Diversos expedientes que cuestionan el accionar del Estado provincial de La Rioja han llegado a los despachos del máximo tribunal del país. Entre las causas más destacadas se encuentran el reclamo de empresas mineras contra la ley que declaró al litio como recurso estratégico, y la polémica toma de posesión de las tierras del Golf Club sin el pago previo de la indemnización.
La política de administración de recursos y tierras de la provincia de La Rioja enfrenta actualmente un duro examen en los más altos estrados judiciales del país. Ante la falta de respuestas favorables en la justicia local, tanto empresas mineras como particulares desapoderados de sus inmuebles han elevado sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde distintos expedientes registran importantes movimientos durante este mes de febrero de 2026.
La batalla por el litio Uno de los frentes judiciales de la provincia gira en torno a la Ley Provincial N° 10.608, a través de la cual el Estado riojano declaró al litio y a sus derivados como recursos naturales estratégicos y de interés público provincial.
La medida fue resistida rápidamente por el sector privado. Firmas como Petra Gold Servicios Mineros S.R.L. y Servicios Logísticos S.R.L., junto a particulares, promovieron una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley y el Decreto FEP N° 063/2023. Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja rechazó la medida cautelar solicitada por los demandantes el 14 de diciembre de 2023. El argumento principal fue que suspender la ley afectaría «recursos por valores económicos incalculables» para la provincia, un riesgo que no podía cubrirse con una simple caución juratoria. Actualmente, los recursos derivados de esta contienda han escalado hasta la CSJN, tramitándose en la Secretaría Judicial N° 4.
El conflicto por la expropiación del Golf Club De manera paralela, la CSJN tramita en su Vocalía N° 3 una serie de quejas («recursos de hecho») vinculadas a la polémica expropiación de las tierras que conformaban el Golf Club La Rioja.
Este conflicto se originó cuando la Provincia, mediante la Ley 10.379 y su posterior modificación (Ley 10.480), declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a un conjunto de inmuebles. Los afectados denuncian que el Estado provincial tomó posesión de los lotes por la fuerza sin haber abonado previamente la justa indemnización, contrariando lo exigido por la Constitución Nacional y eludiendo la consignación judicial del importe de la valuación fiscal.
Frente a lo que califican como una «toma ilegítima» , los particulares iniciaron demandas de expropiación inversa. Sin embargo, la justicia provincial rechazó los planteos. El 16 de diciembre de 2024, el TSJ riojano declaró inadmisible un recurso de casación impulsado por Alejandro Almarza, argumentando que las medidas cautelares no son susceptibles de esta vía y señalando la falta de interposición de recursos previos como la reposición.
La defensa de los damnificados, a cargo de estudios jurídicos que ahora litigan en la órbita de la Corte Suprema, acusa al tribunal provincial de incurrir en un «exceso de rigor formal» para evitar resolver el problema de fondo. Sostienen que se está encubriendo una confiscación inconstitucional y piden la intervención urgente de la CSJN ante la evidente gravedad institucional del caso.
A medida que el año judicial avanza, los expedientes referidos tanto al litigio minero como a los reclamos expropiatorios (incluyendo los expedientes de Almarza y Jatuff) ya circulan en las dependencias de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre los límites del accionar del gobierno riojano.
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