Quintela relevó a la cúpula policial y reivindicó a La Rioja como la provincia más segura del país
En un acto en la residencia oficial, el gobernador tomó juramento al comisario René Molina como nuevo jefe de la fuerza y al comisario general Nelson Sotomayor como subjefe, en reemplazo de Alberto Castillo. El mandatario provincial enmarcó el cambio en un contexto de crisis económica nacional que, aseguró, tensiona los sistemas de seguridad en todo el país.
El gobernador Ricardo Quintela encabezó este lunes en la residencia oficial el acto de relevo de la plana mayor de la Policía de La Rioja, una ceremonia cargada de simbolismo político en la que el mandatario provincial no solo despidió al jefe saliente, comisario general Alberto Castillo, sino que aprovechó para reivindicar un dato que, aseguró, coloca a la provincia en un lugar de excepción dentro del mapa argentino: La Rioja habría sido distinguida como la jurisdicción con mejores índices de seguridad del país. La afirmación cobra particular relevancia en momentos en que la cartera nacional que conduce Alejandra Monteoliva impulsa desde el Ministerio de Seguridad una agenda centrada en la persecución del narcotráfico y el ordenamiento del espacio público, y en que varias provincias argentinas transitan escenarios críticos de violencia urbana.
El juramento recayó sobre el comisario René Molina, quien asumió como nuevo jefe de la fuerza, y sobre el comisario general Nelson Sotomayor, oriundo de San Blas de los Sauces, que lo hará como subjefe. La dupla fue presentada por el propio Quintela y respaldada por el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, en un acto que funcionó, además, como gesto político hacia adentro de la estructura provincial: la decisión de renovar la conducción policial se produce en un momento delicado para la administración riojana, que enfrenta simultáneamente la puja por la coparticipación con la Casa Rosada, la crisis del sistema sanitario provincial a través de APOS y la exposición judicial por el default del Parque Eólico Arauco en tribunales de Massachusetts.
Reconocimiento a la gestión de Ochoa
En su intervención, el gobernador dedicó el primer tramo del discurso a agradecer a los cuadros salientes. «Queremos agradecerle profundamente por el esfuerzo y el compromiso con la fuerza, con sus camaradas y fundamentalmente con los ciudadanos», expresó Quintela al dirigirse a Castillo, en una alocución en la que también reconoció la «paciencia y el acompañamiento» de las familias de los efectivos durante la carrera institucional.
El reconocimiento a Castillo no fue una formalidad protocolar. El jefe saliente condujo la fuerza en un ciclo marcado por la implementación del modelo de policía de proximidad, eje que la gestión provincial busca ahora profundizar bajo la nueva conducción, y que Quintela inscribió dentro de un paradigma más amplio de «protección de los bienes públicos y privados» y preservación de la convivencia.
«La provincia más segura de la República Argentina»
El pasaje más político del discurso llegó cuando el mandatario reivindicó el desempeño policial en términos federales. «La provincia fue seleccionada y designada como la provincia más segura de la República Argentina», afirmó el gobernador, sin precisar el organismo que emitió esa categorización pero utilizando el dato como un argumento de peso frente a la coyuntura nacional.
Quintela enmarcó el logro en un escenario adverso. Sostuvo que el país atraviesa una «crisis social y económica» que dificulta la garantía de los sistemas de seguridad, en una lectura que se inscribe en la narrativa que viene sosteniendo su gestión respecto del programa económico del presidente Javier Milei y del ajuste sobre las transferencias discrecionales a las provincias. La idea subyacente, no explicitada pero evidente en el tono del mensaje, es que La Rioja logra sostener la paz social a pesar —y no gracias— del contexto nacional.
La tesis entronca con el discurso que el gobernador viene desplegando en los últimos meses desde el espacio «Federales Somos Todos», construcción política que articula con el bonaerense Axel Kicillof y que apunta a recomponer un peronismo provincial con vocación de alternativa nacional rumbo al ciclo electoral 2027. En ese marco, la capacidad de gestionar seguridad pública en un escenario de deterioro del ingreso real se vuelve un activo político que Quintela administra con deliberación.
