El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, aseguró que el convenio por $85.000 millones «debería firmarse en los próximos días» y negó que se trate de un auxilio para pagar sueldos, en un contexto marcado por la caída del 5 al 6% mensual en la recaudación de IVA y Ganancias. El gobierno riojano insiste en que no hará concesiones políticas a cambio del desembolso, mientras la administración de Javier Milei demora la rúbrica ante la falta de señales del Ejecutivo provincial.
El Gobierno de La Rioja se mostró optimista respecto de la inminencia de la firma del convenio con la Nación que habilitará un adelanto de coparticipación federal por aproximadamente 85.000 millones de pesos, aunque la operación continúa en stand by a la espera de definiciones en la mesa política nacional. El dato fue confirmado por el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, uno de los funcionarios de mayor peso en el gabinete del gobernador Ricardo Quintela y pieza clave en la interlocución con la administración de Javier Milei.
«Tomé contacto con las autoridades nacionales, nos derivaron con las secretarías de las provincias y se nos indicó que se estaban celebrando todos los convenios y estaba en conocimiento del ministro de Hacienda riojano, Fabián Blanco», precisó Herrera. Y añadió: «Si bien este martes no hubo ninguna novedad por parte de la Secretaría de Provincias, estimamos que en los próximos días se deberían firmar los convenios. Es cuestión de tiempo. No hay inconvenientes de otra índole que frenen esta decisión administrativa de Nación».
La formulación del funcionario es cuidadosa pero reveladora. La frase «no hay inconvenientes de otra índole» busca disipar las versiones que atribuyen la demora a una lectura política del Ejecutivo nacional sobre la conducta del gobernador riojano. Sin embargo, en la arquitectura federal argentina, el momento elegido para firmar —o no firmar— un adelanto de coparticipación es, en sí mismo, un mensaje político.
Sueldos garantizados y previsibilidad
Uno de los puntos que más destacó Herrera fue la diferenciación entre el pedido riojano y el de otras provincias que acudieron a la Nación en busca de auxilio financiero para afrontar el pago de haberes. «Estamos buscando ser previsibles, tenemos compromisos con proveedores, no solamente los empleados públicos. Tenemos una provincia muy ordenada, no fuimos a pedir un auxilio para pagar sueldos que están garantizados, nosotros tenemos esta herramienta para tener previsibilidad para el futuro, otras provincias piden para pagar los sueldos», planteó el funcionario.
La aclaración tiene un doble propósito. Por un lado, intenta despegar a La Rioja del relato nacional que asocia a los gobiernos provinciales con situaciones de emergencia de caja; por el otro, preserva la narrativa de «provincia ordenada» que el gobierno de Quintela viene sosteniendo como respuesta a los cuestionamientos de la Casa Rosada sobre el manejo fiscal riojano.
El contexto que describió Herrera, sin embargo, no es menor. El secretario general de la Gobernación reconoció que la provincia atraviesa «una tensión muy fuerte de las finanzas públicas», y atribuyó buena parte del cuadro al deterioro de la recaudación nacional. «Si cae el consumo cae la recaudación de IVA y Ganancias, está cayendo casi un 5 o 6 por ciento mensual y esto impacta en La Rioja», sostuvo.
El diagnóstico converge con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que registró una caída real del 8% en los ingresos tributarios nacionales durante el primer trimestre de 2026 y un retroceso del 37,3% real en las transferencias corrientes a provincias. En un distrito como La Rioja, con estructural dependencia de los giros federales, ese cuadro se traduce en una presión creciente sobre la caja provincial.
El equilibrio entre diálogo institucional y autonomía política
El punto más sensible de las declaraciones de Herrera radica en la descripción del costo político de la operación. «Lo político partidario no tiene relación con este adelanto. Nosotros iniciamos una instancia de diálogo, pero hay cuestiones institucionales que las maneja el gobernador y el Ministro del Interior, no tiene nada que ver con las cuestiones de política partidaria», afirmó el funcionario.
Y, en un mensaje dirigido tanto hacia adentro del peronismo riojano como hacia la Casa Rosada, remarcó: «No vamos a hacer ninguna concesión ni bajar ninguna bandera política porque la gente también nos votó a nosotros. Estamos trabajando en las cuestiones netamente institucionales».
La definición es políticamente significativa. Quintela viene consolidando el espacio «Federales Somos Todos» en alianza con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y ha convertido la confrontación con el modelo económico de Milei en uno de los ejes de su proyección nacional rumbo a 2027. Cualquier acuerdo con la Nación que pudiera interpretarse como una cesión política tendría un costo inmediato en la construcción de ese espacio opositor.
Por eso la fórmula elegida por Herrera —separar lo «institucional» de lo «partidario»— apunta a preservar la posibilidad del acuerdo financiero sin erosionar la posición política del gobernador.
El trasfondo: una pulseada que excede a La Rioja
La demora en la firma del convenio no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe en una dinámica más amplia en la que la administración nacional utiliza los envíos discrecionales —y los instrumentos financieros que están bajo su órbita, como los adelantos de coparticipación— como herramienta de alineamiento político con los gobernadores. En los últimos meses, la Casa Rosada firmó convenios similares con distritos de signo político diverso, aunque con una cadencia que no ha escondido preferencias.
En el caso de La Rioja, la sensibilidad del vínculo es particular. A la confrontación política general se suma el litigio internacional por la deuda en default del Parque Eólico Arauco y el Banco Rioja en tribunales de Massachusetts, la demanda provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos coparticipables y la disputa interjurisdiccional con San Juan por el acceso al proyecto minero Vicuña, en la que la justicia riojana acaba de dictar una cautelar que dejó en stand by el camino logístico principal del mayor emprendimiento cuprífero del país.
Ese mosaico de frentes abiertos hace que, para Buenos Aires, cualquier gesto financiero hacia La Rioja sea leído en clave política, y que, para La Rioja, cualquier demora sea interpretada como una penalización encubierta.
Lo que viene: un desembolso clave para el calendario financiero
Más allá del debate político, los 85.000 millones de pesos que aguarda la Casa de las Tejas cumplen una función operativa concreta: aportar previsibilidad al calendario financiero provincial en un contexto de caída generalizada de ingresos. Herrera lo planteó sin matices: el adelanto «nos sirve para tener cierta previsibilidad» frente a la erosión real de la recaudación nacional coparticipable.
En el equipo económico que conducen Fabián Blanco, al frente del Ministerio de Hacienda, y el propio Herrera como articulador político, la expectativa es que la firma se concrete en el corto plazo, sin condicionamientos que obliguen a revisar la estrategia política del gobernador. Pero la clave, reconocida implícitamente en las declaraciones del secretario general, reside en un factor que escapa a la administración provincial: los tiempos de la mesa política de la Casa Rosada, donde el Ministerio del Interior y la Secretaría de Provincias evalúan cada desembolso bajo una lógica que combina criterios técnicos y señales políticas.
Hasta que esa decisión termine de procesarse, el convenio seguirá en la categoría que Herrera prefirió no nombrar de manera directa pero que la realidad administrativa impone: stand by. En el medio, La Rioja continúa ajustando su caja, sosteniendo el pago de salarios y esperando una firma que, más que una operación contable, se ha vuelto un indicador preciso del estado real del vínculo entre la Casa de las Tejas y la Casa Rosada.
