La Rioja, fuera del mapa del RIGI: ninguno de los USD 80.180 millones anunciados por el Gobierno aterriza en la provincia
El Ejecutivo nacional difundió el balance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y exhibió doce proyectos aprobados por USD 26.446 millones y otros USD 53.734 millones en evaluación. El listado abarca a Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. La Rioja no figura en ninguna de las dos categorías. La decisión del gobernador Ricardo Quintela de no adherir al régimen, sostenida en paralelo a las exigencias públicas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deja a la provincia sin acceso al principal instrumento de atracción de capitales mineros y energéticos de la era Milei, mientras San Juan y Catamarca capturan inversiones de cobre y litio por miles de millones de dólares en la frontera riojana.
La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional difundió un balance que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo presentan como la prueba empírica del éxito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): USD 26.446 millones en proyectos ya aprobados, USD 53.734 millones en evaluación y un total acumulado de más de USD 80.000 millones, con 35 proyectos presentados y alrededor de USD 28.000 millones ya aprobados a casi dos años de la sanción de la Ley Bases.
La cifra busca instalar un relato macroeconómico: que Argentina recupera, por primera vez en décadas, una escala de inversión productiva comparable a la de sus competidores regionales en minería y energía. Pero leído desde Chilecito, Nonogasta o la ciudad capital, el comunicado oficial transmite un dato incómodo. Ninguno de los doce proyectos aprobados se radica en La Rioja. Ninguno de los que están en evaluación tiene a la provincia como destino.
Los ganadores son conocidos: las provincias de Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta y Catamarca, que atraen inversiones y actividad económica mientras otras zonas del país pierden empleos. La lista oficial agrega a Mendoza (parque solar El Quemado de YPF Luz), Buenos Aires (Sidersa en San Nicolás y Parque Eólico Olavarría de PCR-Acindar) y Santa Fe (Terminal Multipropósito Timbúes). La Rioja, con sus cinco departamentos cordilleranos, sus áreas de exploración de cobre en Famatina y sus proyectos de litio en Laguna Brava, queda fuera del tablero.
El detalle de los proyectos aprobados: una geografía de la que La Rioja no participa
La composición sectorial del listado oficial muestra dónde se concentra el capital que el RIGI habilita. En energía de hidrocarburos, el núcleo duro está en Río Negro: el oleoducto Vaca Muerta Sur (USD 2.900 millones del consorcio YPF-PAE-Vista-Pampa-Pluspetrol-Chevron-Shell) y, sobre todo, el proyecto de gas natural licuado de Southern Energy, que concentra USD 15.156 millones —la mayor inversión individual del régimen— con las petroleras YPF, PAE, Pampa Energía, la británica de capitales alemanes Harbour Energy y la noruega Golar LNG.
En minería, los proyectos aprobados trazan un cinturón que rodea a La Rioja pero no la incluye. Rincón, de Rio Tinto, aporta USD 2.744 millones para litio en Salta. Los Azules, de McEwen Copper, destina USD 2.672 millones al cobre sanjuanino. Gualcamayo, con USD 665 millones, y Veladero, con USD 436 millones, reactivan la minería aurífera en San Juan. Hombre Muerto Oeste, de Galán Lithium, y la expansión de Fénix, de Rio Tinto, suman USD 823 millones para el litio catamarqueño. En Buenos Aires se aprobaron la planta siderúrgica de acero verde de Sidersa (USD 286 millones) y el parque eólico de PCR-Acindar (USD 276 millones).
Cada uno de esos proyectos habilita exenciones al impuesto a las ganancias, beneficios aduaneros, libre disponibilidad de divisas y estabilidad fiscal por treinta años: la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales. Es ese paquete —y no otro— el que los inversores internacionales comparan a la hora de decidir entre Argentina, Chile y Perú. Y es ese paquete al que La Rioja, por decisión política expresa de su Ejecutivo, no adhirió.
La decisión de Quintela y el cálculo riojano
La posición del gobernador Ricardo Quintela ha sido inequívoca desde el inicio. En febrero, cuando una delegación encabezada por la vicegobernadora Teresita Madera viajó a la feria minera PDAC de Toronto para buscar inversores, la paradoja política quedó expuesta: la cumbre expone una de las mayores paradojas de la política provincial actual: salir a cazar inversiones internacionales de peso, justo cuando el gobernador Ricardo Quintela dispuso que La Rioja no adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El argumento del Gobierno provincial se apoya en dos ejes. El primero es político-doctrinario: adherir al RIGI implicaría abrazar el modelo económico que el peronismo federal combatió en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases, y que Quintela denuncia como una cesión de soberanía sobre los recursos estratégicos. El segundo es fiscal: los beneficios que el régimen garantiza por treinta años —estabilidad impositiva y eximición de derechos aduaneros— restringen el margen de la provincia para captar renta minera por las vías tradicionales.
Frente a esa postura, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, introdujo en las últimas semanas un matiz que abre una ventana de negociación. En entrevistas difundidas tras el Decreto 219/2026, que incluyó a La Rioja entre las provincias beneficiarias del anticipo de coparticipación, Herrera no cerró la puerta al RIGI pero prefirió la vía provincial a la adhesión al régimen nacional y planteó la posibilidad de elaborar un régimen propio que garantice estabilidad fiscal a las empresas que quieran invertir en territorio riojano.