La dupla Molina-Sotomayor y el aval del ministro Zárate
El ministro Miguel Zárate fue quien explicitó la lógica detrás de la designación. «Comisario René Molina, en usted confiamos la conducción operativa institucional de la fuerza de seguridad. No tenemos dudas de su formación y de la experiencia ganada acompañando a conducciones anteriores», sostuvo el funcionario, al tiempo que subrayó el respeto del nuevo jefe hacia «la conducción política y civil que ejerce el gobernador».
La última aclaración no es menor en términos institucionales. La relación entre el poder político provincial y las cúpulas policiales es uno de los nudos sensibles de cualquier administración subnacional argentina, y Zárate se encargó de dejar sentado que el nuevo esquema de mando preserva la subordinación civil como principio rector.
Sobre Sotomayor, el ministro destacó su «gran capacidad operativa» y su trayectoria en prevención e investigación, y planteó que junto a Molina conformará una dupla complementaria capaz de equilibrar las dos «patas» fundamentales de la fuerza: la seguridad operativa y la organización general. El origen del nuevo subjefe en San Blas de los Sauces, uno de los departamentos del norte riojano, también aporta una señal de federalización interna de los cargos de mando.
Molina: «Vengo a buscar la transformación de la fuerza»
El nuevo jefe policial fijó en su primer discurso los ejes de una gestión que se anuncia con vocación de cambio. «Si uno no trabaja con el recurso humano contenido y en armonía, los resultados no son los mismos», afirmó Molina, y anunció que buscará un equilibrio entre ser «inflexible» en el cumplimiento del deber y «humanitario» con el personal a su cargo.
La apuesta por el recurso humano no es retórica. La Policía de La Rioja arrastra demandas históricas en materia salarial, condiciones de trabajo y profesionalización, y el nuevo jefe reconoció que el clima interno de la fuerza condiciona la efectividad territorial. A ese eje sumó dos definiciones operativas. Por un lado, el fortalecimiento de la presencia en las calles como condición para que los vecinos «puedan transitar y trabajar con tranquilidad». Por el otro, una política de comunicación abierta con la prensa, que marca un quiebre explícito con administraciones previas: «Vamos a dar participación a cada uno de los jefes de comisaría, porque ellos son quienes conocen el terreno y deben informar a la comunidad», sostuvo.
Tanto Molina como Sotomayor reconocieron, en línea con lo expresado por el gobernador, que el malestar social derivado de la situación económica argentina constituye un factor que atenta contra la paz interior. La afirmación, viniendo de la cúpula policial recién asumida, traza una línea de coincidencia discursiva con el Ejecutivo provincial en la lectura del contexto: el deterioro del poder adquisitivo, el cierre de comercios, la retracción del consumo y la presión sobre los hogares se traducen —sostuvo— en conflictividad que la fuerza debe contener sin criminalizar.
Una señal hacia afuera de la provincia
El recambio en la cúpula policial no puede leerse de modo aislado. Se produce en un momento en que el oficialismo riojano busca proyectar orden institucional y capacidad de gestión hacia el resto del país, en contraste con la imagen que el gobierno nacional construye sobre las administraciones provinciales peronistas. La reivindicación de La Rioja como «la provincia más segura» opera, en ese sentido, como un mensaje federal.
Al mismo tiempo, la elección de perfiles de carrera —Molina y Sotomayor son cuadros formados dentro de la fuerza— y el énfasis puesto en la subordinación civil apuntan a blindar institucionalmente a la cúpula policial frente a eventuales turbulencias políticas. En un año en el que La Rioja deberá transitar simultáneamente el conflicto con San Juan por el proyecto Vicuña, la renegociación de la deuda del Parque Eólico Arauco y la disputa sanitaria por APOS, el gobernador apuesta a mostrar una fuerza policial ordenada como uno de los pilares de la estabilidad provincial.
El cierre del acto lo dio el propio Quintela, que pidió la bendición para la nueva etapa de la institución y reafirmó que el objetivo último es «que todas las familias riojanas tengan acceso a una mejor calidad de vida en un entorno seguro». Detrás de la fórmula, se escucha el núcleo del mensaje político: en un país atravesado por el ajuste, la provincia intenta sostener, aun con recursos menguantes, un orden público que distinga a La Rioja del resto del mapa.