Quintela subió la apuesta en Buenos Aires: reclamó soberanía sobre Josemaría e Ischigualasto y pidió que el Senado revise los límites firmados por «gobernadores de facto» en 1968
Desde la Capital Federal, el gobernador de La Rioja cuestionó la legitimidad de los acuerdos territoriales con San Juan suscriptos durante la última dictadura militar y anunció que la discusión debe trasladarse al Congreso de la Nación. En paralelo, defendió el modelo de asociación minera a través de EMSE —con participación provincial de entre el 10% y el 25%— como contrapunto al esquema extractivo puro, ratificó la construcción de un frente federal junto a Kicillof, Ziliotto, Melella, Zamora e Insfrán, y descartó buscar una nueva reelección.
El gobernador Ricardo Quintela elevó este martes en Buenos Aires, y con un mensaje pensado para la escena nacional, el tono del conflicto que enfrenta a La Rioja y San Juan por el proyecto minero Josemaría. Lo hizo con una jugada política de alto voltaje: pidió la revisión de los acuerdos de límites interprovinciales firmados en 1968, en plena dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, y sostuvo que la soberanía sobre la zona donde se asienta el yacimiento y sobre el área de Ischigualasto debe ser definida por el Senado de la Nación. El planteo, por su alcance y por el momento político en que se formula, abre un nuevo frente en la disputa con la administración de Marcelo Orrego y escala a la Casa Rosada una cuestión que hasta ahora circulaba en los tribunales de Chilecito y en los despachos provinciales.
En la misma entrevista, el mandatario riojano desplegó un diagnóstico crítico sobre la gestión de Javier Milei y volvió a poner en escena la consolidación del Frente Federal de gobernadores, al tiempo que ratificó que no buscará una nueva reelección y que su objetivo es «marcar el camino» para que la explotación minera sustentable se convierta, en los próximos años, en motor efectivo del desarrollo riojano.
«Hambre y endeudamiento»: el diagnóstico social
El gobernador comenzó la entrevista con una advertencia política que apuntó directamente al corazón de la gestión libertaria. Describió un cuadro social deteriorado, atravesado —según su lectura— por una combinación de «opresión y asfixia» que lleva a la sociedad argentina a un límite peligroso de hambre y endeudamiento. Planteó, en ese marco, que si no se modifica el rumbo económico existe el riesgo de una reacción social fuerte antes de la finalización del mandato presidencial en 2027.
La afirmación no es menor en boca de un gobernador peronista que viene sosteniendo una pulseada pública con la Casa Rosada por coparticipación, Aportes del Tesoro Nacional, paralización de la obra pública nacional y recortes en áreas sensibles como salud y educación. El tono de la intervención se alinea con la batería de datos que vienen marcando la presión social: destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo formales desde diciembre de 2023, caída del 39% en el poder adquisitivo del salario mínimo y un ranking de cierre de empresas en el que La Rioja encabeza la tabla con una pérdida del 16,1% de sus empleadores registrados.
EMSE como llave: del extractivismo al modelo asociativo
En el capítulo minero, Quintela desplegó el esquema que su gestión viene construyendo como marca propia. A diferencia de otras jurisdicciones del país, La Rioja busca asociarse directamente con las empresas operadoras a través de la firma estatal EMSE (Energía y Minerales Sociedad del Estado), un mecanismo que —según detalló— permite a la provincia participar de las utilidades de los proyectos en un rango de entre el 10% y el 25% según el mineral de que se trate, sin necesidad de inversión de capital inicial.
El modelo marca diferencia explícita con el esquema tradicional de regalías mineras y se apoya en una lectura política: la provincia no es apenas una jurisdicción que cobra un canon, sino un socio activo en la explotación de sus recursos. «La prioridad es generar empleo local y superar el modelo puramente extractivista, incorporando valor agregado a los metales», sostuvo el gobernador. El planteo se inscribe en la discusión nacional más amplia sobre el perfil de la nueva etapa minera argentina, que con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los grandes proyectos cupríferos y litíferos del oeste se propone multiplicar la producción, pero que todavía no resuelve la pregunta sobre cuánto de esa riqueza se queda en las comunidades y cuánto se exporta en bruto.
