Amenazas en escuelas: La Rioja avanza con un protocolo interinstitucional que coordina a los tres poderes del Estado
La iniciativa articula a los ministerios de Educación, Seguridad, Salud y Desarrollo Social con el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de Familia y la Legislatura provincial. Busca ordenar respuestas rápidas ante un fenómeno que en los últimos meses se extendió a establecimientos educativos de distintas jurisdicciones del país, combinando viralización digital, alarma social y la obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El Gobierno provincial presentará en los próximos días un Protocolo de Actuación Interinstitucional destinado a prevenir y abordar situaciones de violencia en el ámbito escolar, con particular énfasis en las amenazas que circulan en establecimientos educativos. La iniciativa se inscribe en un escenario nacional donde este tipo de hechos —muchas veces amplificados por redes sociales y aplicaciones de mensajería— obligó a distintas provincias a revisar sus esquemas de intervención y a coordinar a organismos que habitualmente actúan de manera fragmentada.
La apuesta de La Rioja es, precisamente, romper esa fragmentación: reunir en una sola herramienta reglamentaria a los ministerios de Educación; Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Salud; y Desarrollo Social, junto al Poder Judicial —representado por el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores— y al Poder Legislativo, que aportará el marco normativo necesario para su implementación.
Una respuesta coordinada frente a un fenómeno creciente
El protocolo se elaborará sobre la base de leyes nacionales y provinciales vigentes, así como de normativas y procedimientos ya establecidos por cada organismo. Su objetivo declarado es definir con claridad las responsabilidades institucionales de cada actor estatal ante una amenaza dentro de un establecimiento educativo, contemplando las instancias de intervención, investigación y eventual sanción cuando corresponda. En la práctica, esto significa ordenar lo que hasta ahora funcionaba bajo reglas dispersas: quién investiga primero, cómo se resguarda la identidad de los menores involucrados, de qué modo se comunica a las familias y en qué momento interviene la Justicia.
Entre las principales líneas de acción del documento figuran el fortalecimiento de los canales de comunicación entre las instituciones, la intervención preventiva en las escuelas y el acompañamiento integral a los estudiantes, con prioridad en su bienestar. Las autoridades provinciales remarcaron, además, la necesidad de evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma social, e instaron a la comunidad a canalizar los reportes por las vías oficiales. El punto no es menor: buena parte de la expansión reciente de las amenazas escolares se explica por la viralización acrítica en grupos de WhatsApp y redes sociales, que amplifica el alcance de un hecho aislado y dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad y de los equipos escolares.
La mesa de trabajo y los funcionarios que la integraron
Participaron de la mesa interinstitucional el ministro de Educación, Ariel Martínez; el ministro de Seguridad, Miguel Zárate; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra; la directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, Belén Carrizo; y el subsecretario de Desarrollo de Juventudes, Esteban Tanquía.
Por el Poder Judicial asistieron las juezas de los juzgados de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, Martha Liliana Torres, Yvana Leonarda Alarcón Rearte y Alicia Valdez. Por la Legislatura provincial estuvieron los diputados Mario Ruiz y Luis Rojo, encargados de impulsar el marco normativo. Completaron la mesa secretarios de Educación y equipos técnicos del CIAPEM, EOyA y del programa Crecer Sano.
La Ley 26.061 y el tratamiento mediático
El Gobierno provincial también recordó a los medios de comunicación la obligación de garantizar un tratamiento responsable de la información cuando los hechos involucren a niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma nacional establece que debe primar el interés superior del niño y resguardarse en todo momento su dignidad, identidad e intimidad, lo que implica evitar la difusión de nombres, imágenes, datos personales o cualquier elemento que permita la identificación directa o indirecta de menores, especialmente en situaciones de vulneración de derechos o en el marco de procesos judiciales.
Un compromiso estatal con los entornos escolares seguros
El protocolo riojano se enmarca en un esfuerzo más amplio del Estado provincial por garantizar entornos escolares seguros, promoviendo la convivencia, el cuidado y la contención de niñas, niños y adolescentes. En un contexto nacional donde los episodios de amenazas en escuelas se han multiplicado y han abierto debates sobre la capacidad del Estado para ofrecer respuestas coordinadas, la iniciativa de La Rioja propone un camino institucional claro: articular poderes, ordenar responsabilidades y dar certezas a las familias, a los docentes y a los propios estudiantes. El documento final, una vez aprobado con el respaldo legislativo anunciado, marcará el modo en que la provincia se para frente a un problema que ya no es coyuntural y que exige respuestas capaces de combinar firmeza institucional, trabajo preventivo y protección irrestricta de los derechos de la infancia y la adolescencia.