Guandacol se plantó frente al gobierno de Quintela: una asamblea vecinal respaldó el proyecto Vicuña y reclamó medidas urgentes por el corte del corredor minero
Cientos de vecinos y trabajadores del pueblo riojano del oeste se concentraron este lunes en una asamblea pública tras conocerse el fallo de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito que ordenó cerrar por 30 días el acceso logístico al yacimiento Josemaría. Aclararon que no discuten el fondo ambiental de la medida, pero exigieron al Estado provincial que «se haga cargo» del impacto sobre transportistas, comerciantes y trabajadores. Votaron a mano alzada su respaldo a la continuidad del proyecto y se declararon en «estado de alerta y organización pacífica».
El conflicto por el Proyecto Vicuña —la operación binacional de Lundin Mining y BHP que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol— abrió un nuevo frente, esta vez dentro del propio territorio riojano. La comunidad de Guandacol, localidad cabecera del departamento Felipe Varela y puerta histórica del corredor minero hacia la cordillera, hizo oír públicamente su malestar frente al gobierno de Ricardo Quintela después de que una resolución judicial ordenara el cierre por 30 días del acceso logístico vinculado al emprendimiento. La medida rige desde el fallo emitido el 16 de abril por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito y golpea directamente sobre la actividad económica cotidiana del pueblo.
La decisión tuvo un efecto inmediato. En una asamblea pública convocada ayer por la tarde, cientos de vecinos y trabajadores con vínculo directo o indirecto con el proyecto minero advirtieron que la paralización del corredor impacta de lleno sobre transportistas, comerciantes y familias enteras que dependen del movimiento económico que genera Vicuña en la zona. El encuentro funcionó, en los hechos, como la primera expresión colectiva y formal de la comunidad frente al diferendo interjurisdiccional con San Juan y, al mismo tiempo, como un reclamo político hacia la Casa de Gobierno provincial.
«No cuestionamos la medida ambiental, pero la Provincia debe hacerse cargo»
El comunicado final difundido tras la asamblea marcó con precisión quirúrgica el límite de la protesta. Los vecinos fueron explícitos al señalar que su planteo no se dirige contra el trasfondo ambiental de la medida judicial, sino que exigen que el Estado provincial asuma las consecuencias sociales y económicas que hoy recaen sobre Guandacol. «Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental: exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores y la comunidad», plantearon en el documento.
La distinción no es menor y tiene peso institucional. Colocada sobre la mesa por la propia comunidad, deja al gobierno de Quintela frente a una situación compleja: la Fiscalía de Estado provincial fue la que impulsó la medida autosatisfactiva que derivó en el fallo de la jueza María Greta Decker, pero son los vecinos de su propia provincia —no de San Juan— los que hoy piden medidas urgentes para morigerar el impacto del corte. El reclamo abre, de hecho, un flanco interno que se suma al diferendo ya abierto con la administración de Marcelo Orrego y al pronunciamiento del vicegobernador sanjuanino Fabián Martín, que esta semana había calificado al gobierno riojano como «un poco alejado de la realidad».
Acciones legales, padrón y respaldo a la continuidad del proyecto
La asamblea no se agotó en la expresión del malestar. Los vecinos resolvieron impulsar acciones legales para visibilizar la problemática, conformaron comisiones de trabajo y comenzaron la elaboración de un padrón que permita dimensionar con datos concretos el impacto real de la paralización sobre la población local. El trabajo censal buscará cuantificar cuántos trabajadores directos, proveedores, transportistas y comercios de Guandacol y zonas de influencia quedaron afectados por el corte logístico.
El otro punto destacado del encuentro fue la votación a mano alzada que, por mayoría, ratificó el respaldo comunitario a la continuidad del Proyecto Vicuña. Los asistentes consideraron al emprendimiento un «eje central para el desarrollo económico local» y un elemento clave para el sostenimiento de puestos de trabajo formales en un departamento donde las alternativas productivas son históricamente escasas. La votación, en los hechos, cristaliza una postura que el gobierno provincial ya venía percibiendo en los sondeos informales del oeste riojano y que ahora quedó formalizada en un acto público.
Finalmente, la asamblea resolvió declararse en estado de alerta y organización pacífica, y solicitó la apertura urgente de canales de diálogo con las autoridades provinciales para encontrar soluciones concretas. El punto fue pensado como un mensaje doble: mostrar disposición al entendimiento, pero también dejar en claro que la comunidad no va a permanecer pasiva mientras el corte de la traza se prolongue.
Una imagen políticamente compleja para el gobierno provincial
El escenario plantea un desafío de lectura fina para la administración de Quintela. Por un lado, el gobierno provincial ha sostenido —con fundamento institucional— que la Justicia actuó ante la falta de respuestas de la empresa operadora en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y de uso de la infraestructura vial provincial. Por el otro, la protesta de Guandacol instala en la agenda pública un dato incómodo: quienes se sienten más perjudicados por la medida no son los actores empresariales ni los funcionarios sanjuaninos, sino los propios trabajadores y comerciantes riojanos del área de influencia directa del proyecto.
En el entorno del Gobernador ya se analizan los próximos pasos, que podrían incluir la apertura formal de una mesa de diálogo con representantes de Guandacol, la articulación de medidas de asistencia económica para los sectores directamente afectados y la búsqueda de un esquema intermedio que permita sostener los controles ambientales exigidos por la Fiscalía de Estado sin profundizar la parálisis logística. La intervención del intendente local y de los referentes sindicales del transporte asoma como una llave para descomprimir la tensión en las próximas horas.
El telón de fondo nacional: RIGI, coparticipación y un corredor minero bajo la lupa
La asamblea de Guandacol se produce en el momento exacto en que el proyecto Vicuña atraviesa su fase de mayor exposición pública. El emprendimiento está presentado bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es considerado por el Gobierno nacional de Javier Milei como uno de los proyectos emblema del nuevo ciclo minero argentino, y forma parte del paquete de 35 iniciativas que, según anunció el ministro Luis Caputo, acumulan una expectativa de inversión cercana a los USD 85.000 millones. A eso se suma el anuncio del secretario de Energía y Minería, Daniel González, sobre la llegada de entre 15 y 20 proyectos adicionales al régimen antes de julio de 2027.
En ese marco, la disputa por el corredor logístico de Guandacol excede en mucho a las dos provincias involucradas. Es, en buena medida, un ensayo general sobre cómo se resuelven en la práctica los conflictos interjurisdiccionales, ambientales y comunitarios asociados al despliegue de los grandes proyectos mineros en la cordillera argentina. Y coloca a Guandacol, por unos días, en el centro de un debate que empieza en la ruta y termina en la Casa Rosada.