Vicuña: el ministro de Producción de San Juan tildó de «idea desopilante» el planteo de La Rioja y puso en duda la competencia del juez de Chilecito
Gustavo Fernández, titular de la cartera productiva sanjuanina, endureció la posición de la administración de Marcelo Orrego en el cruce por el proyecto Josemaría. Cuestionó la medida judicial, sugirió que sectores políticos sanjuaninos podrían estar «motivando» el conflicto, afirmó que La Rioja tiene «una posición antiminera conocida» y, en un giro inesperado, le endosó parte de la responsabilidad a la propia empresa operadora: sostuvo que la demora en construir un camino alternativo íntegramente por territorio sanjuanino «es una responsabilidad de la empresa».
El conflicto por el proyecto Vicuña sumó un nuevo capítulo y lo hizo con un tono de dureza diplomática inédito. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, calificó como «una idea desopilante» la medida judicial impulsada desde La Rioja que suspendió por 30 días las actividades del proyecto y prohibió el tránsito por el camino de acceso al yacimiento Josemaría desde territorio riojano. El funcionario de la administración de Marcelo Orrego dejó en suspenso incluso la validez jurídica de la resolución y abrió —por primera vez desde que estalló el conflicto— un cuestionamiento explícito hacia la propia empresa operadora por la falta de una traza logística alternativa dentro de San Juan.
La intervención de Fernández se ubica un peldaño más arriba en la escalada discursiva que arrancó con las declaraciones del vicegobernador Fabián Martín —quien había dicho que el gobierno de La Rioja estaba «un poco alejado de la realidad» y había descartado, por ahora, una presentación ante la Corte Suprema— y que en paralelo se cruzó con la posición del intendente de Villa Unión, Hugo Páez, quien desde el propio territorio riojano afirmó que «la mina está en San Juan y debe regirse por las leyes de San Juan». El ministro, en cambio, subió el registro y pasó del tono institucional al cuestionamiento político directo.
«Quisiera creer que no hay sectores sanjuaninos motivando esto»
El dato más novedoso del pronunciamiento llegó cuando Fernández deslizó sospechas sobre eventuales motivaciones políticas detrás de la decisión riojana. «Quisiera creer que no hay sectores de la política sanjuanina motivando esto para poner palos en la rueda en el sector minero», planteó el ministro, con una fórmula que introduce una hipótesis de involucramiento interno —aún sin nombres— en el conflicto con la provincia vecina.
La frase tiene filo político porque habilita una lectura de tablero provincial: deja entrever que dentro del propio espectro sanjuanino habría actores no alineados con la gestión de Orrego interesados en condicionar el avance del proyecto minero emblema del RIGI. Aunque Fernández no identificó a ningún dirigente ni sector, la insinuación marca un giro respecto al discurso oficial anterior, que concentraba todas las críticas puertas afuera de la provincia.
«La posición antiminera de La Rioja no es nueva»
El ministro también apuntó a lo que describió como una postura histórica riojana. «Estas cosas de La Rioja no son nuevas, su posición antiminera es conocida, pero sorprende que se haya pasado de las palabras a hechos concretos como cortar caminos o realizar presentaciones judiciales», afirmó Fernández. La afirmación es política y discutible: ubica a La Rioja como provincia «antiminera», un rótulo que confronta con la propia narrativa del gobierno de Ricardo Quintela, que se define como impulsor de un modelo minero con participación estatal a través de EMSE —Energía y Minerales Sociedad del Estado— y que viene gestionando proyectos como Kallpa SAPEM en Famatina, el desarrollo del paquete Belle con Litios del Oeste S.A. en el sur provincial y la proyección del cobre en el propio corredor cordillerano.
La lectura sanjuanina, en ese sentido, reduce la compleja política minera riojana a una categoría binaria que La Rioja rechaza. Pero la afirmación, pronunciada desde un ministerio clave de San Juan, funciona políticamente: instala en el debate nacional una imagen con la que el gobierno de Orrego busca posicionar a su provincia como «minera racional» frente a una vecina descrita como conflictiva.
La duda legal: «¿Tiene competencia un juez riojano?»
