La legisladora aliada a La Libertad Avanza presentó un pedido de informes sobre eventos realizados en uno de los sitios más sagrados e identitarios de La Rioja. En la misma sesión impulsó proyectos para sancionar infracciones viales con pruebas vecinales y habilitar publicidad en taxis y remises.
El templo de Las Padercitas no es un edificio más en la capital riojana. Es un lugar de devoción, historia y pertenencia colectiva que concentra décadas de fe popular y que para miles de riojanos representa algo que va mucho más allá de lo arquitectónico o turístico. Por eso el pedido de informes que presentó la concejal Luciana De León en la última sesión del Concejo Deliberante capitalino cayó con peso propio: la legisladora aliada a La Libertad Avanza exigió explicaciones formales sobre la realización de actividades no religiosas en el histórico templo, abriendo un debate que en La Rioja siempre tiene alta temperatura.
¿Qué está pasando en Las Padercitas?
De León no describió públicamente el tipo de actividades que motivaron su iniciativa, pero la sola presentación del pedido de informes instala una pregunta que la comunidad riojana no puede ignorar: ¿quién autoriza el uso de un espacio sagrado de esa envergadura para fines distintos a los religiosos, y bajo qué criterios? El templo de Las Padercitas no es solo un patrimonio espiritual sino también cultural e histórico, y su uso indebido —si es que eso es lo que ocurrió— afecta a una sensibilidad que trasciende las diferencias políticas y llega a sectores muy amplios de la sociedad riojana.
El pedido de informes obliga ahora a la administración correspondiente a dar respuestas concretas: qué actividades se realizaron, quién las autorizó, bajo qué normativa y con qué criterio se decide cuándo un espacio de esas características puede ser utilizado para fines extrareligiosos. Preguntas simples cuyas respuestas, dependiendo de lo que revelen, pueden convertirse en un escándalo de proporciones.
Infracciones virales que no terminan en sanción
En el mismo bloque de iniciativas, De León presentó un proyecto para que las filmaciones de infracciones de tránsito realizadas por vecinos puedan tener consecuencias legales reales. La propuesta establece que esas pruebas ciudadanas, una vez verificadas por el Estado, sirvan como base para sancionar a quienes ponen en riesgo a otros en la vía pública. El contexto no es menor: el reciente accidente protagonizado por el funcionario Jorge Olima —con un bebé en terapia intensiva y testigos que contradicen el parte policial— instaló en la agenda capitalina una pregunta urgente sobre la efectividad de los controles de tránsito y la impunidad de quienes los violan. La iniciativa de De León llega, en ese sentido, en el momento exacto.
Publicidad en taxis y remises: más ingreso, menos burocracia
El tercer proyecto de la sesión apuntó al bolsillo de los trabajadores del transporte privado de pasajeros. De León impulsó la habilitación de publicidad en taxis y remises, una práctica corriente en otras ciudades del país que genera ingresos adicionales para los conductores sin modificar las condiciones del servicio ni requerir intervención estatal compleja. En un sector golpeado por el aumento de los costos operativos y la competencia de las aplicaciones de transporte, la medida se presenta como una herramienta de alivio concreto y de implementación sencilla.
La sesión de De León dibuja una concejal que elige sus batallas con criterio: una toca la fe y la identidad colectiva, otra la seguridad cotidiana y la tercera el ingreso de los trabajadores. Tres frentes distintos, un mismo mensaje político: que legislar es resolver problemas reales, no mirar para otro lado.
