La presidenta del Colegio de Farmacéuticos convocó a una asamblea extraordinaria obligatoria para debatir la crisis institucional que sacude al cuerpo directivo

Silvia Brizuela Ledesma citó a todos los matriculados para el 18 de abril, apenas dos días después de la asamblea ordinaria que ella misma impugnó por irregularidades estatutarias. El orden del día pone sobre la mesa la validez de actos del Consejo Directivo, el funcionamiento institucional y las medidas a adoptar ante la situación.

A solo días de haber emitido una notificación extrajudicial cuestionando la validez de un acta del Consejo Directivo e impugnando la Asamblea Anual Ordinaria convocada para el 16 de abril, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, convocó a todos los matriculados a una Asamblea Extraordinaria para el sábado 18 de abril de 2026, con carácter obligatorio.

El llamado, fechado el 31 de marzo de 2026 y fundamentado en el Artículo 31 del Estatuto del colegio, fija el encuentro en la sede institucional ubicada en Remedios de Escalada N° 1376 de la ciudad de La Rioja, con primer llamado a las 18:00 horas y segundo llamado a las 19:00 horas. La asamblea se desarrollará conforme a lo establecido por los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley Provincial N° 7.719, que regula el funcionamiento de los colegios profesionales de La Rioja.

Un orden del día que refleja la profundidad del conflicto

Los cinco puntos que integran el orden del día no dejan margen para la ambigüedad sobre el estado interno del colegio. El primero pone directamente en discusión la validez de la nota del 13 de marzo de 2026, precisamente el documento que la presidenta desconoció como acta oficial en su notificación extrajudicial de la semana anterior. Los puntos segundo y tercero amplían el debate hacia el funcionamiento institucional y la legalidad de los actos adoptados por el Consejo Directivo, dos ejes que apuntan al corazón de las irregularidades denunciadas por Brizuela Ledesma. El cuarto punto abre la puerta a que los matriculados definan medidas concretas a adoptar frente a la situación, mientras que el quinto prevé la designación de dos asambleístas para refrendar el acta del encuentro.

La convocatoria es, en ese sentido, una apelación directa a la base del colegio profesional para que sean los propios farmacéuticos matriculados —y no solo el Consejo Directivo— quienes determinen cómo resolver la crisis.

Una cronología que marca la urgencia

La secuencia de hechos en apenas tres semanas revela la velocidad con que escala el conflicto. El 13 de marzo se celebró la reunión del Consejo Directivo cuya documentación está en disputa. El 17 de marzo se remitió por correo electrónico el documento que la presidenta rechaza como acta. El 20 de marzo se publicó la convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria del 16 de abril que Brizuela Ledesma considera improcedente. El 26 de marzo la presidenta formalizó su posición mediante la notificación extrajudicial. Y el 31 de marzo, antes de que venza el mes, convocó la asamblea extraordinaria para el 18 de abril, al día siguiente de la ordinaria impugnada.

Esa superposición de fechas —asamblea ordinaria el 16, extraordinaria el 18— no parece casual: si la ordinaria se realiza pese a los cuestionamientos de la presidenta, la extraordinaria podría funcionar como instancia de revisión o impugnación de lo allí resuelto. Si la ordinaria no se concreta, la extraordinaria quedaría como el único encuentro asambleario válido en ese período.

El telón de fondo: FARMAPOS y la tensión con el Estado provincial

La crisis interna del Colegio de Farmacéuticos riojano no ocurre en el vacío. Su irrupción pública coincide con la publicación —con más de cinco años de demora— del decreto que en 2020 creó FARMAPOS, la empresa estatal farmacéutica dependiente de APOS que el Gobierno de Ricardo Quintela habilitó para competir directamente con las farmacias privadas en la dispensación de medicamentos a afiliados de la obra social provincial. La fortaleza o debilidad institucional del colegio profesional tiene implicancias directas sobre la capacidad del sector de articular una respuesta frente a esa política pública. Una conducción dividida y cuestionada en su propia legalidad interna es, en ese contexto, una conducción con menos herramientas para actuar.