Fuentes calificadas de la Casa Gobierno cuyana confirmaron que la administración de Marcelo Orrego mantiene la cautela formal y evita pronunciarse oficialmente sobre la jugada riojana hasta recibir comunicación judicial. La empresa Vicuña Corp. tampoco fue notificada y sostiene operaciones a través del corredor norte, íntegramente sanjuanino. Crece la presión: los inversores internacionales aguardan la decisión final para concretar una inversión estimada en 18.000 millones de dólares. El country manager José Luis Morea confirmó que las tareas continúan, mientras desde el sector minero advierten que la judicialización podría generar incertidumbre.

El Gobierno de San Juan eligió el silencio institucional. Pese a la escalada discursiva de los últimos días, que incluyó el cuestionamiento del propio gobernador Marcelo Orrego —quien sostuvo que el planteo riojano «no tiene sustento jurídico»—, las críticas del vicegobernador Fabián Martín y del ministro de Producción Gustavo Fernández, y la intervención del diputado nacional Carlos Jaime, la administración cuyana decidió no formalizar una postura oficial mientras no reciba la notificación judicial correspondiente. Fuentes calificadas del oficialismo sanjuanino confirmaron a la prensa local que, puertas adentro, el planteo del gobernador riojano Ricardo Quintela sobre la soberanía territorial del proyecto Josemaría y del área de Ischigualasto es calificado como «un disparate», pero que esa lectura no se trasladará al plano público hasta que existan elementos formales para pronunciarse.

«Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación o comunicación formal», explicaron desde el entorno cercano a la administración Orrego, en una declaración que confirma una de las particularidades más llamativas del conflicto: la asincronía entre el ruido político y mediático del caso, por un lado, y el avance procesal real del expediente, por el otro. La provincia, en consecuencia, sigue el tema «a partir de lo que trascendió en medios de comunicación, sin adoptar una postura oficial». «Por ahora no intervenimos», agregaron las fuentes.

La empresa tampoco fue notificada y sostiene operaciones por el corredor norte

La cautela sanjuanina se apoya, además, en otro dato clave: la propia empresa operadora, Vicuña Corp. —la sociedad conjunta integrada por Lundin Mining y BHP—, todavía no fue notificada formalmente del fallo dictado por la jueza María Greta Decker, de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito. La medida ordenó la suspensión por 30 días de las actividades del proyecto y bloqueó el acceso al campamento Batidero a través de Guandacol, en territorio riojano.

En este contexto, el country manager de la firma, José Luis Morea, confirmó que las operaciones continúan con normalidad. La compañía sostiene la actividad mediante el denominado corredor norte, una traza ubicada íntegramente en territorio sanjuanino, que evita el paso por el camino objetado por la Justicia riojana. La aclaración es relevante: aunque la medida judicial existe en los papeles, el funcionamiento real del proyecto no se vio interrumpido, lo que le permite a la empresa sostener inversiones, contratos y plazos sin alteración inmediata.

El dato refuerza, también, una de las paradojas del conflicto. Mientras el Gobierno riojano consiguió un fallo judicial que ordena el cese de actividades, la empresa sigue operando por una ruta alternativa, y las autoridades sanjuaninas aguardan la notificación formal para responder. Es decir: la medida tiene impacto político y comunicacional, pero su eficacia operativa concreta depende de circunstancias que aún están en juego, incluido el comportamiento futuro de la operadora minera y de la propia jueza Decker frente al cumplimiento del fallo.

El origen del conflicto y los argumentos cruzados

La disputa se intensificó en los últimos días tras la presentación impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, que solicitó —y obtuvo— una medida autosatisfactiva ante la Justicia provincial. La argumentación del Gobierno riojano se centró en la falta de presentación, por parte de la empresa, de un informe de impacto ambiental integral ante la autoridad provincial, así como en la utilización del camino de Guandacol —Ruta Provincial 506— como vía logística de un proyecto del que La Rioja, hasta el momento, no participa institucionalmente.

Las posiciones, desde el inicio, fueron divergentes. La Rioja sostiene que el proyecto podría generar impactos ambientales en su territorio debido a la cercanía geográfica con la zona de operaciones, y reclama un rol activo en la evaluación ambiental, así como beneficios económicos, empleo y participación de proveedores locales. La provincia gobernada por Quintela viene articulando su demanda a través de cuatro planos institucionales: el político del gobernador, el jurídico de la Fiscalía y los tribunales provinciales, el técnico-institucional del Ministerio de Producción —que esta semana sumó a Ernesto Pérez como nueva voz oficial, con la mención del antecedente de la jueza Ana Carolina Curtis— y el legislativo del Senado de la Nación que se aspira a activar.

San Juan, en cambio, sostiene que el proyecto se desarrolla íntegramente dentro de su jurisdicción y que ya cuenta con declaraciones de impacto ambiental aprobadas en dos oportunidades por la autoridad ambiental sanjuanina. La administración Orrego defiende, además, que el desarrollo del emprendimiento generará tributos coparticipables que beneficiarán al conjunto de las provincias argentinas, incluida La Rioja, en el marco del régimen de coparticipación vigente.

