Mientras los bonistas avanzan en la Justicia de Estados Unidos para ejecutar activos como Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, el Gobierno de Ricardo Quintela intenta llevar calma, ratifica su voluntad de pago y atribuye la asfixia financiera al recorte de fondos nacionales. La disputa reabre un debate de alcance nacional sobre deuda subnacional, credibilidad fiscal y el futuro de los activos públicos.
La disputa entre La Rioja y sus acreedores internacionales ingresó en una fase decisiva. Lo que hasta hace pocos meses era una controversia financiera por el incumplimiento del Bono Verde ahora se convirtió en una batalla política, judicial y patrimonial que expone a la provincia en el escenario nacional: de un lado, los bonistas que buscan ejecutar participaciones estatales en empresas estratégicas; del otro, el Gobierno riojano, que descarta cualquier riesgo inmediato sobre esos activos, ratifica su voluntad de pago y responsabiliza a la Nación por el deterioro de su frente fiscal.
La tensión escaló luego de que los acreedores avanzaran en tribunales de Estados Unidos con un pedido para alcanzar bienes vinculados a la provincia, entre ellos sus tenencias en Banco Rioja y en Parque Eólico Arauco (PEA). La presentación judicial elevó el nivel de alarma porque dejó de centrarse exclusivamente en el incumplimiento del bono y pasó a apuntar contra el corazón del patrimonio productivo riojano.
Frente a esa ofensiva, la administración de Ricardo Quintela salió a responder con un mensaje político claro: llevar tranquilidad, negar la posibilidad de una ejecución inmediata sobre activos estratégicos y defender que la provincia no desconoce la deuda, sino que intenta reordenarla en términos sostenibles.
Una deuda que ya no es sólo financiera
La Rioja entró en default en febrero de 2024 al dejar impago un vencimiento de capital de unos US$16 millones, correspondiente a los bonos verdes emitidos en 2017 al 8,5% con vencimiento en 2028. Desde entonces, el incumplimiento se amplió con nuevos pagos semestrales caídos, lo que derivó en sentencias adversas en los tribunales de Nueva York.
Ese dato por sí solo ya ubicó a la provincia en un lugar incómodo: fue la primera jurisdicción subnacional argentina en volver a caer en cesación de pagos luego de haber reestructurado deuda. Pero ahora el caso sumó un componente todavía más delicado: la posibilidad de que los acreedores intenten avanzar sobre activos que el Gobierno provincial considera sensibles para el funcionamiento económico local.
No se trata de bienes menores. Banco Rioja es una institución central dentro del sistema financiero provincial. Parque Eólico Arauco, por su parte, fue presentado durante años como emblema de la estrategia riojana para construir autonomía energética y una matriz productiva basada en renovables.
La defensa oficial: “no hay posibilidad de ejecución”
En Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Juan Luna Corzo buscó desactivar el impacto político de esa embestida judicial. El mensaje tuvo dos ejes. El primero fue institucional: negar que exista un riesgo concreto e inmediato de embargo sobre Banco Rioja o el parque eólico. El segundo fue financiero: insistir en que la provincia no pretende perpetuarse en el incumplimiento, sino encontrar una salida negociada compatible con la continuidad del Estado y el pago de salarios.
Esa línea de defensa es importante porque revela la prioridad política del oficialismo riojano. Para la administración Quintela, el litigio no puede separarse del contexto local: una provincia con escaso margen fiscal, dependiente de transferencias nacionales y con una estructura estatal altamente atada al gasto corriente.
En otras palabras, el Gobierno provincial intenta instalar que el conflicto con los bonistas no debe leerse como una negativa lisa y llana a pagar, sino como el resultado de una crisis de flujo que se agravó por la caída de recursos.
La acusación a la Nación
La respuesta riojana no se limita a la esfera judicial. También contiene una definición política de peso: la provincia atribuye parte decisiva de su crisis de deuda al incumplimiento del Estado nacional en el envío de fondos que considera propios.
Ese argumento no es nuevo en el discurso de Quintela, pero ahora adquiere otra relevancia. Frente a bonistas que describen a La Rioja como una provincia que no mostró voluntad de pago ni buena fe negociadora, la administración provincial intenta construir una narrativa distinta: que el default no nació de una decisión caprichosa, sino de una asfixia financiera derivada del conflicto con la Casa Rosada.
