Escándalo institucional en La Rioja: la Justicia declaró ilegítima la detención de la vicepresidenta nacional de la UCR
Inés Brizuela y Doria, exintendenta de la capital riojana, fue demorada el jueves pasado mientras ejercía como defensora en una asamblea del Colegio de Farmacéuticos. El radicalismo denuncia una «persecución política» del gobierno de Ricardo Quintela y la abogada anticipó un pedido de jury de enjuiciamiento contra dos fiscales provinciales.
La detención de Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta nacional de la Unión Cívica Radical y exintendenta de la ciudad de La Rioja, abrió una crisis institucional de proyección nacional luego de que la Cámara Tercera en lo Criminal declarara «ilegítima y arbitraria» el operativo policial dispuesto por el fiscal Luis Ariel González Aguirre. La dirigente, que había concurrido a la sede del Colegio de Farmacéuticos en su carácter de defensora técnica del vocal Jorge Bordón, fue demorada el jueves pasado y liberada el mismo día, mientras que su cliente quedó en prisión domiciliaria hasta que el tribunal ordenó su liberación inmediata.
El episodio escaló rápidamente al plano nacional. El bloque de senadores de la UCR difundió un comunicado en el que calificó el procedimiento de «arbitrario e ilegal», señaló que «vulneró garantías constitucionales básicas» y advirtió que resulta «inadmisible que, en plena democracia, se recurra a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial con fines de hostigamiento político». El partido sostiene que la detención se produjo por una supuesta obstrucción a la Justicia dispuesta por orden verbal del fiscal González, sin intervención de juez competente, lo que a su juicio configura un «patrón de inseguridad jurídica, atropello institucional y persecución política» atribuible a la administración provincial de Ricardo Quintela.
Una intervención policial cuestionada por la Justicia
El operativo se desarrolló durante una sesión ordinaria del Colegio Farmacéutico de La Rioja, en el marco de un conflicto interno entre la presidenta de la entidad, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, y el vocal Jorge Bordón. La titular del organismo había denunciado a Bordón por presunta violencia de género; aquella causa fue archivada, pero subsiste una medida genérica de protección que fue recurrida por la defensa y aún espera resolución.
Según la reconstrucción que circuló en el entorno de la abogada, Bordón participó de la asamblea sin dirigirle la palabra ni acercarse a la denunciante. Aun así, la Policía fue convocada al lugar bajo el argumento de una violación de la medida perimetral. Cuando Brizuela y Doria llegó a asistir a su cliente, los agentes ya lo habían detenido en supuesta flagrancia. La abogada exhibió la documentación que invocaba como cobertura del proceso, pero los efectivos remitieron las fotografías al fiscal González, quien no sólo confirmó la detención de Bordón sino que ordenó también la de la defensora, alegando obstrucción del procedimiento.
Brizuela y Doria interpuso un hábeas corpus con invocación de los artículos 43 y 18 de la Constitución Nacional. La Cámara Tercera en lo Criminal acogió la presentación, declaró la detención de Bordón «ilegítima y arbitraria», ordenó su liberación inmediata y describió el operativo como «plagado de vicios», una caracterización judicial que consolidó el reclamo del radicalismo y dejó al Ministerio Público Fiscal de la provincia en una posición defensiva.
El pedido de jury y la denuncia política
La dirigente radical sostuvo que el episodio «es un atropello más del que vivimos muy a menudo en una provincia que parece estar lejos del imperio de la ley» y advirtió que «no había pasado antes que un abogado sea detenido en ejercicio de la profesión». A su entender, ese hecho «quiebra el orden de convivencia democrático».
La abogada anticipó que impulsará un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Luis González y contra el fiscal general de la provincia, Javier Vallejo, «a quien le pedí que arbitrara los medios para evitar esta grave situación». Aclaró que su llamado a Vallejo lo realizó «como abogada litigante, no como política», en un intento por desactivar la lectura partidaria del conflicto. La estrategia de la UCR, sin embargo, apunta a inscribir el caso dentro de una serie más amplia de cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial riojano y a la relación de éste con el Poder Ejecutivo provincial.
La versión del Ministerio Público Fiscal
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de La Rioja difundió un comunicado en el que ofreció su propia reconstrucción de los hechos. Según el organismo, durante la detención de Bordón «se hizo presente una profesional del derecho que manifestó intervenir como defensora del imputado», pero su accionar «excedió el marco del ejercicio técnico de la defensa, desplegando una conducta de oposición activa que implicó un entorpecimiento concreto del procedimiento». El texto menciona «resistencia a la continuidad del traslado dispuesto y contacto físico con el personal policial interviniente».
El comunicado fiscal sostiene que la intervención sobre Brizuela y Doria fue «preventiva y momentánea» y que tuvo por objeto «garantizar la efectiva aplicación de las medidas de protección vigentes y evitar cualquier riesgo para la víctima». Una vez superado el incidente, agrega, «la medida adoptada perdió razón de ser, motivo por el cual no se impulsó una acción penal autónoma respecto de la profesional interviniente». La explicación, sin embargo, no logró desarmar el cuestionamiento institucional, sobre todo después de que la propia Justicia provincial ratificara las irregularidades del operativo.
Una crisis con proyección nacional
El caso se inserta en un escenario sensible para el oficialismo provincial. Quintela atraviesa un momento de fricción con la Casa Rosada por el recorte de transferencias discrecionales y los condicionamientos exigidos por el gobierno de Javier Milei para la asistencia financiera, en un cuadro fiscal en el que La Rioja figura entre las provincias más golpeadas por la reducción de fondos nacionales. A esa tensión se suma la causa del default del Parque Eólico Arauco en tribunales de Massachusetts y el conflicto interprovincial por el proyecto minero Vicuña, que mantienen al Ejecutivo riojano bajo escrutinio público sostenido.
La detención de la vicepresidenta nacional de la UCR introduce ahora un nuevo frente, esta vez de naturaleza institucional, que el radicalismo se propone capitalizar políticamente. La participación del bloque de senadores nacionales y la decisión de llevar el reclamo a la prensa de alcance nacional indican que el partido buscará trasladar la discusión más allá del ámbito provincial, en una coyuntura en la que la oposición no peronista intenta reconstruir su perfil institucional de cara al ciclo electoral de 2027.
En el plano local, el resultado del jury de enjuiciamiento que se promueva contra los fiscales González y Vallejo, así como el desarrollo de las actuaciones disciplinarias internas del Colegio de Farmacéuticos, ofrecerán los próximos indicadores sobre el alcance del conflicto. Lo que ya quedó en evidencia es que un episodio originado en una asamblea de una entidad profesional terminó instalando, una vez más, el debate sobre los límites del poder judicial provincial y sobre el equilibrio entre las garantías constitucionales y el ejercicio del Ministerio Público en La Rioja.