Más de 100 intendentes marcharon al Ministerio de Economía y nadie los recibió: «Bajo este modelo, mi pueblo tiende a desaparecer»
El jefe comunal de General Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, encabezó el reclamo riojano en Buenos Aires: denunció que 3,8 billones de pesos de fondos coparticipables permanecen retenidos por Nación y comparó el modelo económico actual con las políticas de Martínez de Hoz. También estuvo presente el intendente capitalino Armando Molina.
Más de100 intendentes de todo el país convergieron esta semana frente al Ministerio de Economía de la Nación en Buenos Aires para entregar un petitorio que condensa una crisis que se profundiza mes a mes en los municipios del interior argentino. El resultado fue elocuente: nadie de primera línea salió a recibirlos. El documento fue aceptado en mesa de entradas. Nada más.
Entre los jefes comunales que viajaron a la capital federal estuvo Jorge Salomón, intendente del departamento General Ortiz de Ocampo, que llegó con números concretos y una advertencia que no deja margen a la interpretación: bajo el actual esquema de ajuste nacional, su pueblo tiende a desaparecer.
3,8 billones retenidos y una coparticipación que se evaporó
El eje fiscal del reclamo es preciso. Los intendentes denuncian que el Gobierno Nacional retiene indebidamente el 25% de la recaudación por combustibles, un monto que asciende a unos 3,8 billones de pesos que no fueron distribuidos a las provincias y municipios. A ese fondo retenido se suman los reclamos por el financiamiento educativo y la paralización casi total de la obra pública nacional, reducida hoy, según graficó Salomón, a «un puñadito» de proyectos en todo el país.
Pero el dato más brutal lo aportó el propio intendente riojano con una comparación que esquiva cualquier abstracción: en 2020, la coparticipación que recibía su municipio equivalía a 1.100.000 litros de combustible anuales. En 2025, esa misma transferencia alcanzó apenas para comprar 298.000 litros. En cinco años, el poder adquisitivo de los fondos municipales se redujo a menos de la tercera parte.
«El modelo de Martínez de Hoz»
Salomón no eligió palabras suaves para describir el modelo económico que impulsa la administración de Javier Milei. Lo comparó directamente con las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz a finales de los años 70: importaciones indiscriminadas, cierre de fábricas y destrucción del tejido productivo local. Una analogía histórica que en el interior del país, donde cada fábrica cerrada es un pueblo que pierde su razón de ser, tiene una resonancia particular.
El intendente advirtió que el agotamiento del modelo de empleo público —históricamente el sostén de las economías municipales del interior— exige un Estado presente que fomente la producción local. En su departamento, identificó sectores con potencial real: la manufactura de madera de algarrobo y la elaboración de suplementos para yerba mate, entre otros. Sin ese acompañamiento, el horizonte es uno solo: «Bajo este modelo de ajuste, mi pueblo tiende a desaparecer.»
250 intendentes, mesa de entradas y ningún funcionario
La imagen de la jornada lo dice todo. Más de 250 jefes comunales de distintos partidos y provincias —una masa crítica que en cualquier otro contexto político hubiera generado una reunión de urgencia— no lograron que ningún funcionario de primera línea del Ministerio de Economía saliera a dialogar. El petitorio fue recibido en mesa de entradas como si fuera una nota cualquiera.
Para Salomón, esa ausencia no es un detalle protocolar sino la síntesis del problema de fondo: la falta de diálogo del gobierno nacional con los representantes de los municipios del interior es estructural, no coyuntural.
El agua subterránea como solución local ante la inacción nacional
En otro plano, Salomón repasó la situación hídrica del departamento Ortiz de Ocampo. El proyecto del Acueducto del Chacho, que proponía traer agua desde Córdoba, fue descartado por razones técnicas y económicas insalvables: un desnivel de 160 metros que hubiera requerido múltiples estaciones de bombeo hizo inviable la obra.
La provincia optó en cambio por perforaciones de agua subterránea. Actualmente hay ocho pozos en funcionamiento que, según el intendente, garantizan el suministro para los próximos 20 o 30 años. El talón de Aquiles del sistema es la inestabilidad de la línea eléctrica, que de manera recurrente quema las bombas y genera cortes en el suministro, un problema técnico que requiere solución urgente para garantizar la continuidad del servicio.
En la movilización también fue identificado el intendente de la capital riojana, Armando Molina, cuya presencia refuerza la señal política que los municipios de La Rioja buscan enviar a Buenos Aires: el ajuste tiene nombre y apellido, y sus consecuencias ya se sienten en cada rincón de la provincia.