En ese marco, el reclamo judicial ante la Corte Suprema por fondos retenidos funciona también como una pieza de defensa política en la causa de deuda. El mensaje implícito es que la provincia fue empujada al incumplimiento por una alteración de sus ingresos.
El Parque Arauco, entre la defensa política y el interrogante económico
Buena parte de la estrategia oficial se concentra en Parque Eólico Arauco, no sólo porque es uno de los activos señalados por los bonistas sino porque además representa el argumento central sobre el origen y el destino del Bono Verde.
Según la explicación del Gobierno, los US$308 millones emitidos en 2017 fueron volcados a infraestructura energética y no a gasto corriente. La provincia sostiene que esos fondos permitieron desarrollar parques eólicos, estaciones transformadoras y líneas de transporte eléctrico en el marco de una apuesta productiva de largo plazo.
El titular de PEA, Ariel Parmigiani, reforzó esa idea al señalar que el problema no fue el uso del dinero sino el descalce entre flujos e inversiones. Según esa visión, el repago estaba diseñado para sostenerse con la rentabilidad de los propios proyectos energéticos. El cuello de botella apareció cuando la expansión prevista se demoró y la llegada de equipamiento quedó afectada por restricciones macroeconómicas nacionales.
Ese punto resulta clave porque marca la principal diferencia entre la versión oficial y la de los acreedores. Mientras la provincia plantea que hubo un problema de tiempos y de contexto argentino, los bonistas afirman que La Rioja contó con recursos suficientes y, aun así, no priorizó el pago de su deuda.
El punto más incómodo para la provincia
La objeción más sensible que plantean los acreedores está vinculada a la venta de uno de los parques eólicos a Pampa Energía por US$171 millones. Según los bonistas, esa operación demuestra que existieron fondos que podrían haber sido utilizados para cancelar o al menos aliviar las obligaciones, pero que no fueron destinados a ese fin.
Ese es, probablemente, el flanco más incómodo para la administración Quintela. Porque allí la discusión deja de girar sólo sobre la escasez de recursos y pasa a involucrar un criterio de asignación: qué hizo la provincia con el dinero obtenido y por qué no lo orientó al cumplimiento de la deuda.
La defensa oficial responde que los ingresos fueron reinvertidos en la expansión del parque y que los resultados económicos más visibles se verán entre fines de este año y 2027. Bajo esa lógica, la mejor manera de pagar no sería liquidar activos ni desfinanciar el proyecto, sino consolidarlo para generar ingresos futuros.
Un caso riojano con impacto nacional
Aunque el expediente se concentra en La Rioja, la discusión excede a la provincia. El litigio abre preguntas de alcance nacional sobre la solidez fiscal de las provincias argentinas, el valor real de sus activos públicos y la credibilidad del crédito subnacional en los mercados.
También plantea un debate político más amplio: hasta qué punto una provincia puede sostener una narrativa de desarrollo basada en empresas públicas estratégicas cuando esas mismas compañías quedan bajo la lupa de acreedores internacionales.
Para los mercados, el caso riojano funciona como una señal de advertencia. Para otras provincias, como un recordatorio de que la deuda en moneda dura, aun cuando esté asociada a proyectos productivos, puede transformarse en una amenaza patrimonial si los flujos esperados no llegan.
Entre la tranquilidad oficial y la presión judicial
La Rioja intenta transmitir que no hay riesgo inminente sobre Banco Rioja ni sobre Parque Eólico Arauco. Los bonistas, en cambio, elevaron la presión precisamente para instalar lo contrario: que están dispuestos a avanzar sobre todos los bienes alcanzables hasta cobrar.
En esa brecha entre el mensaje tranquilizador del Gobierno y la ofensiva judicial de los acreedores se juega algo más que una negociación financiera. Se juega la credibilidad de la provincia, el destino de sus principales activos productivos y la capacidad del oficialismo riojano para sostener su relato de defensa del patrimonio público en medio de un default que ya dejó de ser una cuestión técnica.
Por ahora, la batalla sigue abierta. Pero algo ya cambió: la deuda de La Rioja ya no se discute sólo en términos de vencimientos. Se discute en términos de poder, de activos y de supervivencia política.
