Vicuña: Fabián Martín descartó por ahora una presentación ante la Corte Suprema pero volvió a cuestionar a La Rioja: «Están alejados de la realidad»
En una conferencia de prensa en San Juan, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados provincial ratificó que el yacimiento «está en territorio sanjuanino» y consideró que una acción judicial ante el máximo tribunal nacional sería una «medida un poco extrema». Pidió diálogo institucional y pasar «rápidamente la página» del conflicto. En paralelo, la agenda riojana se recalentó esta semana con la reivindicación de Ricardo Quintela sobre la soberanía territorial del proyecto Josemaría y del área de Ischigualasto.
El vicegobernador de San Juan y presidente de la Cámara de Diputados provincial, Fabián Martín, volvió a dar señales públicas sobre el conflicto que mantienen las administraciones de San Juan y La Rioja por el acceso al proyecto Vicuña, el megaemprendimiento minero que desarrollan Lundin Mining y BHP sobre los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que ratificó la tesis jurisdiccional sanjuanina, descartó por ahora una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y volvió a calificar la posición de La Rioja como una situación «incómoda» y «alejada de los marcos institucionales esperados».
«Defendemos los derechos de nuestra provincia; el yacimiento o el emprendimiento minero está en la provincia de San Juan», sostuvo Martín. El vicegobernador reconoció que el acceso al proyecto utiliza un camino alternativo por territorio riojano, pero subrayó que esa circunstancia logística no otorga, a su juicio, derechos de propiedad ni de decisión a la provincia vecina. La posición se alinea con la sostenida por el intendente de Villa Unión, Hugo Páez, quien desde el oeste riojano ya había expresado —contra la postura del propio Gobierno provincial— que «la mina está en San Juan y debe regirse por las leyes de San Juan».
«Ir a la Corte sería extremo»
La declaración de mayor densidad institucional fue la referida a las alternativas judiciales. Consultado sobre la posibilidad de que San Juan escale el conflicto hasta el máximo tribunal, Martín consideró que una presentación ante la Corte Suprema sería, en las actuales circunstancias, una «medida un poco extrema«. La definición es políticamente significativa porque establece, al menos por ahora, un techo a la pulseada y abre un margen para una salida negociada.
En esa línea, el vicegobernador ratificó que la prioridad del Gobierno sanjuanino es fomentar el diálogo institucional con La Rioja y buscar soluciones directas entre administraciones, al tiempo que enfatizó el «respeto hacia la ciudadanía riojana, a pesar de las diferencias políticas actuales». El objetivo, según expresó, es «dar vuelta la página» para que el diferendo «pase rápidamente al olvido».
El tramo conciliador choca, sin embargo, con un dato que esta semana modificó el tablero: las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela desde Buenos Aires, que pidió al Senado de la Nación revisar los acuerdos de límites interprovinciales firmados en 1968, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía, y reclamó la soberanía riojana sobre la zona donde se asienta Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. La intervención del mandatario riojano eleva el conflicto a un plano distinto al que Martín propone transitar: ya no se trata de un diferendo por un camino, sino por la titularidad territorial del yacimiento y de uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de la provincia cuyana.
RIGI, coparticipación y el argumento del «beneficio federal»
El otro eje que Martín desplegó en la conferencia fue el económico. El vicegobernador insistió en que el desarrollo de Vicuña «no solo beneficia a los sanjuaninos, sino a todo el país» y apeló al esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como marco distributivo. Según explicó, bajo ese régimen la Nación recaudará aproximadamente un 30% de lo generado por el proyecto, fondos que son coparticipables entre las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Todos, incluida La Rioja, van a tener beneficios de los proyectos mineros, sean de San Juan o de cualquier otra provincia», afirmó. El planteo apunta a construir un relato federal que desactive los cuestionamientos provinciales al proyecto y a su marco promocional. La argumentación, sin embargo, es contestada desde La Rioja con una tesis distinta: la discusión no se agota en la distribución de los futuros dividendos, sino que incluye los impactos presentes —ambientales, viales, sociales y logísticos— sobre el territorio riojano, una dimensión que Quintela y la Fiscalía de Estado provincial han venido subrayando con fuerza, y que fue el fundamento de la medida autosatisfactiva dictada en abril por la jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito.
El encuadre sanjuanino también deja de lado otro elemento puesto en escena por el gobierno riojano esta semana: el modelo asociativo con participación directa del Estado provincial a través de EMSE, que Quintela reivindicó como una fórmula alternativa al esquema tradicional de regalías y que reclama —implícitamente— que las provincias del corredor minero puedan ir más allá de los fondos coparticipables que invoca San Juan.
Diálogo pedido, pero con tres frentes abiertos
La posición expresada por Martín configura, en suma, una estrategia de distensión pública sin cesión de contenido. Descarta por ahora el camino judicial pleno —la Corte Suprema— pero sostiene el planteo jurisdiccional; invoca el respeto hacia la ciudadanía riojana pero vuelve a describir al gobierno provincial como «alejado de la realidad»; promueve el diálogo institucional pero sin mencionar concesiones concretas sobre el eje central de la disputa.
Al mismo tiempo, el cuadro que enfrenta la administración de Marcelo Orrego es más complejo que el del inicio del conflicto. Al reclamo riojano formal se sumaron tres frentes simultáneos que modifican las condiciones de la negociación: la asamblea de vecinos de Guandacol, que respaldó la continuidad del proyecto pero pidió al gobierno riojano hacerse cargo del impacto económico y laboral del corte logístico; el posicionamiento del intendente Hugo Páez, que coincidió con la postura jurídica sanjuanina pero exigió al mismo tiempo mayor planificación y la ejecución del bypass para Guandacol; y el giro estratégico del propio Quintela, que trasladó el eje desde el camino hacia la titularidad territorial e incorporó al Senado de la Nación como posible ámbito de resolución.
La agenda legislativa sanjuanina, en paralelo
Más allá del capítulo minero, Martín aprovechó la conferencia para ocuparse de dos cuestiones de agenda institucional de San Juan. Por un lado, celebró la realización de la 18° edición del Premio a la Calidad, que distinguió a empresas públicas y privadas de la provincia, en un evento con el que el Ejecutivo provincial busca proyectar una imagen de orden y previsibilidad en la gestión. Por el otro, confirmó que la Cámara de Diputados sanjuanina continúa con su labor después de haber renovado las autoridades de comisiones «de manera consensuada», y anticipó una nueva sesión para el próximo jueves.
El costado institucional apuntala, en términos discursivos, el mensaje que el vicegobernador intentó transmitir en el tramo central de la conferencia: San Juan se propone como una provincia que gestiona, que premia la calidad y que dialoga. La Rioja, en cambio, queda ubicada en esa narrativa como una jurisdicción «alejada de los marcos institucionales esperados». Una disputa de posicionamiento público que se agrega a la ya compleja pulseada por Vicuña, y que seguirá escribiéndose en los próximos días, con la medida cautelar aún vigente, con el camino de Guandacol bloqueado y con ambas provincias midiendo cada gesto a la espera del próximo movimiento.