Una circunvalación frenada y un proyecto que evalúa cómo seguir

A todo esto se suma un dato que la empresa puso recientemente sobre la mesa: la operadora calificó como «sorpresiva» la actitud de La Rioja y, como consecuencia del clima de tensión, frenó la construcción de una obra de circunvalación que estaba ejecutando en territorio riojano. Esa obra —que apuntaba a desviar el tránsito pesado del proyecto fuera del casco urbano de Guandacol y constituía una respuesta concreta a uno de los reclamos históricos de la comunidad riojana del oeste— quedó suspendida hasta que se aclare el panorama institucional.

La interrupción es paradójica y golpea simultáneamente a las dos provincias. Para Guandacol, implica frenar una obra que beneficiaba directamente a la calidad de vida de sus habitantes. Para Vicuña Corp., implica reforzar el argumento del intendente de Villa Unión Hugo Páez, que la semana pasada había denunciado que no existieron instancias formales de diálogo entre la operadora y la comunidad riojana, y la observación del propio ministro Fernández desde San Juan, que admitió que la demora en construir un camino alternativo «es una responsabilidad de la empresa».

Un momento clave: USD 18.000 millones en juego

El conflicto judicial llega en un momento estratégico para el proyecto. Los inversores internacionales analizan la decisión final de inversión —el llamado FID, Final Investment Decision, en la jerga del sector minero—, que se estima en torno a los 18.000 millones de dólares, una cifra que convertiría a Vicuña en una de las mayores inversiones mineras de la historia argentina. La definición es central no solo para San Juan y La Rioja, sino para el conjunto del país: marcaría un antes y un después en la materialización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y en la proyección internacional de la Argentina como destino de capital de gran escala.

Desde el sector minero advierten que la judicialización del conflicto podría generar incertidumbre y, en consecuencia, afectar el desarrollo del emprendimiento. La preocupación no es retórica: las decisiones de inversión de empresas del porte de BHP y Lundin Mining se toman en función de la previsibilidad jurídica de las jurisdicciones donde operan, y cualquier señal de inestabilidad institucional puede demorar plazos, encarecer capital o, en el peor de los escenarios, redirigir inversiones a otras geografías.

Especialistas del sector consultados en distintos medios consideran, además, que el camino judicial iniciado por La Rioja podría enfrentar dificultades para prosperar en sede federal, dado que no existen antecedentes recientes de que una provincia exija una evaluación ambiental sobre un proyecto ubicado íntegramente en otra jurisdicción. La hipótesis, sin embargo, debe matizarse con un dato que el Gobierno riojano introdujo esta semana a través del ministro Pérez: el antecedente del fallo de la jueza Ana Carolina Curtis, integrante de la Justicia Civil y de Minas de La Rioja, que coincidiría con la tesis del Gobierno provincial sobre la legitimidad de los reclamos de soberanía territorial.

Cautela formal y mensaje hacia los mercados

La actitud expectante del Gobierno sanjuanino tiene, en ese marco, una doble lectura. Por un lado, refleja una estrategia procesal prudente: no pronunciarse formalmente hasta tener en mano la documentación judicial completa, lo que evita comprometer la futura defensa institucional de la provincia o de la empresa. Por el otro, opera como un mensaje hacia los mercados internacionales: San Juan se muestra como una jurisdicción que no se deja arrastrar por el clima político-mediático y que evalúa cada paso institucional con racionalidad técnica, una postura particularmente valorada en el contexto de proyectos mineros de gran escala.

La estrategia, sin embargo, tiene un límite. Si las definiciones judiciales se demoran y la presión política riojana sigue escalando —con la presentación al Senado de la Nación que prepara el equipo de Quintela y con la búsqueda de respaldos federales que viene articulando el gobernador desde Buenos Aires—, el silencio sanjuanino podría volverse insostenible. Por ahora, en San Juan se mantienen en una postura expectante, evitando escalar el conflicto político y aguardando definiciones judiciales concretas antes de responder formalmente.

Lo que viene: notificaciones, presentaciones y un Congreso en el horizonte

El próximo capítulo del conflicto dependerá, en gran medida, de movimientos que están programados para las próximas horas y días. La notificación judicial formal a la empresa Vicuña Corp. y al Gobierno de San Juan habilitará, recién entonces, la construcción de las defensas técnicas y la eventual articulación de respuestas oficiales. La presentación riojana ante el Senado de la Nación —que el gobernador anticipó en sus declaraciones desde Buenos Aires— elevará la discusión al plano legislativo nacional. La decisión final de inversión de Vicuña Corp., en juego en estos meses, marcará el rumbo concreto del desarrollo del proyecto.

En el medio, la asamblea de Guandacol mantiene el estado de alerta, el intendente Páez sostiene su crítica al funcionamiento institucional, los trabajadores directos e indirectos del proyecto observan con preocupación la incertidumbre laboral y los inversores internacionales miran a la Argentina con la lupa de quien tiene que decidir si arriesga 18.000 millones de dólares. Todo eso, mientras San Juan elige, por ahora, el silencio formal. Una decisión que es, en sí misma, una postura política.