La minera cuprífera —joint venture de BHP y Lundin Mining— tenía en marcha, con anterioridad a la cautelar dictada por la jueza María Greta Decker, un plan de inversión que contemplaba la licitación del «bypass» vial por la localidad riojana con convocatoria a siete empresas de la provincia, además de obras de mantenimiento sobre la traza provincial y esquemas de contratación de proveedores locales. El dato modifica la lectura política del conflicto y reconfigura el tablero de la negociación con el gobierno de Ricardo Quintela.
El proyecto cuprífero Vicuña tenía comprometida, antes del estallido del conflicto interprovincial con La Rioja, una obra de circunvalación en la localidad de Guandacol cuyo monto estimado por terceros ronda los 10 millones de dólares. El dato —que hasta ahora no había sido incorporado al debate público sobre la disputa— modifica sustancialmente la lectura política del fallo dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, que suspendió por 30 días el tránsito minero por el camino de Guandacol y exigió la presentación de los estudios de impacto ambiental correspondientes.
La cronología resulta decisiva. Mientras el gobierno provincial construyó su intervención judicial sobre el diagnóstico de que la operadora no ofrecía contrapartidas concretas a las comunidades riojanas afectadas por el tránsito pesado, el proceso de licitación de la circunvalación ya estaba formalmente abierto, con siete empresas riojanas convocadas a presentar ofertas. El monto definitivo surgirá del propio proceso competitivo, pero las estimaciones del sector ubicaban la obra en el orden de los 10 millones de dólares, una cifra de magnitud relevante para una infraestructura vial provincial de carácter específico.
Qué resuelve la obra
La circunvalación de Guandacol tiene como propósito técnico desviar el tránsito minero pesado del casco urbano de la localidad, eliminando así uno de los puntos de mayor fricción con la comunidad local. Sobre los 200 kilómetros de traza que el proyecto Vicuña recorre en territorio riojano —desde Guandacol hasta reingresar a San Juan rumbo al campamento Batidero—, el cruce por el centro urbano de Guandacol concentra buena parte de las externalidades ambientales y sociales asociadas a la operación: el ruido, el polvo, la presión sobre las calles internas y el riesgo vial cotidiano.
Al construirse una traza perimetral que evite ese cruce, la obra apunta a resolver de manera práctica y verificable el reclamo ambiental más visible de las comunidades del oeste riojano. No altera la lógica general del recorrido logístico —el tránsito sigue utilizando infraestructura de La Rioja—, pero neutraliza el impacto sobre el núcleo urbano, que es precisamente donde se concentra la demanda social.
Convocatoria a empresas riojanas
La operadora invitó a siete empresas de la provincia de La Rioja a participar del proceso licitatorio, con firmas radicadas tanto en la capital provincial como en Chilecito, cabecera política y económica del oeste riojano. La composición de la convocatoria responde a un diseño deliberado: movilizar capital y empleo local, en un esquema análogo al que ya rige para los proveedores de Iglesia y Jáchal en la provincia de San Juan, donde la actividad minera cuenta con un entramado consolidado de contratistas con asiento territorial.
El dato desmonta parcialmente uno de los argumentos centrales esgrimidos por el Ejecutivo provincial al momento de impulsar la medida autosatisfactiva. El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, había planteado públicamente que el único impacto que hasta entonces había dejado el proyecto sobre el territorio riojano era «el polvo constante y las complicaciones que genera el tránsito». La convocatoria a siete firmas riojanas para una obra estimada en 10 millones de dólares introduce, en los hechos, una contrapartida económica medible que el debate público no había registrado.
El plan integral de integración
La circunvalación no constituye una iniciativa aislada, sino que se inscribe dentro de un esquema más amplio de relación con el territorio riojano que la operadora venía ejecutando en paralelo al avance de la preconstrucción. Ese esquema incluye el mantenimiento de los tramos de la traza provincial que conectan Guandacol con el campamento Batidero, para los cuales la compañía solicitó oportunamente la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente ante la autoridad riojana —trámite que quedó comprendido en la controversia actual—, y una política declarada de incorporación progresiva de proveedores y mano de obra local.
La solicitud de la Declaración de Impacto Ambiental por las mejoras viales sobre la traza riojana es, en sí misma, un elemento relevante de la cronología. La operadora había activado los canales administrativos formales ante la provincia antes del conflicto judicial, reconociendo la competencia de La Rioja sobre la infraestructura que utiliza para su logística. El hecho de que ese expediente no haya culminado con la autorización correspondiente es parte sustantiva del argumento del Ejecutivo provincial, pero la mera existencia del trámite contradice cualquier lectura que presuponga un desconocimiento empresarial de las potestades provinciales.
