El Anexo 4 de la ejecución presupuestaria 2025 revela que la provincia mantiene vigente un aval otorgado a la empresa Cerdo de los Llanos SAU respaldado con fondos de coparticipación federal. Si la firma no paga, Nación descuenta directamente de las transferencias a la provincia. En un contexto donde La Rioja ya perdió $530 millones de coparticipación por retención de ANSES, comprometer ese mismo recurso como garantía corporativa configura un riesgo fiscal de segunda capa que el presupuesto provincial raramente visibiliza.
Hay un mecanismo en las finanzas públicas provinciales que opera en silencio pero que concentra un riesgo fiscal de primera magnitud: los avales y garantías que el Estado otorga a privados con la coparticipación federal como respaldo. La Dirección General de Deuda Pública de La Rioja publicó el Anexo 4 de la ejecución presupuestaria correspondiente a diciembre de 2025, un documento de una sola página que detalla las características de esos compromisos. La lectura de sus tres filas revela tanto por lo que muestra como por lo que ya no aparece.
El aval activo: un criadero porcino con $150 millones pendientes
El único aval con saldo adeudado vigente al cierre del ejercicio corresponde a Cerdo de los Llanos SAU, empresa beneficiaria de un aval otorgado al amparo de la Ley provincial N° 10368/21. El objeto del financiamiento es la mejora y ampliación de un frigorífico y la expansión del criadero porcino. El monto original del contrato fue de $193,76 millones y el saldo adeudado a diciembre de 2025 asciende a $150,38 millones —lo que implica que la empresa amortizó apenas $43,38 millones desde la constitución del crédito.
Las condiciones financieras del instrumento son exigentes para cualquier empresa del interior productivo: tasa BADLAR privada más un spread del 6%, con un plazo total de 7 años, 24 meses de gracia y 84 cuotas mensuales. La BADLAR privada —referencia del costo del dinero para depósitos mayoristas de más de un millón de pesos— fluctuó en valores elevados durante 2024 y 2025, lo que implica que el costo real del crédito para la empresa fue significativamente superior al spread fijo de 6 puntos.
Lo decisivo no es la tasa sino la garantía: coparticipación federal de impuestos. Si Cerdo de los Llanos SAU incumple con el servicio de la deuda, el acreedor tiene derecho a ejecutar el aval y el descuento se practica directamente sobre los fondos coparticipables que Nación debe girar a La Rioja. La provincia no paga con un activo productivo propio ni con reservas: paga cediendo el recurso más líquido y estratégico de sus finanzas públicas.
El contexto que multiplica el riesgo
Este mecanismo adquiere una dimensión diferente cuando se lo lee junto al resto de la ejecución presupuestaria. El mismo informe oficial reveló que el 16 de diciembre de 2025, el Estado nacional retuvo $530,07 millones de coparticipación federal de La Rioja para cubrir la deuda con el FGS-ANSES. La coparticipación no es solo la fuente de financiamiento del gasto corriente provincial —representa más del 80% de los ingresos totales de La Rioja—; es también el activo que múltiples acreedores ya tienen en la mira como instrumento de cobro.
Comprometer ese mismo recurso como garantía corporativa en favor de una empresa privada —aunque sea con fines de desarrollo productivo legítimos— añade una capa de riesgo fiscal que el presupuesto no suele visibilizar con claridad. Si la empresa entra en dificultades, La Rioja no solo pierde la coparticipación por esa vía: la pierde en un momento en que ya la está perdiendo por otras.
Los avales cancelados: DRIPSA y vivienda
Los otros dos instrumentos registrados en el Anexo 4 muestran saldo adeudado en cero. DRIPSA S.A., beneficiaria de un préstamo del Reglamento 400 para financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas bajo estructura de fideicomiso financiero, ya no tiene obligaciones pendientes. El Fideicomiso Financiero A.P.V. y U., correspondiente al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas —con contrato original de $70,94 millones, tasa BADLAR más 2% y plazo de 52 cuotas mensuales con dos años de gracia—, tampoco registra saldo activo.
Que esos dos avales estén saldados es una buena noticia de gestión. Pero el cuadro total de garantías —$264,70 millones en contratos originales con $150,38 millones aún vigentes y respaldados con coparticipación— confirma que el Estado provincial asume pasivos contingentes que no siempre están en el centro del debate sobre la sostenibilidad fiscal riojana.
La coparticipación como moneda de cambio
La lectura sistémica de los documentos oficiales de la Dirección General de Deuda Pública de La Rioja perfila un cuadro donde la coparticipación federal cumple simultáneamente tres funciones: es el ingreso corriente que financia el gasto operativo, es el activo que Nación retiene para cubrir deudas históricas, y es la garantía que respalda créditos a empresas privadas. Tres demandas distintas sobre el mismo recurso finito. Esa arquitectura no es insostenible por definición, pero no admite ningún margen de error: ni en el comportamiento de los deudores privados, ni en la evolución de las retenciones nacionales, ni en la volatilidad del tipo de cambio que infla el stock de la deuda en dólares. Hasta ahora, los tres factores han operado de manera simultáneamente desfavorable.
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