El ministro Juan Bautista Mahiques difirió hasta febrero de 2027 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las cámaras federales porteñas. La Rioja figura en el grupo de jurisdicciones que aún esperan cronograma, junto con Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y partes del conurbano bonaerense.
El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó este miércoles, a través de la Resolución 186/2026 firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial, una nueva postergación en el cronograma de implementación del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) que dejó al descubierto, una vez más, la situación de la Justicia Federal con asiento en La Rioja: la provincia continúa sin fecha cierta para el desembarco del sistema acusatorio adversarial.
La medida principal del acto administrativo difiere para las 00.00 horas del 15 de febrero de 2027 la entrada en vigencia del nuevo régimen procesal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. Pero, en sus considerandos, la resolución traza el mapa actualizado del proceso y deja al distrito riojano en el grupo de los pendientes.
El mapa argentino del sistema acusatorio
El texto firmado por Mahiques precisa que el sistema acusatorio ya rige en nueve distritos federales, que abarcan las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, además de los segmentos bonaerenses de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
En contrapartida, la resolución reconoce que «aún falta implementarse en nueve distritos», entre los que enumera expresamente a Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, los sectores bonaerenses de La Plata y San Martín, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 2026, el cronograma oficial confirma únicamente tres puestas en marcha: Córdoba el 15 de junio, Posadas el 24 de agosto y La Plata el 30 de noviembre. La Rioja no figura en ese calendario.
Qué cambiaría en la Justicia Federal de La Rioja
La eventual aplicación del Código Procesal Penal Federal en territorio riojano implicaría una transformación profunda en el funcionamiento del Juzgado Federal de La Rioja y de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, de la cual depende jerárquicamente la jurisdicción provincial. El sistema acusatorio reorganiza el modo en que se investigan y juzgan los delitos federales —entre ellos narcotráfico, contrabando, lavado de activos, trata de personas, evasión impositiva federal y delitos contra la administración pública nacional— al trasladar la dirección de la investigación de los jueces a los fiscales y consagrar la oralidad como principio rector del proceso.
En la práctica, la reforma supone la creación de una Oficina Judicial que asume las tareas administrativas y de gestión, separando esas funciones de las estrictamente jurisdiccionales; la conformación de Colegios de Jueces mediante acordadas de la Cámara Federal de Casación Penal; y la habilitación de Salas de Audiencias equipadas con tecnología de grabación integral. Todo ese andamiaje, hoy operativo en otras provincias del país, sigue ausente de la estructura federal con sede en La Rioja capital.
Las razones detrás de la postergación porteña
El argumento central que el Ministerio de Justicia esgrime para diferir la reforma en las cámaras federales de la Ciudad de Buenos Aires —y que indirectamente explica la lentitud en jurisdicciones como la riojana— es la persistencia de «dificultades técnicas, operativas y de infraestructura». La resolución detalla que la Justicia Federal Penal y Penal Económico porteña concentra cerca del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y el 19,19% de los cargos de magistrados judiciales federales del país, lo que multiplica la complejidad de la transición.
La cartera reconoce, además, que la Procuración General de la Nación informó «una insuficiencia crítica de los espacios físicos en las Fiscalías actuales» y la urgencia de finalizar las readecuaciones edilicias y de incorporar personal con formación técnica específica para operar herramientas de investigación avanzada como los softwares UFED y Pathfinder.
La situación, aplicada al distrito riojano, expone un cuadro estructural similar pero a menor escala: el desembarco del sistema acusatorio en La Rioja requerirá inversiones en infraestructura edilicia, equipamiento tecnológico, ampliación de plantas de personal y capacitación intensiva de magistrados, fiscales, defensores y empleados.
Una política de Estado bajo cuestionamiento
La resolución firmada por Mahiques insiste en que la implementación del Código Procesal Penal Federal «constituye una política de Estado en materia de justicia penal» y que su desarrollo continuo «requiere la cooperación activa de los tres poderes del Estado». El acto administrativo agradece expresamente el aporte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
Sin embargo, las sucesivas postergaciones —la implementación en CABA fue diferida en tres oportunidades, primero del 11 de agosto al 10 de noviembre de 2025, luego al 20 de abril de 2026 y ahora a febrero de 2027— alimentan las dudas sobre los plazos reales con los que se proyecta la llegada del nuevo sistema a las jurisdicciones que, como La Rioja, aún no cuentan con un calendario oficial.
Despliegue territorial: una promesa para los pendientes
Un párrafo de la resolución abre, no obstante, una expectativa concreta para las jurisdicciones rezagadas. El texto señala que el Ministerio de Justicia dispondrá «la realización de un despliegue territorial en las ciudades con asiento de la justicia federal donde aún no se encuentre vigente el citado ordenamiento procesal», con el objetivo de hacer relevamientos técnicos y elaborar diagnósticos que permitan planificar un cronograma de adecuada implementación.
La fórmula coloca a La Rioja en la lista de jurisdicciones que en los próximos meses recibirían una visita técnica de la cartera nacional, con el propósito de evaluar las condiciones edilicias, los recursos humanos disponibles y las necesidades tecnológicas concretas. Ese diagnóstico será, eventualmente, el insumo a partir del cual el Ministerio podría incorporar a la provincia al cronograma del sistema acusatorio.
El telón de fondo institucional
La definición sobre la Justicia Federal en La Rioja se inscribe en un escenario provincial de fuerte tensión institucional. El gobierno de Ricardo Quintela acaba de reglamentar la Ley 10.119 de Acceso a la Información Pública mediante el Decreto 319/26, mientras que la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial —en este caso, del fuero provincial— renovará autoridades el 24 de abril en plena discusión sobre las escalas salariales del sector y sobre el rol de la Justicia local.
La Justicia Federal con asiento en La Rioja, en cambio, depende exclusivamente del cronograma que define el Ministerio nacional y de las partidas presupuestarias que el Estado central asigne para su modernización. En ese terreno, la confrontación abierta entre la administración de Javier Milei y el quintelismo —concentrada en la pulseada por la coparticipación, la deuda en default y los litigios de bonistas— configura un trasfondo poco propicio para la asignación rápida de recursos federales hacia el distrito.
Mientras tanto, las causas penales de jurisdicción federal que se sustancian en La Rioja —narcotráfico, contrabando en zona de frontera con Chile, delitos económicos y eventuales investigaciones por hechos de corrupción que involucren fondos nacionales— continuarán tramitándose bajo el régimen mixto, escrito y de instrucción, cuyo agotamiento institucional fue, justamente, lo que motivó hace años la sanción del nuevo Código Procesal Penal Federal.
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