Vicuña: Marcelo Orrego salió a terciar en el conflicto y afirmó que el planteo de La Rioja «no tiene sustento jurídico»
El gobernador de San Juan habló por primera vez en profundidad sobre la medida autosatisfactiva riojana que paralizó el acceso al proyecto Josemaría durante 30 días. Lo hizo en rueda de prensa, destacando su condición de abogado, y pronosticó que la demanda «no va a prosperar». Invocó como respaldo las voces de intendentes riojanos que expresaron reparos al reclamo, en referencia implícita al jefe comunal de Villa Unión, Hugo Páez. La intervención de Orrego completa el cuadro de pronunciamientos oficiales sanjuaninos tras Martín y Fernández, y escala el tono político del conflicto.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, rompió este martes el relativo silencio que había mantenido sobre el diferendo con La Rioja por el proyecto minero Vicuña y lo hizo con una definición de alto voltaje. En rueda de prensa, el mandatario sanjuanino sostuvo que la presentación judicial impulsada por la Fiscalía de Estado riojana —que derivó en la medida autosatisfactiva dictada por la jueza María Greta Decker y en la suspensión por 30 días del tránsito logístico hacia el yacimiento Josemaría— «prácticamente no tiene sustento jurídico» y auguró que «no va a prosperar». La frase, pronunciada desde la máxima jerarquía política del Gobierno sanjuanino, cierra —al menos por ahora— la secuencia de pronunciamientos oficiales iniciada por el vicegobernador Fabián Martín y continuada por el ministro de Producción Gustavo Fernández.
«Más que como gobernador, mi opinión es como abogado: prácticamente no hay sustento jurídico en esa presentación», subrayó Orrego, apelando a su condición profesional para reforzar la carga técnica de la definición política. El mandatario sanjuanino reconoció que no había visto aún todas las notificaciones del expediente —porque el litigio principal se desarrolla entre la empresa Vicuña Corp., operadora del proyecto, y la Justicia riojana—, pero advirtió que su análisis jurídico le indica que la demanda no tiene futuro. «Honestamente creo que esto no va a prosperar, no tiene fundamento alguno», remarcó.
Tres voces sanjuaninas, un mismo eje jurídico
La intervención de Orrego se enmarca en una secuencia discursiva cuidadosamente escalonada dentro del Gobierno sanjuanino. Primero fue el vicegobernador Fabián Martín quien habló, con un tono diplomático que buscaba «dar vuelta la página» del conflicto y descartaba —al menos por ahora— una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como «medida un poco extrema». Luego llegó el turno del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien endureció el tono: calificó la medida riojana como «una idea desopilante», sugirió que sectores políticos sanjuaninos podrían estar «motivando» el conflicto y puso en duda la competencia del juez riojano sobre una actividad «que se desarrolla íntegramente en San Juan».
Ahora es el turno del gobernador, que combina las dos líneas. Por un lado, mantiene la vocación de resolución rápida que había expresado Martín. Por el otro, adopta el cuestionamiento jurídico de fondo que había formulado Fernández, pero despojado de las insinuaciones políticas más picantes, y lo respalda con su propio rango profesional. El resultado es un mensaje tridireccional: hacia La Rioja, para marcar que la vía judicial no prosperará; hacia la empresa y los inversores internacionales, para transmitir previsibilidad; y hacia el Gobierno nacional de Javier Milei, para fijar posición antes de que el conflicto escale a instancias federales.
La referencia implícita a los intendentes riojanos
Uno de los pasajes más finos de la declaración de Orrego fue la mención a voces disidentes dentro del propio territorio riojano. El gobernador sanjuanino señaló que «existen voces dentro de la misma provincia de La Rioja, como intendentes de localidades cercanas, que han manifestado dudas sobre la viabilidad del reclamo judicial». La referencia apunta de manera inequívoca a Hugo Páez, intendente de Villa Unión, cabecera del departamento Coronel Felipe Varela, quien la semana pasada se despegó públicamente de la postura del gobierno provincial y afirmó que «la mina está en San Juan y debe regirse por las leyes de San Juan».
El juego político es explícito: al invocar la palabra de Páez, Orrego muestra que el respaldo sanjuanino a su posición encuentra apoyos dentro del propio dispositivo institucional riojano. La estrategia busca neutralizar el argumento de unidad provincial que había esgrimido el Gobierno de Ricardo Quintela, y evidenciar que existen fracturas internas en el frente con el que La Rioja afronta la disputa. En paralelo, la asamblea vecinal de Guandacol —que respaldó la continuidad del proyecto y reclamó al Gobierno provincial hacerse cargo del impacto económico del corte logístico— funciona como segundo reservorio de legitimidad social al que los dirigentes sanjuaninos vienen apelando.