Herrera fue más explícito: «Podemos garantizar desde acá con un RIGI propio para que tenga más fuerza el nacional y que le de estabilidad a las empresas que quieran invertir en la provincia». El propio funcionario reconoció que se mantuvieron conversaciones informales con Martín Menem para explorar vías de adhesión, con la fórmula «no vamos a esquivarle a la discusión».
La presión de Martín Menem y el paquete de condiciones
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación —riojano y figura política de peso dentro de La Libertad Avanza— ha sido el principal operador de la presión nacional sobre la administración Quintela. En enero, Menem sintetizó públicamente su planteo: «La Rioja debe adherir al RIGI. La Rioja tiene que dejar de espantar la inversión como lo hizo los últimos 20 años expropiando». La frase funcionó menos como un comentario que como una hoja de ruta.
En abril, en el marco de la negociación por el decreto de asistencia financiera, Menem precisó las exigencias. El titular de Diputados sostuvo que «hay voluntad de colaborar con el gobierno provincial, La Rioja puede ser asistida, pero exigimos transparencia», y enumeró como condiciones concretas la transparencia en el manejo de fondos, la adopción de la Boleta Única de Papel y la adhesión al RIGI. La Nación habría dispuesto a dar partidas presupuestarias a cambio de que Quintela implemente la Boleta Única Papel, se adhiriera al RIGI y aplique una normativa de transparencia en el manejo de los fondos públicos para su administración, pero que el representante riojano no habría garantizado ninguna de esas condiciones.
La reunión clave entre Menem y Herrera, celebrada en el Congreso a comienzos de abril, terminó sin acuerdos y dejó al descubierto una fractura política profunda. Desde el entorno del gobernador circuló una definición que sintetizó la postura provincial: «La dignidad no se entrega por una rotonda ni 100 metros de asfalto». Pese al desacuerdo, La Rioja fue finalmente incluida entre las doce jurisdicciones beneficiarias del anticipo de coparticipación del Decreto 219/2026.
El costo de oportunidad: vecinos capitalizando, La Rioja relegada
El impacto concreto de la no adhesión se mide en la geografía de la cordillera. San Juan, limítrofe con los departamentos riojanos de Vinchina, General Lamadrid y Felipe Varela, concentra los proyectos de cobre aprobados —Los Azules, Veladero, Gualcamayo— y es sede del mayor proyecto en evaluación del RIGI: Vicuña, impulsado por BHP y Lundin con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares, una iniciativa que la propia provincia vecina considera la mayor inversión extranjera de la historia argentina.
Catamarca, al norte, recibe el empuje del corredor litífero del Salar del Hombre Muerto y de la expansión de Fénix, operado por Rio Tinto. Salta añade Rincón y el proyecto aurífero Diablillos. Río Negro se consolida como la capital argentina del gas licuado de exportación. En ese contexto, un informe sectorial publicado el fin de semana advirtió que las provincias cordilleranas que ya avanzaron con la adhesión están capturando el interés de las empresas de cobre, litio y tierras raras, mientras que La Rioja corre el riesgo de quedar fuera del radar de capitales internacionales.
La paradoja se vuelve más aguda si se considera el potencial geológico riojano. La provincia tiene en carpeta exploraciones de cobre, litio y tierras raras que demandan financiamiento intensivo, caminos mineros, energía y agua industrial. Sin un marco previsible de estabilidad fiscal por tres décadas, esos proyectos difícilmente avanzarán hacia la etapa de desarrollo: los comités de inversión de las grandes mineras deciden mirando grillas regulatorias, no discursos políticos.
El conflicto por la traza del proyecto Vicuña —con la suspensión judicial del acceso por la Ruta Nacional 150 y la disputa por el uso del camino riojano de Peñas Negras— ilustra el problema desde un ángulo concreto. Mientras el capital fluye hacia San Juan bajo el paraguas del RIGI, La Rioja discute desde afuera cómo evitar que los costos ambientales y logísticos queden de su lado sin recibir contrapartida alguna en regalías o inversión local.
Qué está en juego: un régimen que cierra en 2027
La variable temporal agrega urgencia al debate. El Gobierno nacional prorrogó por un año la ventana de adhesión al RIGI: las compañías interesadas presenten proyectos hasta julio de 2027. Una vez cumplido ese período, no será posible acceder a los beneficios del régimen. Eso significa que las decisiones provinciales tomadas en 2026 definirán qué jurisdicciones capturan capital internacional para la próxima década y media y cuáles quedan fuera del ciclo.
El Ejecutivo riojano evalúa, según confirmaron fuentes del Gobierno provincial, la alternativa de un régimen local que replique parcialmente los incentivos del RIGI sin adherir formalmente al esquema nacional. El antecedente es el programa minero provincial que Quintela diseñó al comienzo de su segunda gestión, que contempla estabilidad fiscal por veinte años para proyectos que superen determinado umbral de inversión. El problema es que un régimen provincial no puede garantizar lo que el RIGI sí ofrece: exención de derechos de exportación, libre disponibilidad de divisas y acceso al arbitraje internacional. Esas herramientas son competencia exclusiva del Gobierno nacional.
La pregunta que queda planteada, con el comunicado oficial como telón de fondo, es si La Rioja puede permitirse sostener la oposición política al RIGI al costo de quedar fuera de un ciclo de inversión que el propio Ministerio de Economía proyecta en un salto de las exportaciones de energía y minería por 60.000 millones de dólares anuales a partir de 2030. La decisión, a más de dos años de la asunción de Milei y a cinco meses del cierre del primer bienio del RIGI, sigue en suspenso. Y el reloj de la ventana de adhesión corre a contramano del calendario político provincial.