El gobernador Ricardo Quintela cuestiona la legitimidad de la Ley 18.004 —firmada bajo el régimen de Onganía— y sostiene que Ischigualasto y los yacimientos de cobre del cordón limítrofe deben volver a discutirse en el Senado. Detrás del reclamo territorial se juega el reparto de la renta del proyecto Vicuña, el margen de maniobra del Congreso sobre el RIGI y un clima de inversiones que el gobierno nacional necesita estabilizar con urgencia.
Hay conflictos que maduran durante décadas con la quietud de una geografía y que de pronto se activan cuando el valor del subsuelo los vuelve algo más que una línea en el mapa. El que enfrenta desde hace semanas a La Rioja y San Juan pertenece a esa categoría. Lo que arrancó como una protesta logística por el paso de camiones de Vicuña —el joint venture entre Lundin Mining y BHP que opera el megaproyecto de cobre en el cordón limítrofe— por la localidad riojana de Guandacol se transformó, en cuestión de días, en una ofensiva jurídica y política del gobernador Ricardo Quintela que pone en duda nada menos que la soberanía sobre el Parque Provincial Ischigualasto y la validez de la frontera fijada en 1968.
La discusión dejó de ser administrativa. Es territorial, económica y, sobre todo, profundamente política.
La sombra larga de la Ley 18.004
El eje formal del reclamo riojano es la Ley 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Según Quintela, aquella norma fue el resultado de un acuerdo entre interventores militares y carece, por origen, de legitimidad democrática. El mandatario sostiene que la soberanía territorial debe ser revisada por el Senado de la Nación, el órgano que la Constitución faculta para definir estos conflictos entre provincias.
«En el año 68, gobernadores de facto se pusieron de acuerdo y entregaron Ischigualasto a San Juan. Es algo que tenemos que discutir; podríamos compartirlo», afirmó el gobernador, en declaraciones que reordenaron el tablero regional.
El argumento tiene peso simbólico y jurídico. Simbólico, porque revive una memoria territorial que las últimas administraciones riojanas habían preferido archivar. Jurídico, porque reabre un debate doctrinario —el de la validez de los actos de gobiernos de facto en materia de límites interprovinciales— que nunca terminó de zanjarse del todo en sede judicial.
Vicuña: el cobre como argumento territorial
Pero el reclamo no es únicamente histórico. Corre sobre él una lógica económica muy concreta. La Rioja sostiene que proyectos de escala mundial, como Josemaría y el propio Vicuña, se encuentran enclavados justo sobre la línea limítrofe cuestionada. Sobre ese argumento, la provincia formula una serie de exigencias que, en conjunto, configuran una verdadera disputa por la renta del cobre:
- Un esquema de coparticipación de beneficios con distribución 80/20 a favor de San Juan, pero con La Rioja incorporada al reparto como provincia limítrofe afectada.
- Un piso de participación local del 20 % en mano de obra y proveedores riojanos dentro de la operación.
- El freno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la circunvalación de Guandacol, pieza clave para el tránsito minero: el gobierno provincial argumenta que Vicuña ha utilizado los caminos riojanos durante un cuarto de siglo sin dejar contraprestaciones significativas.
La DIA se convirtió, así, en el principal instrumento de presión de La Rioja. Sin ese permiso, la logística del proyecto queda expuesta; con él, La Rioja pierde su única palanca real sobre una operación cuyo rédito fiscal no le corresponde.
La respuesta sanjuanina: institucionalidad y hartazgo
Del otro lado de la cordillera limítrofe, la respuesta combina firmeza jurídica con irritación política. El vicegobernador Fabián Martín calificó la postura riojana como «extrema» y «alejada de la realidad», mientras el Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, insistió en que los límites están «jurídicamente zanjados»: los acuerdos de 1968, sostiene, fueron ratificados después por legislaturas democráticas y por el propio Congreso Nacional, lo que —en su lectura— cierra el debate.
La gestión de Marcelo Orrego ha elegido, por ahora, no escalar en el plano retórico. Pero en la Casa de Gobierno sanjuanina el diagnóstico es menos diplomático: se interpreta el planteo riojano como un movimiento orientado a condicionar el desarrollo minero más que a reabrir, realmente, una discusión territorial de cincuenta y ocho años.
El trasfondo nacional: RIGI, glaciares y la apuesta del cobre
Esa lectura se apoya en un dato que vuelve el conflicto imposible de leer en clave estrictamente provincial. Los diputados que responden a Quintela han resistido en el Congreso tanto las reformas a la Ley de Glaciares como los ajustes vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dos herramientas que el sector minero —y el gobierno de Javier Milei— consideran indispensables para competir por capital internacional.
El contraste es elocuente. En una agenda nacional en la que el cobre se perfila como la principal promesa exportadora de la próxima década, un bloqueo provincial sobre una ruta de acceso tiene efectos que exceden largamente a La Rioja: afecta la señal que el país envía al capital global justo en el momento en que intenta consolidar su narrativa de previsibilidad. Quintela sabe que tiene en sus manos un instrumento de negociación potente. El gobierno nacional sabe que no puede permitirse que lo use.
Hacia la Corte
San Juan ya proyecta caminos alternativos para sortear el paso por territorio riojano. Es una solución costosa pero estructural, que señala hasta dónde está dispuesta a ir la provincia vecina para no depender de la voluntad de Quintela. Mientras tanto, la judicialización del litigio territorial asoma como escenario probable: si La Rioja lleva el cuestionamiento de la Ley 18.004 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal se verá obligado a pronunciarse sobre una cuestión que combina derecho constitucional, historia institucional y regalías mineras en proporciones inéditas.
El desenlace no será menor. En juego hay mucho más que una línea divisoria: se discute quién captura la renta del nuevo ciclo del cobre, cuánto poder conservan las provincias productoras frente al capital global y, en el fondo, qué rol jugarán los gobernadores peronistas en un esquema económico que el oficialismo nacional quiere blindar contra cualquier variante de veto federal.
La Rioja abrió un frente. San Juan lo contiene. Pero el tablero ya no es el mismo.
