Los expedientes judiciales registraron nuevos movimientos en febrero de 2026 y ya se encuentran a despacho en la Vocalía N° 3 del máximo tribunal. La Secretaría de Transporte exige la restitución de dinero transferido en 2021 para obras en Chepes y Chamical, acusando a la provincia de enriquecimiento sin causa.
El reclamo judicial del Estado Nacional contra la Provincia de La Rioja por el cobro de sumas de dinero avanza con firmeza en los tribunales. Las demandas, impulsadas por la Secretaría de Transporte y registradas bajo los expedientes CSJ 1079/2025 y CSJ 1098/2025, han registrado actividad procesal reciente: de acuerdo con el sistema informático de la Justicia, durante el mes de febrero de 2026 ambas causas pasaron a despacho y fueron recibidas por la Vocalía N° 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este impulso a los expedientes se consolida luego de que la Procuración General de la Nación dictaminara a mediados de 2025 que, por estar enfrentados el Estado Nacional y una provincia, la resolución del conflicto es de competencia originaria y exclusiva del máximo tribunal.
El caso de la terminal de Chepes
En el expediente CSJ 1079/2025, el Gobierno exige que La Rioja restituya $88.526.392,94, más los intereses derivados de la depreciación monetaria. Este monto fue transferido como un primer desembolso en noviembre de 2021 para la obra «Implantación de la nueva terminal de ómnibus de Chepes». La demanda detalla que la rendición de cuentas de la provincia fue rechazada por la autoridad de aplicación debido a que no se logró acreditar un porcentaje de avance de obra razonable ni un uso eficiente de los fondos.
Irregularidades en la terminal de Chamical
Por su parte, la causa CSJ 1098/2025 persigue el cobro de $37.934.203,36. El dinero fue girado tras un convenio de septiembre de 2021 destinado a la «Refacción de La Terminal de Ómnibus de Chamical». En este caso, el rechazo a la rendición de fondos fue aún más categórico: se verificó que la jurisdicción provincial cambió el proyecto de manera «inconsulta y unilateral», y que en el predio ni siquiera existía obra que permitiera ejecutar la remodelación acordada.
Enriquecimiento sin causa
En ambos litigios, la Secretaría de Transporte afirma haber intimado a la provincia a devolver los montos adeudados en un plazo de cinco días. Al no realizarse la restitución, el Estado Nacional formalizó las demandas argumentando que el accionar de La Rioja generó un «enriquecimiento sin causa» para la provincia y un empobrecimiento para las arcas nacionales.
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