La Rioja refuerza el control del agua en la exploración minera cordillerana en medio del debate nacional por el RIGI
El Ministerio de Agua y Energía intensificó las inspecciones sobre los proyectos SENDEROS y RIO EX, que operan con concesiones de agua no potabilizada bajo supervisión estatal. El esquema de monitoreo se despliega en un contexto nacional atravesado por la conflictividad del proyecto Vicuña, el avance del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones y la histórica sensibilidad riojana frente al uso del recurso hídrico en la minería.
El Gobierno provincial, a través de la Dirección General de Estudios Hídricos, realizó en las últimas semanas una nueva ronda de inspecciones en los proyectos de exploración minera SENDEROS y RIO EX, ubicados en la franja cordillerana riojana. Ambas iniciativas cuentan con concesión vigente de uso de agua no potabilizada, limitada exclusivamente a la etapa exploratoria y sujeta a controles periódicos por parte del Estado provincial.
El director general del área, Rubén Martínez, precisó que el procedimiento implica «visitas mensuales a los puntos de extracción, donde se controla el caudal de los cursos de agua, se toman muestras y se analizan parámetros como la presencia de metales pesados». Esa información, según explicó, alimenta las líneas de base ambiental sobre las que se apoya el seguimiento posterior de cada proyecto.
Cómo se usa el agua en los campamentos y las perforaciones
El recurso se toma de manera superficial, directamente de arroyos y ríos de la zona, y se almacena en tanques de aproximadamente 2.700 litros. Una parte se destina al funcionamiento de los campamentos —higiene, preparación de alimentos y servicios sanitarios— y el resto se traslada en camiones cisterna hasta los frentes de perforación. Para el tratamiento de los efluentes, los campamentos utilizan biodigestores que descomponen los residuos mediante procesos biológicos controlados.
En la etapa exploratoria, el agua cumple un rol técnico central. Las perforaciones alcanzan entre 200 y 500 metros de profundidad y emplean un sistema rotativo con diamantina, que utiliza una mezcla de agua con bentonita y dispersantes para facilitar la extracción de muestras del subsuelo. Cada equipo puede demandar entre 4.000 y 5.000 litros por operación, durante las campañas que habitualmente se concentran entre enero y abril.
Territorio complejo y generación de información inédita
Las tareas de control se realizan en zonas de altísima dificultad de acceso, con cotas que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar y tramos transitables únicamente en vehículos 4×4. El trabajo se articula con la Dirección de Gestión Ambiental y Social, responsable de los análisis de laboratorio, mientras que Estudios Hídricos concentra el relevamiento de cuencas, cauces, aforos y puntos de extracción. «Este monitoreo conjunto nos permite generar líneas de base y mapas actualizados de cuencas hídricas, en zonas prácticamente vírgenes donde no existía información precisa», sintetizó Martínez.
El telón de fondo nacional
La difusión del operativo se produce en un momento especialmente sensible para la política minera argentina. La adhesión de distintas provincias al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones impulsado por el Gobierno nacional reabrió el debate sobre el control ambiental efectivo de los proyectos de gran escala, y colocó al uso del agua en el centro de la discusión pública, sobre todo en las jurisdicciones cordilleranas que vienen acumulando experiencia —y conflictos— en la materia.
En paralelo, la disputa en torno al proyecto Vicuña en el límite con San Juan, con el cierre de la Ruta 506 dispuesto por el intendente de General Lamadrid y la controversia por la Declaración de Impacto Ambiental, instaló la pregunta sobre qué capacidades institucionales provinciales existen para auditar emprendimientos mineros en territorios de baja densidad poblacional y alta fragilidad hidrológica. La Rioja carga, además, con una memoria política particular: los episodios de Famatina son todavía un marco de referencia ineludible a la hora de discutir cualquier actividad extractiva en la provincia.
La apuesta provincial: mostrar músculo técnico
En ese escenario, la comunicación oficial apunta a exhibir un Estado provincial con capacidad técnica real sobre el terreno, que no delega el control ambiental en las propias empresas ni en la autoridad nacional. La insistencia en describir procedimientos concretos —caudales, muestras, profundidades, volúmenes y trazabilidad de los efluentes— busca diferenciar el modelo riojano tanto de las críticas históricas al laissez faire minero como de las sospechas que hoy sobrevuelan los proyectos de mayor envergadura en el resto de la cordillera. La exploración en SENDEROS y RIO EX todavía está lejos de la escala de inversión que domina la agenda nacional, pero funciona como banco de prueba para el estándar de control que La Rioja pretenderá oponer cuando lleguen las decisiones de fondo.