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El FROP cumple diez años y relanza su proyecto político con 22 cooperativas, críticas al sistema electoral y la mira puesta en 2027

El Frente Riojano de Organización Popular celebra el décimo aniversario de su brazo electoral, el partido Victoria Romero, con un congreso de debate abierto a la ciudadanía. Fernando Gómez, su referente, cuestiona el diseño institucional que consolida a la clase política tradicional, denuncia que La Rioja mantiene códigos contravencionales de la dictadura y propone una federación de 22 cooperativas y 30 unidades productivas como base de un proyecto de provincia alternativo. Si una ley de fomento cooperativo existiera, sostiene, el sector podría generar 10.000 empleos genuinos.

Hay en La Rioja un espacio político que no nació en un comité partidario ni en una mesa de negociación electoral. El Frente Riojano de Organización Popular —FROP— surgió del ciclo de luchas sociales que siguió al colapso de 2001, con la Biblioteca Popular Darío Santillán como uno de sus núcleos fundacionales, y construyó durante dos décadas una red de radios comunitarias, centros culturales y cooperativas de trabajo que hoy constituyen su principal activo político. Este fin de semana, al cumplirse diez años de la creación de su brazo electoral —el partido Victoria Romero—, el espacio anuncia su relanzamiento de cara al ciclo 2027 con un congreso de debate abierto a la ciudadanía.

Fernando Gómez, referente del FROP y del sector cooperativo provincial, fue el encargado de trazar el mapa del momento político del espacio en diálogo con Radio Memoria. Su diagnóstico sobre La Rioja combina denuncia institucional, propuesta económica y una lectura crítica del sistema de poder que, según él, lleva cuatro décadas reproduciéndose sin transformación real.

Una tercera fuerza en un sistema que expulsa a las minorías

El FROP no es un actor marginal en el ecosistema político riojano, aunque el sistema electoral hace lo posible para que lo parezca. En las elecciones de 2015, el espacio se posicionó como tercera fuerza provincial —un dato que Gómez rescata como evidencia de que existe un electorado que busca alternativas fuera del bipartidismo peronismo-radicalismo que ha gobernado La Rioja desde el retorno de la democracia.

Pero alcanzar ese resultado, señala, no fue gratuito. La Rioja es uno de los pocos distritos del país donde los partidos minoritarios deben financiar incluso sus propias boletas sin acceso a los mecanismos de financiamiento público que el sistema electoral debería garantizar de manera igualitaria. La asimetría no es un detalle administrativo: es una barrera de entrada que opera como filtro estructural para preservar el poder de quienes ya lo tienen. A esa denuncia suma otra de mayor gravedad institucional: la vigencia de códigos contravencionales heredados de la dictadura, la persistencia de casos de violencia policial y la ausencia de mecanismos efectivos de justicia frente al gatillo fácil.

Las deudas estructurales que ninguna gestión resolvió

Más allá del sistema electoral, Gómez señala tres déficits que atraviesan todas las gestiones provinciales con independencia del signo político: el acceso al agua —un problema que en departamentos del interior riojano tiene carácter de emergencia crónica—, la falta de conectividad entre los departamentos, y la ausencia de transporte intermunicipal que aísla a las comunidades del interior y las hace dependientes de recursos propios para cualquier traslado. Estos tres puntos no son reclamos nuevos. Son la descripción de una provincia que, pese a recibir transferencias nacionales por encima de su capacidad tributaria propia, no logró resolver necesidades básicas de infraestructura que en otras jurisdicciones se consideran umbrales mínimos de gestión pública.

La economía social como plataforma política

La singularidad del FROP en el espectro político riojano reside en que su inserción territorial no se apoya en intendentes, punteros ni aparatos de empleo público, sino en una red productiva concreta: una federación de 22 cooperativas y 30 unidades productivas distribuidas en toda la provincia. Esa estructura es simultáneamente base social, argumento programático y fuente de legitimidad diferenciada respecto de los partidos tradicionales.

Gómez cuantifica el potencial no explotado del sector con un número que pone en perspectiva las discusiones habituales sobre empleo en La Rioja: si existiera una ley provincial de fomento cooperativo —reclamada desde 2010 sin respuesta legislativa—, el sector de la economía social tendría capacidad para generar hasta 10.000 puestos de trabajo genuinos en la provincia. Se trata de una cifra que supera lo que cualquier inversión privada anunciada en los últimos años —incluyendo los proyectos mineros en etapa de exploración— promete en el mediano plazo, y que no requeriría ni endeudamiento externo ni habilitación del RIGI.

La ausencia de esa ley durante quince años no es un olvido legislativo: es una prioridad política que nunca fue adoptada por las mayorías que controlaron la Cámara de Diputados riojana. El FROP la sostiene como bandera programática central de cara a 2027.

«Discutir el poder para transformar la provincia»

Gómez sintetizó la identidad del espacio con una frase que apunta tanto hacia adentro del movimiento como hacia el electorado al que busca interpelar: «Lo que nos hace diferentes es habernos sostenido durante diez años con una línea y una conducta de discutir el poder no por el poder mismo, sino para transformar nuestra provincia.» La distinción es deliberada y apunta a un diagnóstico compartido por franjas crecientes del electorado provincial: que la disputa entre peronismo y sus variantes internas —incluida la que encabeza Quintela— no modifica las relaciones de poder estructurales ni resuelve los problemas históricos de La Rioja.

En un escenario electoral 2027 donde el gobernador acumula baja aprobación, el intendente capitalino muestra debilidad propia, y la oposición tradicional no termina de construir una alternativa creíble, el FROP apuesta a que hay un espacio para una tercera vía con raíces territoriales, propuesta económica concreta y una década de coherencia organizativa para respaldarlo. Si logra traducir su red cooperativa en votos, ese cálculo puede tener sustento. Si no, el relanzamiento será una señal más de que La Rioja tiene demanda de alternativas pero todavía no encuentra la oferta capaz de canalizarla.

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