el país, no sobre quien gobierna la provincia. Asistir a La Rioja en este momento con un adelanto de coparticipación —con condiciones, con exigencias de transparencia, con una nota de pedido que obliga a Quintela a reconocer que necesita ayuda— es también una forma de administrar el riesgo electoral de 2027.
Que haya sido Menem quien gestionó ante ella refuerza la lectura: el diputado riojano está operando como el enlace entre su provincia y el núcleo duro del poder libertario, acumulando capital político en ambos frentes simultáneamente. Puede decirle a los riojanos que consiguió los recursos. Y puede decirle al poder central que fue él quien puso orden en la negociación.
La bomba de Menem: «cajas negras» y la amenaza de la cárcel
Pero el elemento que transformó una negociación técnica en un conflicto político de primera magnitud fueron las declaraciones que Menem hizo el jueves, antes de que se cerrara el acuerdo. El presidente de la Cámara de Diputados no se limitó a gestionar el adelanto de coparticipación: aprovechó el momento para lanzar la acusación más grave que se le ha formulado públicamente al gobierno provincial en años.
«La Rioja necesita que alguien vaya preso», afirmó, y calificó la situación de «escándalo». El argumento que desarrolló a continuación fue específico y devastador: de los fondos que recibe la provincia —incluidos los de coparticipación federal— sostuvo que «solo la mitad del dinero va para sueldos», mientras que «la otra mitad va en gastos de funcionamiento y ahí aparecen las cajas negras de la política». El remate fue una frase que en cualquier contexto judicial sonaría a denuncia formal: «Nadie sabe qué pasó con la plata.»
La acusación adquiere una dimensión adicional cuando se la lee en el contexto del adelanto gestionado. Si la provincia recibe fondos de coparticipación que legítimamente le corresponden, y aun así no puede pagar sueldos porque la otra mitad de los recursos se esfuma en gastos de funcionamiento opacos, entonces el problema no es solo la Nación que retiene fondos: es también una administración provincial que no puede justificar el destino de lo que recibe. Esa es exactamente la lectura que Menem quiere instalar, y lo hace en el mismo momento en que actúa como gestor del alivio financiero.
«Tenemos que saber qué hacen con la plata», concluyó, en una frase que en el escenario político riojano suena a ultimátum y que, implícitamente, le pone condiciones políticas al adelanto que él mismo acaba de gestionar.
El dato que encendió la alarma: la brecha con Catamarca
Mientras Menem acusaba y negociaba, el jefe de Gabinete Juan Luna Corzo ponía en contexto la urgencia del auxilio con números que explican por qué la situación no podía esperar. La coparticipación de marzo llegó entre un 10 y un 15% más baja en términos reales respecto del año anterior. Y el dato más estridente fue la comparación con la provincia vecina: mientras La Rioja percibió alrededor de 90 mil millones de pesos, Catamarca recibió más de 120 mil millones, una diferencia de 30 mil millones que Luna Corzo exhibió como evidencia de la desigualdad estructural en la distribución de fondos federales.
Con esos ingresos, la provincia apenas alcanza para cubrir el pago de salarios. No sobra nada para obra pública, servicios ni inversión. Es precisamente esa situación límite la que convierte al adelanto de coparticipación gestionado por Menem en algo más que un alivio transitorio: es el oxígeno que la provincia necesita para llegar a fin de mes, y su gestión exitosa le da al diputado riojano un argumento de peso que ninguna declaración política puede igualar. Consiguió lo concreto cuando nadie más podía.
Quintela responde: «No vamos a bajar nuestras convicciones por dos pesos con cincuenta»
La respuesta del gobernador no se hizo esperar. Quintela dejó en claro que la provincia no aceptará acuerdos que impliquen resignar sus reclamos históricos —la deuda acumulada en concepto de coparticipación que el quintelismo estima en 1.300 millones de dólares— a cambio de montos que considera insuficientes, y lo hizo con la frase que ya se convirtió en su marca registrada de esta etapa: «No vamos a bajar nuestras convicciones por dos pesos con cincuenta.»
La declaración tiene una doble lectura inevitable. Por un lado, es un mensaje hacia adentro: el gobernador les dice a su militancia y a su gabinete que el adelanto de coparticipación obtenido esta semana no implica ninguna renuncia al reclamo de fondo. Por otro, es una advertencia hacia afuera: que la nota de pedido que la Nación exige como condición de la transferencia es un trámite administrativo, no una capitulación política.
El problema es que la realidad financiera de la provincia no siempre permite el lujo de las convicciones. Con una coparticipación que cayó entre un 10 y un 15% en términos reales, con los ingresos alcanzando apenas para cubrir salarios y con la única salida posible pasando por la misma Casa Rosada que el gobernador acusa de atacar las instituciones provinciales, el margen de maniobra real de Quintela es mucho más estrecho que sus declaraciones públicas sugieren.
La trampa de la asistencia: quién se lleva el crédito político
Uno de los elementos más sofisticados de esta situación es la disputa por la narrativa del socorro. El gobierno de Quintela querrá presentar el adelanto de coparticipación como una conquista de su gestión negociadora, el resultado lógico de años de reclamo legítimo que finalmente el Estado nacional debió reconocer. El menemismo, en cambio, lo instalará como una demostración de que el diputado riojano con más poder en el Congreso —y con llegada directa a Karina Milei y a Caputo— usó ese poder para defender a su provincia cuando más lo necesitaba.
La paradoja es irónica y políticamente brutal: La Rioja recibe un adelanto de fondos que técnicamente le corresponden por coparticipación federal, gestionado por el hombre que quiere sacarle la gobernación al peronismo en 2027, obtenido ante la hermana del presidente al que el gobernador acusa de destruir las instituciones provinciales. En ese triángulo de tensiones se juega hoy buena parte del futuro político de la provincia.
Martín Menem gestionó la asistencia y al mismo tiempo acusó de corrupción. Si la acusación prospera, habrá destruido la credibilidad del gobierno provincial antes de la campaña. Si no prospera, habrá quedado como quien lanzó una denuncia sin sustento en el peor momento posible. Es un juego de altísimo riesgo. Pero Menem, que esta semana demostró que tiene llegada al ministro de Economía, a la secretaria general de la Presidencia y al propio Milei, parece haber calculado que en La Rioja, a esta altura, demostrar poder concreto vale más que cualquier declaración de principios.
Lo que esta semana quedó expuesto es que la crisis riojana ya no es solo una crisis financiera. Es el primer acto de la campaña de 2027. Y por ahora, Martín Menem lleva ventaja en la disputa por el relato.
