El informe oficial de la Dirección General de Deuda Pública revela la anatomía del pasivo provincial al 30 de diciembre de 2025. La provincia honró sus compromisos con organismos multilaterales y bonos locales, pero los títulos internacionales bajo ley extranjera —emitidos en dólares y en cesación de pagos— acumulan $463.311 millones sin amortización ni intereses abonados en todo el ejercicio. El Gobierno nacional retuvo además $530 millones de coparticipación para cubrir la deuda con ANSES.
La Dirección General de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja publicó la Planilla II de ejecución presupuestaria correspondiente al período enero-diciembre 2025, el documento oficial que radiografía con mayor precisión el estado del pasivo provincial. Los números confirman una arquitectura de deuda marcada por una fractura estructural: la provincia paga puntualmente a multilaterales y tenedores de bonos domésticos, pero mantiene en cesación de pagos la deuda con acreedores internacionales por un monto que solo se infla con el paso del tiempo.
El número total y su composición
El stock de deuda pública provincial, incluyendo avales y garantías, cerró el 30 de diciembre de 2025 en $584.604,51 millones de pesos —valuados al tipo de cambio BNA de $1.455 por dólar vigente en esa fecha. Ese número, leído sin contexto, puede parecer homogéneo. No lo es.
La deuda se organiza en cuatro bloques de naturaleza radicalmente distinta. El primero es la deuda con el Gobierno Nacional, que totaliza $28.112,44 millones e incluye el préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES) por $1.399,65 millones, el financiamiento fiduciario para la construcción del nuevo Hospital de Chilecito por $16.775,78 millones, y créditos con el BID y el BIRF por $9.837,01 millones. El segundo bloque son los préstamos directos con organismos internacionales: $26.166,59 millones correspondientes al programa BIRF 8008 de fortalecimiento de la gestión pública provincial. El tercero es la deuda consolidada, que suma $88,48 millones e incluye pasivos con el ex-Banco Rioja y moratorias impositivas que no registraron ningún movimiento durante el ejercicio.
El cuarto bloque es el que define el perfil de riesgo de La Rioja: los Títulos Públicos Provinciales, que totalizan $530.068,07 millones y representan el 90,7% del pasivo total antes de avales.
El default en números: $463.311 millones sin un solo pago
Dentro del capítulo de títulos públicos, la distinción central es entre los bonos bajo ley local y los títulos bajo ley extranjera. Los primeros —Clases I y II, denominados en dólares pero con jurisdicción argentina— registran un stock de $66.754,93 millones y muestran actividad: durante 2025 se amortizaron $11.554,62 millones y se pagaron $4.534,96 millones en intereses. Estos bonos están siendo honrados.
Los Títulos Públicos Internacionales bajo ley extranjera son otra historia. Su stock al cierre del ejercicio asciende a $463.311,93 millones —el 79,3% del pasivo total provincial— y tanto la columna de amortización como la de intereses exhiben el mismo valor: cero. Durante los doce meses del ejercicio 2025, la provincia no realizó ningún pago de capital ni de intereses sobre estos títulos. El default, iniciado con el vencimiento de los bonos del Parque Eólico Arauco en 2020, sigue vigente y sin resolución a la vista.
Esta deuda denominada en dólares crece en pesos de manera automática con cada variación del tipo de cambio. Al dollar BNA de $1.455 del 30 de diciembre, la conversión amplifica el tamaño nominal del pasivo en términos de moneda local, generando una presión contable creciente que no refleja pagos reales pero sí deteriora los indicadores de sostenibilidad fiscal.
Coparticipación retenida: el Estado nacional cobra por su cuenta
Una nota al pie del informe oficial revela un mecanismo que ilustra la relación entre La Rioja y el gobierno central con mayor elocuencia que cualquier declaración política. El 16 de diciembre de 2025, el Estado nacional retuvo de la coparticipación federal de impuestos correspondiente a La Rioja la suma de $530.067,71 millones. El concepto: el pago de la deuda con el Bono de Conversión emitido a favor del FGS-ANSES, que incluye compromisos de los años 2016, 2017 y 2018.
En otros términos: La Rioja no transfirió ese dinero de manera voluntaria. Nación lo descontó directamente de los fondos coparticipables antes de girarlos a la provincia. Es el mismo mecanismo que el gobernador Quintela y sus funcionarios critican sistemáticamente cuando señalan que el gobierno de Milei recauda impuestos que no redistribuye con equidad —solo que en este caso la retención tiene un respaldo contractual previo.
El Hospital de Chilecito: una deuda que sigue pesando
Entre los pasivos que sí se pagan, uno merece atención especial por su impacto local. El financiamiento para la construcción del nuevo edificio del Hospital de Chilecito, instrumentado a través de un fondo fiduciario nacional, registra un stock de $16.775,78 millones al cierre del ejercicio. Durante 2025, la provincia amortizó $2.570,57 millones e integró intereses por $1.322,85 millones. Es el componente más oneroso dentro del bloque de deuda con el Gobierno Nacional, y su existencia recuerda que la infraestructura sanitaria del interior provincial se financia con crédito que genera compromisos de largo plazo sobre las finanzas públicas locales.
El servicio de deuda que sí se paga
Sumando todos los componentes que registraron movimiento efectivo durante 2025, la provincia desembolsó en concepto de amortizaciones $16.546,73 millones e integró intereses por $8.323,07 millones, lo que arroja un servicio de deuda total en base caja de aproximadamente $24.869,80 millones en el ejercicio. Se trata de una carga significativa para una provincia cuya recaudación propia es estructuralmente insuficiente y cuya supervivencia fiscal depende en más del 80% de las transferencias nacionales.
La foto de un pasivo en dos velocidades
Lo que el informe oficial de la Dirección General de Deuda Pública pone en evidencia es una provincia que administra su pasivo en dos velocidades: con los acreedores que tienen poder de retención —el Estado nacional vía coparticipación, los organismos multilaterales— paga con regularidad; con los tenedores de bonos internacionales bajo ley extranjera, que litigan en tribunales de Massachusetts sin acceso a los activos provinciales en el corto plazo, mantiene el default como política de hecho. Esa estrategia tiene un costo financiero diferido que ningún número de planilla puede capturar con precisión: el cierre del mercado internacional de crédito para La Rioja por tiempo indeterminado.
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