Seguridad jurídica, RIGI y el mensaje a los inversores
El trasfondo estructural de la intervención de Orrego tiene un nombre: seguridad jurídica. El gobernador de San Juan insistió en la necesidad de un «esclarecimiento rápido» de la situación para no entorpecer inversiones clave, una preocupación que atraviesa tanto a su administración como al Gobierno nacional. El proyecto Vicuña —la operación conjunta de Lundin Mining y BHP que integra Josemaría y Filo del Sol— es uno de los emblemas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y fue mencionado por el ministro de Economía Luis Caputo entre los 35 proyectos acogidos al régimen, con una expectativa de inversión agregada cercana a los USD 85.000 millones.
Cualquier señal de inestabilidad judicial en torno al proyecto repercute de manera directa sobre la percepción internacional del país como destino de inversión minera. En ese plano, el pronunciamiento de Orrego cumple una doble función: instala un diagnóstico optimista —»la demanda no va a prosperar»— que busca contener el nerviosismo empresarial, y al mismo tiempo refuerza el mensaje político de que San Juan está dispuesto a defender el proyecto con todos los recursos institucionales a su alcance.
El contrapunto riojano: Quintela en Buenos Aires y la jugada territorial
El pronunciamiento de Orrego se produce, sin embargo, en un momento en el que Ricardo Quintela reorientó el eje del conflicto en una dirección que modifica cualitativamente la disputa. Desde Buenos Aires, el gobernador riojano reclamó en los últimos días la revisión de los acuerdos de límites interprovinciales firmados en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y planteó que el Senado de la Nación debe intervenir para resolver la soberanía sobre la zona donde se asienta Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Con esa jugada, La Rioja transformó la discusión: ya no se trata solamente del uso del camino de Guandacol o de la falta de Evaluación de Impacto Ambiental, sino de la titularidad territorial del proyecto.
La respuesta de Orrego —al menos por ahora— mantiene el foco en el litigio estrictamente judicial y no ingresa en la discusión sobre los límites. La omisión es política: abordar ese plano implicaría reconocer la existencia misma del diferendo de soberanía, algo que el Gobierno sanjuanino ha preferido evitar. En paralelo, el reclamo riojano sobre Ischigualasto —uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de San Juan— agrega una carga simbólica que Orrego, por obvias razones de política doméstica, no está dispuesto a elevar al plano del debate público.
Un proceso en curso y un tablero que se complica
La situación actual deja un cuadro complejo para ambas administraciones. La medida judicial riojana sigue vigente, con el camino de Guandacol bloqueado y las actividades vinculadas al proyecto Josemaría suspendidas, aunque la empresa Vicuña Corp. sostiene que el emprendimiento «no está detenido» y que no fue notificada formalmente ni de la demanda ni del fallo. En paralelo, el Gobierno riojano de Quintela sostiene la presentación a través de su Fiscalía de Estado y proyecta la discusión hacia el Senado. Del lado sanjuanino, las tres voces oficiales —Martín, Fernández y Orrego— despliegan posiciones escalonadas que combinan firmeza jurídica, dureza política y llamado al diálogo.
Todo esto ocurre sobre un escenario social que tiene sus propias dinámicas: la asamblea de vecinos de Guandacol que reclamó al gobierno riojano, el posicionamiento del intendente Hugo Páez que se despegó del planteo provincial, las expectativas de los trabajadores directos e indirectos del proyecto, y un sector empresarial minero nacional e internacional que observa con atención cómo se resuelve el primer gran test del ciclo minero argentino bajo el RIGI.
Para los próximos días se esperan nuevos movimientos. La empresa podría presentar formalmente sus planteos ante la Justicia riojana una vez notificada de la causa; el Gobierno riojano podría ampliar su estrategia judicial con otras presentaciones; y el Senado de la Nación podría convertirse, si Quintela avanza con su reclamo territorial, en la próxima tribuna del conflicto. En el medio, la pregunta central queda formulada con claridad por cada uno de los mandatarios implicados: ¿es este un diferendo por un camino y por una evaluación ambiental, o es una pulseada mucho más profunda sobre la titularidad de un territorio estratégico y sobre cómo se distribuyen los beneficios de la nueva etapa minera argentina? La respuesta que los tribunales, el Congreso y las propias provincias terminen dando marcará el tono con que Argentina recibirá a las próximas grandes inversiones mineras.