El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI), Juan Pablo Delgado, atribuyó «tinte político» a la decisión judicial de La Rioja, ratificó que la empresa ya presentó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental y recordó que Vicuña emplea a más de 150 riojanos y licitó el mantenimiento de caminos exclusivamente a firmas locales; el proyecto, sostenido por una inversión de 11.000 millones de dólares, continúa operando por el Corredor del Norte sanjuanino.
LA RIOJA.– El frente de presión sobre el gobierno de Ricardo Quintela por el conflicto con el proyecto minero Vicuña sumó esta semana una nueva voz, esta vez desde el entramado empresarial vinculado a la actividad. El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI), Juan Pablo Delgado, advirtió en diálogo con el programa Todos Vivos que la orden judicial riojana que suspendió el tránsito minero en la zona de Guandacol «nos perjudica a todos, tanto a los sanjuaninos como a los argentinos», y atribuyó la decisión a un «tinte político» que, a su juicio, no conduce a ningún lado y obstaculiza la llegada de inversiones al país.
La intervención de CASEMI completa un cuadro en el que ya habían tomado posición pública el Gobierno de San Juan —a través del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, que calificó la medida como una «provocación»— y la propia operadora del yacimiento, cuyo country manager, José Luis Morea, expuso la existencia de una licitación de circunvalación en Guandacol valuada en alrededor de 10 millones de dólares. El alineamiento entre la administración orreguista, la cámara empresarial y la compañía configura una estrategia de comunicación coordinada que apunta a aislar políticamente la decisión riojana.
Una inversión de US$11.000 millones bajo cuestionamiento
Delgado puso el foco en la magnitud de lo que está en juego. Subrayó que las barreras legales generan un daño importante a la imagen del país ante el mundo, especialmente cuando se trata de una inversión de 11.000 millones de dólares —una de las apuestas de capital extranjero más significativas de los últimos años en la minería argentina, sostenida por la asociación entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP—. La cifra es relevante en el debate doméstico porque el proyecto se inscribe entre los grandes desarrollos potencialmente alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa el Gobierno de Javier Milei, y su evolución es seguida con atención por inversores y por las cámaras empresariales del sector.
El dirigente de CASEMI hizo además una consideración orientada a desactivar la narrativa según la cual el proyecto no derrama beneficios sobre territorio riojano. Recordó que Vicuña emplea a más de 150 trabajadores riojanos y que el mantenimiento de los caminos en la provincia fue licitado exclusivamente a firmas locales, en un esquema que coincide con la convocatoria a siete empresas de La Rioja que la propia compañía ya había puesto en marcha desde enero. «El progreso que trae la actividad es fundamental para comunidades como Guandacol», planteó Delgado, en una línea argumental que retoma la postura empresarial de presentar a la población local como principal damnificada por la paralización.
El estado de la DIA y la lectura política del conflicto
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento sanjuanino apunta a desmontar la idea de un incumplimiento ambiental por parte de la operadora. «La empresa ha presentado la declaración de impacto ambiental (DIA) del camino y está esperando la aprobación», confirmó Delgado, en sintonía con lo expresado por Morea desde la conducción ejecutiva de Vicuña. La afirmación pone el foco sobre la administración riojana: el trámite, según la empresa y la cámara, está formalmente en marcha y depende exclusivamente de un acto administrativo de las autoridades provinciales para destrabarse.
Esa precisión es estratégica. Si la DIA está presentada y a la espera de aprobación, el conflicto pierde el revestimiento técnico-ambiental que el oficialismo riojano viene utilizando como fundamento de su postura y queda expuesto, al menos según la lectura sanjuanina, como una cuestión de decisión política. El propio Delgado lo planteó sin eufemismos al sostener que el conflicto tiene «un tinte político» y reclamó que se resuelva con celeridad para que el desarrollo de la zona de influencia no se vea afectado por procesos judiciales inciertos.
El proyecto opera por el Corredor del Norte
Mientras la disputa institucional permanece abierta, la operatividad del yacimiento se mantiene a través de vías alternativas dentro de San Juan. Ante el bloqueo de la ruta en Guandacol —ejecutado por personas que se identificaron como efectivos policiales—, la empresa redirigió su logística hacia el Corredor del Norte, un trazado situado en el departamento Iglesia que la propia compañía viene refaccionando. Desde el entorno de Vicuña aseguraron que, al no haber sido notificados formalmente de la medida judicial, mantienen sus tareas con normalidad utilizando las vías de acceso alternativas dentro de territorio sanjuanino, a la espera de que se normalice el tránsito por La Rioja.
La continuidad operativa por el corredor sanjuanino constituye un dato decisivo del conflicto. Demuestra que la decisión riojana no logró interrumpir el flujo productivo del proyecto, sino apenas alterar su matriz logística, y al mismo tiempo refuerza la urgencia política del Gobierno de Marcelo Orrego por completar la traza enteramente sanjuanina. Una vez finalizada esa obra, el margen de presión institucional de La Rioja sobre el yacimiento se reduciría a su mínima expresión.
Una pinza sobre el Gobierno riojano
La sucesión de pronunciamientos articula una pinza política y comunicacional sobre la administración Quintela. En menos de una semana, el ministro de Producción de San Juan acusó a La Rioja de «provocación» y vinculó el conflicto con sectores del kirchnerismo sanjuanino; la empresa reveló una licitación millonaria con destinatarios riojanos y calificó como «sorpresiva» la actitud de los poderes provinciales; y la cámara empresarial sanjuanina cuestionó el «tinte político» del fallo y ratificó que la DIA está presentada y a la espera de aprobación. Cada uno de esos mensajes ataca un pilar distinto de la postura oficial riojana —legitimidad jurídica, falta de derrame local, fundamento ambiental— y compone una narrativa en la que el costo político de sostener la medida tiende a crecer.
Para el oficialismo riojano, el cuadro plantea un dilema delicado. La defensa del territorio cordillerano, en línea con la sensibilidad histórica heredada del conflicto de Famatina y con las resistencias activas en General Lamadrid, ha sido un eje constitutivo del discurso provincial. Pero el alineamiento de actores empresariales, gubernamentales y técnicos del sector minero, en un contexto nacional dominado por la agenda del RIGI, vuelve cada vez más oneroso sostener una postura percibida como obstaculizadora desde el resto del sistema. La resolución del trámite ambiental pendiente —ya sea en sentido positivo o negativo— se perfila, en consecuencia, como el próximo gran punto de definición del conflicto.
El sector minero sanjuanino sale en defensa de Vicuña y advierte que el fallo riojano «perjudica a todos»