El segundo tramo fuerte de la declaración de Fernández apuntó al corazón jurídico del planteo. El ministro puso en duda la validez de la resolución dictada por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, a cargo de la jueza María Greta Decker, que hizo lugar a la medida autosatisfactiva presentada por la Fiscalía de Estado de La Rioja. «No está claro que un juez provincial de La Rioja tenga competencia sobre una actividad que se desarrolla íntegramente en San Juan», afirmó, dejando abierta la posibilidad de que la cuestión termine planteándose como un conflicto de competencia ante instancias superiores.
El planteo reabre un frente que Fabián Martín había preferido mantener cerrado en sus declaraciones anteriores. Mientras el vicegobernador había calificado como «un poco extremo» acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fernández plantea ahora —con otro tono y desde otro ministerio— que hay materia jurídica para una controversia. La lectura en Chilecito y en la Fiscalía de Estado riojana será, previsiblemente, la contraria: la jurisdicción riojana sobre el camino, sobre los impactos ambientales y viales en territorio propio y sobre las comunidades afectadas como Guandacol y Villa Unión resulta competencia natural de los tribunales provinciales de La Rioja, más allá de la ubicación del yacimiento. Es el debate jurídico de fondo que se abrirá —tarde o temprano— en sede nacional.
El giro inesperado: «Es una responsabilidad de la empresa»
Pero el pasaje más sorprendente del pronunciamiento fue el que se dirigió puertas adentro del propio sector minero. Fernández reconoció que la postura riojana «no era nueva» y que «era previsible que esto pudiera pasar», y en esa línea le endosó parte de la responsabilidad del conflicto a la empresa que opera el proyecto. La demora en la construcción de un camino alternativo íntegramente en territorio sanjuanino, dijo el ministro, «es una responsabilidad de la empresa».
La definición golpea directamente sobre Vicuña Corp., la sociedad conjunta entre Lundin Mining y BHP que opera el proyecto y que hasta ahora había sido blindada en las declaraciones oficiales sanjuaninas. En los hechos, el Gobierno provincial viene sosteniendo que el corte del acceso riojano es ilegítimo, pero Fernández abre ahora una segunda lectura: si la compañía hubiera ejecutado en tiempo y forma una traza alternativa propia —dentro de territorio sanjuanino—, el conflicto actual no habría tenido siquiera oportunidad de configurarse.
El señalamiento se alinea, paradójicamente, con uno de los puntos críticos que había formulado desde La Rioja el intendente de Villa Unión, Hugo Páez, cuando cuestionó que no hubo «instancias formales de diálogo ni planificación conjunta de obras clave» con la empresa, incluyendo el bypass para evitar el tránsito pesado por Guandacol. Desde los dos lados de la cordillera, entonces, aparece una coincidencia incómoda: las responsabilidades de la operadora minera en la prevención del conflicto no habían sido parte del relato oficial, pero empiezan a tener lugar en el debate público.
Un tablero cada vez más complejo
Con la intervención de Fernández, el mapa de actores del conflicto Vicuña queda configurado con una densidad política creciente. Del lado sanjuanino, el vicegobernador Fabián Martín pide diálogo pero marca jurisdicción, mientras el ministro de Producción Gustavo Fernández sube el tono, cuestiona la competencia judicial riojana, sospecha de operadores políticos internos y responsabiliza también a la empresa. Del lado riojano, el gobernador Ricardo Quintela reclama la revisión de los límites interprovinciales firmados en 1968 y pide la intervención del Senado de la Nación, la Fiscalía de Estado sostiene la medida judicial vigente y el intendente de Villa Unión abre una crítica interna tanto al gobierno provincial como a la empresa. En el medio, la asamblea de Guandacol, la empresa Vicuña Corp. y la jueza Decker sostienen —cada uno desde su lugar— un equilibrio precario.
El corolario es que, de aquí en adelante, el conflicto ya no se juega solo en las declaraciones y en las resoluciones judiciales provinciales. Empieza a exigir respuestas institucionales de mayor alcance: un canal formal de diálogo bilateral, un pronunciamiento sobre la competencia jurisdiccional, una estrategia de la empresa sobre la traza alternativa sanjuanina y, eventualmente, el ingreso del tema en la agenda del Gobierno nacional de Javier Milei, que hoy observa el desarrollo de Vicuña como un caso testigo para el futuro del RIGI.
La palabra «desopilante» que eligió Fernández para definir al planteo riojano probablemente no envejezca bien. Lo que hoy puede parecer un episodio aislado entre dos provincias podría convertirse, en las próximas semanas, en el primer gran test político y jurídico del nuevo ciclo minero argentino.