El Corredor Norte y el plan B de Iglesia
A la obra de la circunvalación y al mantenimiento de la traza riojana se suma, en el plano estrictamente sanjuanino, la construcción del Corredor Norte, la vía íntegramente asentada en territorio de San Juan que está llamada a sustituir en el mediano plazo el paso por La Rioja como principal acceso al yacimiento. Ese corredor atraviesa actualmente una fase de redefinición: la operadora resolvió apartar a la UTE integrada por las firmas que tenían a su cargo los tramos E y F —unos 50 kilómetros entre La Majadita, La Brea y el campamento Batidero—, con el objetivo de retomar las obras tras el Operativo Invierno con nuevos contratistas.
En paralelo, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, confirmó que el departamento cuenta con un corredor interno que parte desde Rodeo por la Ruta Provincial 430, atraviesa Angualasto, Malimán y El Chinguillo, y empalma con el camino que llega desde La Rioja para desembocar en el campamento Batidero. Esa vía funciona como respaldo operativo ante urgencias y permite, en los hechos, que la operación no se paralice mientras dure la cautelar dictada por la Justicia riojana.
El cuadro completo configura, así, una arquitectura logística de triple capa: una obra de mitigación dentro de territorio riojano (la circunvalación), una obra estructural de independencia dentro de territorio sanjuanino (el Corredor Norte) y una vía alternativa de emergencia (el corredor Rodeo–Batidero).
Un conflicto que la inversión previa desdibuja parcialmente
La existencia del proceso licitatorio de la circunvalación con anterioridad al fallo judicial modifica el equilibrio narrativo del conflicto. La confrontación se había articulado sobre un eje binario: por un lado, una provincia reclamando estudios de impacto ambiental y contrapartidas económicas; por el otro, una empresa supuestamente desentendida de las demandas locales. La aparición del paquete de 10 millones de dólares para Guandacol, con siete empresas riojanas ya convocadas, introduce un tercer elemento que el debate público no había procesado.
Eso no neutraliza el reclamo ambiental de fondo, que se apoya en la ausencia de la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la autoridad riojana, pero sí acota el alcance de la imputación política. La operadora puede argumentar, tanto en su defensa jurídica como en el plano de la opinión pública, que venía ejecutando medidas concretas de integración territorial antes de la cautelar, y que la resolución judicial se produjo en un contexto donde esas acciones estaban ya en curso.
La dimensión federal del caso
El episodio funciona, en clave más amplia, como un caso testigo sobre la articulación entre los grandes proyectos mineros y los territorios en los que operan, en un momento en que la administración de Javier Milei impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer capital extranjero al sector. La capacidad de la operadora para sostener el cronograma de obra mientras resuelve simultáneamente el frente judicial riojano, la licitación de la circunvalación, la reasignación de tramos del Corredor Norte y la relación institucional con dos gobiernos provinciales de orientación política distinta configura un test de viabilidad para el modelo extractivo que el gobierno nacional pretende consolidar.
En paralelo, para el gobierno de Ricardo Quintela, la existencia del paquete de inversión previo al conflicto obliga a recalibrar la estrategia. El reclamo ambiental conserva sustento jurídico, pero el argumento político de la «ausencia de contrapartidas locales» pierde parte de su fuerza. La negociación que se abra en las próximas semanas deberá incorporar, entonces, la discusión sobre cómo se articula ese paquete con las demandas adicionales que plantea la provincia: prioridad para trabajadores riojanos en la operación del yacimiento, fortalecimiento del esquema de proveedores locales y definición clara de las competencias ambientales sobre la infraestructura vial utilizada.
Los plazos decisivos
La ventana de 30 días fijada por la jueza María Greta Decker para que la operadora presente los estudios de impacto ambiental se superpone con el tramo central del proceso licitatorio de la circunvalación. La convergencia de ambos plazos configura un escenario donde la resolución del conflicto puede producirse por la vía de la integración —cumplimiento ambiental más ejecución de obra con empresas locales— o por la vía de la judicialización extendida, con eventual intervención de instancias superiores del Poder Judicial argentino.
En un proyecto multigeneracional, con inversiones globales superiores a los 7.000 millones de dólares y una vida útil inicial estimada en más de 70 años, la forma en que se resuelvan los primeros capítulos de esta relación con el territorio definirá, en gran medida, la sustentabilidad política del emprendimiento en las décadas que vienen. Los 10 millones de dólares comprometidos para Guandacol antes del conflicto judicial son, en ese sentido, una pieza central —hasta ahora subestimada— del rompecabezas que La Rioja, San Juan y Vicuña deberán terminar de armar en las próximas semanas.
