Ocho de los dieciocho jefes comunales de La Rioja viajan este martes a Buenos Aires en el marco de una movilización federal de la FAM. El intendente de Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, fue lapidario: «Hay un Estado muy presente para recaudar y absolutamente ausente para cumplir con su rol.»
No van solos. Ocho de los dieciocho intendentes de La Rioja tomaron este martes el camino a Buenos Aires para golpear la puerta del Ministerio de Economía y poner sobre el escritorio de Luis Caputo una realidad que los índices macroeconómicos no capturan pero que en los pueblos del interior argentino se palpa en cada esquina: rutas destruidas, universidades sin financiamiento, jubilados que no acceden a la canasta básica y municipios que recortaron el combustible de sus propias ambulancias para poder seguir funcionando.
La movilización se enmarca en una acción coordinada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a jefes comunales de distintos signos políticos de todo el país en un reclamo que trasciende las pertenencias partidarias. Desde La Rioja, el vocero de la protesta fue Jorge Salomón, intendente del departamento Ortiz de Ocampo, quien en declaraciones previas al viaje trazó un diagnóstico que sintetiza el estado de ánimo del interior profundo ante el ajuste del gobierno de Javier Milei.
«Un Estado muy presente para recaudar y absolutamente ausente para cumplir con su rol»
Salomón eligió la precisión por encima de la diplomacia. La frase con la que definió la contradicción central del modelo libertario aplicado al territorio es tan contundente como difícil de rebatir: el Estado nacional recauda con eficiencia pero no devuelve. Cobra los impuestos al combustible —que por ley deberían financiar la infraestructura vial— pero los fondos no llegan a las provincias ni a los municipios que tienen bajo sus pies las rutas que se caen a pedazos.
El caso más elocuente que puso sobre la mesa el intendente riojano es el de la ruta nacional 79, que une Chamical con Olta y que según Salomón se encuentra en estado de destrucción. No es una ruta secundaria ni un camino vecinal: es una arteria nacional cuyo mantenimiento es responsabilidad del Estado federal, financiado con los propios impuestos que pagan los conductores cada vez que cargan nafta. La paradoja es brutal: se recauda en nombre de la vialidad pero la ruta no se arregla.
La UNLaR sin fondos: cinco meses de incumplimiento de la ley
El segundo gran reclamo del petitorio riojano apunta al financiamiento universitario. Salomón alertó que hace cinco meses el gobierno nacional no cumple con la ley de financiamiento universitario, con impacto directo en las sedes de la Universidad Nacional de La Rioja distribuidas en el interior provincial.
La denuncia cobra especial relevancia en el contexto riojano. La UNLaR no es solo una institución educativa: es en muchos departamentos del interior la única opción de acceso a la educación superior para jóvenes que no pueden costear estudiar en la capital provincial ni en otras ciudades. Cuando sus sedes no funcionan por falta de presupuesto, el daño no es solo académico sino de movilidad social: se cierra una puerta que para muchas familias del interior es la única disponible.
La crisis social que ya llegó a la clase media y a los jubilados
Uno de los pasajes más impactantes de las declaraciones de Salomón fue su descripción del crecimiento en la demanda de asistencia social en su departamento. El intendente habló de un aumento «enorme» en los pedidos de alimentos y medicamentos, y subrayó un dato que rompe con el relato de que la crisis solo afecta a los sectores más vulnerables: la clase media y los jubilados también están dejando de acceder a la canasta básica.
La imagen es la del interior argentino en su versión más cruda. Jubilados que con sus haberes no llegan a comprar los alimentos y medicamentos que necesitan. Trabajadores de clase media que antes no requerían asistencia municipal y que ahora golpean la puerta del municipio. Una demanda de ayuda que crece mes a mes mientras los recursos del municipio para atenderla se achican.
Los municipios al límite: menos combustible para las ambulancias
La dimensión más concreta del ajuste en el territorio la aportó Salomón con un dato que grafica mejor que cualquier estadística el nivel de presión al que están sometidos los municipios del interior: el departamento Ortiz de Ocampo tuvo que recortar el consumo de combustible municipal en un 65% para poder mantener los servicios básicos y asistir a la comunidad.
El número impacta por lo que implica en términos de funcionamiento estatal básico. Reducir el combustible en ese porcentaje significa menos móviles de emergencia en la calle, menos capacidad de respuesta ante contingencias y, en el límite, la decisión imposible de elegir qué servicio esencial se sostiene y cuál se sacrifica. El intendente mencionó explícitamente la preocupación por mantener operativas las ambulancias, una señal de que el ajuste ya llegó al punto en que toca la vida y la muerte de los vecinos.
A ese cuadro se suman otros dos factores que Salomón describió como determinantes del deterioro económico local: la parálisis del empleo informal —las «changas» y los trabajos de albañilería que son la base de subsistencia de una parte significativa de la población del interior están totalmente frenados— y el impacto «tremendo» de los aumentos en el combustible y la energía eléctrica del último mes, que presionan tanto sobre los hogares como sobre la operatividad de los propios municipios.
Una marcha transpartidaria con un mensaje federal
Un dato que Salomón subrayó con énfasis es que la movilización de la FAM no es una protesta peronista ni una acción de la oposición organizada. La Federación Argentina de Municipios agrupa a intendentes de diversas expresiones políticas de todo el país, y el reclamo que llevan hoy al Ministerio de Economía tiene la misma lógica independientemente del color político de quien lo formula: el Estado nacional se retiró de sus responsabilidades básicas con el territorio y los municipios están absorbiendo el costo de ese retiro sin tener los recursos para hacerlo.
Aunque han existido canales de diálogo previos entre la provincia y figuras como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem —también riojano—, los intendentes consideran que el camino natural para discutir fondos y obras es directamente con quien maneja la caja. El mensaje implícito es claro: los intermediarios políticos ya no alcanzan.
«El modelo económico es el que está complicado», sintetizó Salomón, apuntando a la apertura indiscriminada de importaciones como destructor del empleo local y a la parálisis de la obra pública como motor que dejó de funcionar. Dos variables que, combinadas, explican buena parte del deterioro que los intendentes riojanos fueron a ponerle en la cara a Caputo este martes en Buenos Aires.
La presentación del documento federal y el petitorio específico de La Rioja está prevista para esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurre en La Rioja no es una excepción. Es el espejo de lo que viven decenas de provincias y cientos de municipios del interior argentino que comparten el mismo diagnóstico y la misma demanda: que el Estado nacional cumpla con sus obligaciones básicas antes de pedir más paciencia a una sociedad que ya no tiene margen para esperar.
