La decisión del gobernador de ungir a Armando Molina como intendente eliminó un histórico recurso político: trasladar responsabilidades. Ahora, la gestión provincial enfrenta un desgaste directo en su principal bastión electoral.
La ingeniería política que durante años funcionó como mecanismo de contención en La Rioja parece haber entrado en una fase crítica. La decisión del gobernador Ricardo Quintela de impulsar a Armando Molina como intendente de la Capital comenzó a mostrar efectos colaterales que hoy impactan de lleno en el oficialismo provincial.
A diferencia de ciclos anteriores, donde la conducción provincial lograba desacoplar responsabilidades políticas entre la Casa de las Tejas y el municipio capitalino, el actual esquema eliminó ese margen de maniobra. En términos políticos, se rompió una lógica histórica: la posibilidad de asignar costos de gestión a un actor distinto dentro del mismo espacio o, incluso, a un adversario.
El antecedente inmediato muestra cómo esa dinámica operó con eficacia. Durante la gestión de Sergio Casas, el desgaste de la Capital fue capitalizado en la figura de Alberto Paredes Urquiza. Más tarde, el propio Quintela pudo trasladar tensiones hacia la administración municipal encabezada por Inés Brizuela y Doria, en un contexto de confrontación política que favorecía la diferenciación de responsabilidades.
Hoy, ese esquema se invierte. Con Molina como intendente, alineado plenamente con el Ejecutivo provincial, cualquier deterioro en servicios, infraestructura o calidad de vida urbana impacta de manera directa en la figura del gobernador. No hay intermediarios políticos ni “válvulas de escape”.
En la lectura interna del oficialismo, la Capital aparece como un frente cada vez más complejo. Se trata del principal distrito electoral de la provincia y, por lo tanto, un territorio clave para sostener volumen político en cualquier elección. Sin embargo, distintos indicadores de gestión y percepción social anticipan un escenario adverso.
En ese marco, en el entorno gubernamental ya circula una hipótesis que gana fuerza: la posibilidad de enfrentar una derrota en la Capital. La preocupación no es menor. Una caída en ese distrito implicaría no solo un golpe simbólico sino también una pérdida concreta de poder territorial.
El fenómeno podría no limitarse a la ciudad capital. En Chilecito, segundo distrito en relevancia electoral, comienzan a observarse señales similares de desgaste. Si esa tendencia se consolida, el oficialismo provincial enfrentaría un escenario de doble retroceso en sus principales bastiones.
El problema, en términos estratégicos, es más profundo que una coyuntura electoral. La decisión de unificar políticamente Provincia y Capital bajo un mismo liderazgo debilitó la capacidad de administrar costos y distribuir responsabilidades, una herramienta clave en sistemas políticos provinciales altamente personalizados.
Así, lo que en su momento se presentó como una jugada de fortalecimiento interno —consolidar el poder bajo una misma conducción— hoy aparece como un riesgo estructural. En política, la concentración de poder suele implicar también la concentración de responsabilidades.
Y en La Rioja, ese equilibrio parece haberse roto.
