La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial aprobó el dictamen del proyecto de ley que reglamentará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con mandatos de cuatro años y requisitos de arraigo territorial. El texto queda listo para su debate en el recinto.
La Legislatura de La Rioja dio un paso institucional de relevancia en la organización del sistema judicial provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales, bajo la presidencia del diputado Federico Sbiroli, aprobó el dictamen del proyecto de ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección, evaluación y control de los magistrados del Poder Judicial riojano.
La sesión de comisión se caracterizó por el análisis técnico artículo por artículo, con acuerdos que los legisladores calificaron como «consensos clave sobre la estructura y los mecanismos operativos del cuerpo». El resultado fue un dictamen favorable que habilita el tratamiento del proyecto en el pleno de la Cámara.
Los ejes de la reglamentación
Entre los puntos centrales que quedaron definidos en esta última reunión se destacan dos disposiciones de fondo. En primer lugar, se estableció que los consejeros tendrán mandatos de cuatro años con posibilidad de una única reelección, aunque condicionada: para renovar el cargo, los miembros del Consejo deberán someterse a una convalidación anual de tareas y desempeño, un mecanismo de evaluación permanente que busca garantizar la idoneidad funcional durante todo el ejercicio del mandato.
En segundo lugar, se fijaron requisitos generales de residencia para los consejeros, con el objetivo de asegurar el arraigo territorial y el conocimiento del entorno jurisdiccional en el que ejercerán sus funciones. La condición de residencia apunta a que quienes integren el Consejo tengan un vínculo efectivo con la realidad institucional y social de la provincia.
Un avance en transparencia judicial
El Consejo de la Magistratura es una figura constitucional que en muchas provincias argentinas aún carece de una regulación operativa completa, lo que genera vacíos en los procesos de designación y remoción de jueces. La aprobación del dictamen en La Rioja representa un movimiento en dirección contraria: dotar al órgano de reglas claras, mandatos acotados y mecanismos de control periódico.
Con el dictamen en mano, el proyecto ingresa ahora a la agenda del recinto legislativo, donde requerirá el debate y la votación en sesión. Si es aprobado, La Rioja contará con una normativa específica que regule uno de los engranajes centrales de su arquitectura judicial, con impacto directo en la independencia y previsibilidad del sistema de justicia provincial.
