A través del Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó la Ley 27801. La normativa establece un nuevo esquema de penas para los menores que delinquen y se adapta a los estándares de la región. La trastienda de la negociación en el Congreso.
El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026, introduce reformas profundas en el tratamiento judicial de los menores que cometen delitos en la Argentina.
El eje central de la nueva normativa —y el cambio más sustancial respecto a la legislación anterior— es la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años. Esta modificación histórica llega acompañada por la creación de un nuevo esquema procesal de penas graduadas. De ahora en más, el sistema contemplará no solo la edad del menor involucrado, sino también las particularidades del contexto en el que se llevó a cabo el delito.
La trastienda de la negociación parlamentaria
La sanción de este nuevo régimen representa un contundente triunfo legislativo para La Libertad Avanza (LLA), pero no estuvo exenta de fricciones. Durante el periodo de sesiones extraordinarias del pasado 27 de febrero, el Senado convirtió en ley la iniciativa con 44 votos afirmativos y 27 negativos.
Sin embargo, el texto final difiere de los deseos iniciales de la Casa Rosada. Originalmente, el oficialismo había impulsado un proyecto mucho más estricto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años.
Para evitar un estancamiento en el recinto, el Poder Ejecutivo debió ceder en el marco de una compleja «negociación parlamentaria» con los bloques dialoguistas. Al aceptar elevar el piso a los 14 años, el oficialismo logró destrabar el consenso político necesario para asegurarse la media sanción en la Cámara de Diputados, obteniendo el respaldo clave de aliados estratégicos como el PRO y la UCR.
Desde estos espacios argumentaron que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido para la sociedad argentina y, además, lograba alinear la legislación nacional con la de la mayoría de los países vecinos.
El mapa de la imputabilidad en la región
El debate sobre la edad a la que un menor debe responder penalmente por sus actos no es exclusivo de la Argentina. Con la nueva ley, el país se acopla al bloque mayoritario de América Latina.
Actualmente, naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en los 14 años. Por otro lado, existe un bloque con legislaciones aún más duras, conformado por Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, donde la responsabilidad penal comienza a los 12 años.
Más allá de la edad de inicio, la tendencia en ambos bloques regionales respecto al tratamiento de los niños y jóvenes que delinquen se basa en un mismo principio: la implementación de medidas socioeducativas que priorizan, por sobre el castigo punitivo tradicional, la reinserción de los menores en la sociedad.
