Crisis institucional en el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja: una asamblea destituyó a la presidenta y denunció la detención «ilegal» de un vocal
En una sesión extraordinaria celebrada el viernes, los matriculados removieron a Silvia Brizuela Ledesma por «mala conducta», repudiaron el arresto del vocal Jorge Bordón y resolvieron constituirse como querellantes particulares en la causa penal abierta contra la titular saliente y la abogada Marcela Ortega. La interna estalla en medio de la crisis estructural del sector, asfixiado por la deuda del PAMI y el desfinanciamiento de APOS.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja atraviesa la peor crisis institucional de su historia reciente. En una Asamblea Extraordinaria celebrada el viernes 18 de abril, los matriculados resolvieron remover de sus funciones a la presidenta de la entidad, Silvia Brizuela Ledesma, a la que consideraron incursa en la causal de «mala conducta» prevista en el artículo 107, inciso «c», del reglamento institucional. La decisión se adoptó pese al «intento ilegal» de la propia titular de suspender el acto, según consigna el comunicado oficial difundido por la entidad.
La sesión, calificada como «válida y legal» por sus convocantes, terminó por convalidar lo actuado el 13 de marzo por el Consejo Directivo y abrió un escenario de judicialización plena de la disputa interna, con denuncias penales cruzadas, una detención que el cuerpo colegiado considera arbitraria y un pedido formal de sanciones contra una abogada que actuó en representación del sector ahora desplazado.
Una destitución y un pedido de cuentas al Secretario
El temario aprobado por la Asamblea no se limitó a la remoción de la presidenta. En el mismo acto se intimó al Secretario, Carlos Varas, a presentar en un plazo de 48 horas el acta y la documentación correspondiente a la Asamblea Ordinaria Anual celebrada durante 2025, una pieza administrativa cuya ausencia es uno de los puntos centrales del cuestionamiento al manejo institucional del último año.
La continuidad de la Asamblea Ordinaria del 16 de abril, que había quedado interrumpida en medio de los incidentes, fue reprogramada para el jueves 23 de abril, con primer llamado a las 20:00 y segundo llamado a las 21:00. El Colegio aclaró que solo podrán participar de esa sesión los matriculados que ya hubieran firmado el libro de asistencia el 16 de abril, dado que se trata estatutariamente de una «continuidad» y no de una nueva convocatoria.
La detención de Bordón y la denuncia contra una abogada
Uno de los puntos más sensibles del comunicado es el repudio a la detención del Vocal Titular Primero, Jorge Bordón, ocurrida en el marco de la disputa interna. La Asamblea calificó el arresto como «ilegal» y resolvió que dos de sus miembros se constituyan en querellantes particulares en la denuncia penal radicada en la madrugada del 17 de abril contra Brizuela Ledesma y la abogada Marcela Ortega.
El cuerpo colegiado también repudió la «actuación arbitraria e ilegal» de la letrada Ortega durante la jornada del 16 de abril y resolvió elevar una nota al Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja solicitando «la adopción de sanciones ejemplares». En contrapartida, expresó su respaldo institucional al abogado de la entidad, Emilio Pagotto, «frente a los ataques sufridos» en el ejercicio de la representación legal del Colegio.
La gravedad del cuadro –con un dirigente detenido, denuncias penales en curso y un pedido de sanción profesional contra la abogada de la facción desplazada– configura un escenario inédito para una de las entidades profesionales con mayor peso en el sistema sanitario provincial.
Una crisis interna en medio del colapso del sector
La interna del Colegio de Farmacéuticos no se desarrolla en el vacío. Estalla en uno de los momentos más críticos para el sector farmacéutico riojano y nacional. En las últimas semanas, el propio Colegio venía advirtiendo por la asfixia financiera derivada de los atrasos del PAMI en los pagos a las farmacias, una situación que en La Rioja –con una matriz económica fuertemente dependiente del empleo público y de los ingresos previsionales– adquiere un impacto desproporcionado sobre la red de bocas de expendio.
A esa presión se suma la crisis estructural de la Administración Provincial de Obra Social (APOS), con un déficit operativo creciente y una relación tensa con los prestadores, y el avance de FARMAPOS, la empresa estatal provincial de medicamentos cuya expansión ha generado fricciones con el sector privado. En ese marco, el liderazgo institucional del Colegio resulta una variable política central: define la posición del sector frente al gobierno provincial, frente al PAMI y frente al esquema de cobertura pública que rediseña el ministerio de Salud de La Rioja.
La destitución de Brizuela Ledesma, en consecuencia, no solo reordena el mapa interno de la entidad. También altera la interlocución del sector farmacéutico con las autoridades sanitarias en plena negociación por aranceles, plazos de pago y condiciones de prestación, en un contexto en el que la oferta de medicamentos al público viene mostrando signos de retracción en varias localidades del interior provincial.
Lo que viene
La sesión del próximo jueves 23 de abril será determinante. Allí se definirá la conducción transitoria del Colegio, el cumplimiento –o no– de la intimación al Secretario Varas y los pasos formales para consolidar la nueva conducción ante las autoridades de contralor. En paralelo, la causa penal contra la presidenta saliente y la abogada Ortega seguirá su curso en los tribunales locales, con el Colegio ya constituido como parte querellante.
El desenlace de esta crisis tendrá efectos que exceden largamente los muros de la entidad profesional. En una provincia donde el sistema de salud combina la fragilidad financiera de la obra social estatal, la deuda creciente del PAMI y el avance de un operador público de medicamentos, la representación del sector farmacéutico privado se ha vuelto una pieza estratégica. Y, por estas horas, esa pieza está en disputa abierta.