Josemaría e Ischigualasto: la jugada fuerte sobre los límites
El giro de mayor densidad institucional fue, sin embargo, el que Quintela le dio a la vieja disputa de límites con San Juan. El gobernador reflotó la discusión histórica por la ubicación del yacimiento Josemaría —integrado hoy al Proyecto Vicuña junto con Filo del Sol, bajo operación conjunta de Lundin Mining y BHP— y también sobre el área de Ischigualasto, el emblemático Parque Provincial sanjuanino declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, conocido popularmente como Valle de la Luna.
Su argumento apunta a la legitimidad jurídico-política de los acuerdos firmados. Quintela denunció que los convenios que fijaron los límites actuales entre las dos provincias fueron suscriptos por gobernadores de facto en 1968, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía, y planteó que deben ser revisados. Sostuvo, en ese sentido, que la Constitución Nacional asigna al Senado de la Nación el rol institucional de intervenir y resolver la soberanía sobre los territorios en disputa, en línea con las atribuciones del Congreso para arreglar definitivamente los límites interprovinciales.
El planteo modifica la naturaleza del conflicto. Hasta ahora, la discusión entre La Rioja y San Juan giraba en torno al corredor logístico de Guandacol, la falta de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la empresa y la medida autosatisfactiva que dictó en abril la jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito. Con esta intervención, Quintela amplía el campo de batalla: no discute solamente el uso de una traza vial o los controles ambientales sobre un camino, sino la titularidad territorial de un área que incluye uno de los yacimientos de cobre más grandes del continente y una joya geológica de proyección internacional. El antecedente histórico más cercano es el planteo de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia en torno al Cerro Las Tórtolas, que quedó en un impasse jurídico.
Frente Federal: Kicillof, Ziliotto, Melella, Zamora e Insfrán
Más allá de la minería, Quintela volvió a colocar sobre la mesa la construcción política nacional que viene alimentando desde hace meses. Ratificó la consolidación de un bloque de gobernadores que integra junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gildo Insfrán (Formosa), con el objetivo declarado de diseñar una alternativa política federal frente al modelo libertario.
Según el mandatario riojano, el frente aspira a integrar también a sectores del peronismo que hoy transitan por afuera del bloque, a centrales obreras y a espectros ideológicos diversos, bajo el objetivo de «recuperar el poder al servicio de la sociedad». El planteo deja entrever, además, un intento por construir una plataforma federal desde el interior productivo que pueda disputarle volumen político tanto al kirchnerismo bonaerense como al esquema libertario del Gobierno nacional.
Sin reelección y con el cambio de gestión en el horizonte
Uno de los títulos menores pero de alta carga política fue la confirmación de que Quintela no buscará una nueva reelección. «Mi objetivo actual es marcar el camino para que las futuras gestiones puedan concretar la explotación minera sustentable que dinamice la economía de los departamentos riojanos», explicó. La frase cierra, en los hechos, una discusión que atravesó el último tramo de su mandato: la de un eventual nuevo intento de permanencia institucional, que había sido materia de especulación dentro y fuera del peronismo provincial, y que el gobernador prefirió despejar en un escenario nacional antes que en el local.
El tablero nacional y riojano, al rojo vivo
La entrevista de Quintela en Buenos Aires deja una foto nítida del momento que atraviesa La Rioja. Una provincia que lidera el ranking nacional de destrucción de empresas pero que, al mismo tiempo, se posiciona en el podio de crecimiento del empleo privado. Una jurisdicción que apuesta fuerte al desarrollo minero bajo un modelo de asociación estatal, y que simultáneamente eleva una disputa de límites con la provincia vecina que podría dar vuelta el tablero del proyecto minero más grande del país. Un gobernador que se perfila como pieza central de un armado federal opositor y que, a la vez, anuncia su retiro de la pelea electoral local.
Para el Gobierno nacional de Javier Milei, la intervención suma un frente que hasta ahora no estaba sobre la mesa: una pulseada territorial entre dos provincias cuyo desenlace podría involucrar al Senado, a la Corte Suprema y a la propia dinámica del RIGI. Para La Rioja, un mensaje que combina memoria histórica, agenda económica y jugada política en un solo movimiento. Y para San Juan, una advertencia de que la disputa por el corredor logístico de Guandacol, lejos de agotarse, recién está empezando.