El bloque de diputados de La Libertad Avanza presentará un pedido de informe ante la Legislatura de La Rioja para que el Poder Ejecutivo clarifique los fundamentos del Decreto 1037/25. La normativa, que impone cargos adicionales en las facturas de luz, agua e internet, ha generado una fuerte incertidumbre entre los usuarios debido a la falta de transparencia en su reglamentación y al origen de la deuda que se está cobrando.
La diputada Andrea Juárez fue la encargada de visibilizar la situación, denunciando que los riojanos están afrontando un proceso de «normalización financiera» de empresas estatales sin conocer los detalles técnicos ni los montos reales de la supuesta deuda. “No sabemos cuál es la reglamentación ni en qué se basaron para determinar que los usuarios tenemos una deuda que pagar”, señaló la legisladora.
Impacto directo en el bolsillo de los riojanos
El decreto establece un plan de pago en siete cuotas que ya se está aplicando en las boletas de EDELAR, Aguas Riojanas e Internet para Todos. Según Juárez, los montos no son menores y varían de acuerdo al consumo:
- Electricidad: Cargos que superan los 20.000 pesos mensuales.
- Agua: Adicionales de más de 3.500 pesos por factura.
«Invito a la población a mirar detalladamente su boleta y buscar el concepto ‘Decreto 1037’. Estamos hablando de una suma millonaria si multiplicamos estos montos por la cantidad de usuarios en toda la provincia», advirtió Juárez, quien además cuestionó por qué ciudadanos que mantuvieron sus pagos al día durante la pandemia hoy deben ser «solidarios» con una deuda ajena.
Pedido de informes y críticas a la administración
Desde el bloque libertario exigen que el EUCOP (Ente Único de Control de Privatizaciones) rinda cuentas sobre su rol como garante de los derechos de los usuarios. La minuta de comunicación solicitará que el Ejecutivo remita la reglamentación completa y explique quién contrajo la deuda que ahora se traslada a los servicios públicos.
Juárez fue contundente al criticar el manejo de las empresas SAPEM: “Este dinero no va al pago de energía, sino a la normalización de empresas que probablemente no están bien administradas. Es hora de preguntar cuál es el costo real de la ‘justicia social’ que pregona el gobierno cuando el peso recae directamente sobre el contribuyente”.
