Un análisis de las finanzas riojanas entre 2019 y 2024 revela que la provincia forzó una caída del 27%$ en el gasto medio por empleado administrativo. Esta drástica reducción del poder adquisitivo del empleado estatal es la única vía de financiamiento, ya que los ingresos tributarios nacionales están virtualmente estancados.
La licuación salarial como estrategia fiscal
El gobierno de La Rioja ha ejecutado un ajuste silencioso pero profundo en el gasto de su principal componente: el Personal Administrativo. Según el informe económico ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el gasto promedio por agente tuvo una caída real de más de un cuarto de su valor en cinco años:
- 2019: El gasto promedio por empleado administrativo era de $1.061.795,41.
- 2024: El valor real cayó a $773.407,88.
Esta reducción real del 27% implica una disminución directa en el poder adquisitivo o la composición salarial de los empleados públicos, en un distrito donde el empleo estatal es vital para la economía.
Ingresos nacionales: estancamiento y dependencia
La necesidad de un ajuste tan drástico en el gasto de personal se explica por la incapacidad de la principal fuente de financiamiento provincial —los ingresos tributarios nacionales (principalmente coparticipación)— para crecer en términos reales.
En el mismo período, estos ingresos pasaron de $818.713,94 en 2019 a $822.190,72 en 2024, lo que representa un aumento real marginal de solo el 0,4%.
Dado que los ingresos nacionales están casi «inamovibles» en términos de poder de compra, la reducción del gasto salarial se convierte en el mecanismo fundamental para que la provincia evite un déficit mayor.
La brecha entre el menor gasto en sueldos y los ingresos tributarios casi inamovibles abre un debate sobre si esta baja salarial es un aumento de la eficiencia administrativa o, simplemente, una licuación del salario que afecta directamente al trabajador.
