El Anexo X del Decreto 129/26, ratificado por la Legislatura, blindó por ley los haberes de las máximas autoridades del Ejecutivo riojano. Los secretarios de Estado perciben $710.690 de básico y los subsecretarios, $603.712. La escala se aplica desde el 1° de febrero, en pleno discurso oficial sobre el «ahogo financiero» provincial.
La ratificación legislativa del Decreto F.E.P. N° 129/26 —convertido en la Ley N° 10.861 el pasado 19 de marzo— dejó plasmados, con rango legal, los sueldos básicos de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial. El Anexo X de la norma, dedicado a las «Autoridades Superiores», fija con precisión cuánto perciben, desde el 1° de febrero de 2026, el gobernador Ricardo Quintela, sus ministros, secretarios de Estado y subsecretarios.
Según el nomenclador oficial, el gobernador tiene un sueldo básico de $894.268,70; los ministros, de $817.251,56; los secretarios de Estado, de $710.690,49; y los subsecretarios, de $603.712,44. Se trata de los haberes desnudos del cargo, sobre los cuales se liquidan luego los adicionales, antigüedad, presentismo y otros conceptos que terminan de conformar el salario de bolsillo.
Una jerarquía que el básico no refleja
La lectura cruzada del decreto —que reordenó las escalas de toda la administración pública provincial— deja al descubierto una particularidad: el gobernador no es el funcionario mejor rentado del Estado riojano. Por encima del primer mandatario aparecen, en términos de básico, el Fiscal de Estado ($1.456.894,72), los integrantes del Tribunal de Cuentas ($1.013.906,03) y el Fiscal Adjunto y el Asesor General Adjunto, ambos con $970.195,16.
La estructura responde a la lógica histórica del régimen jerárquico provincial, que coloca al cuerpo de abogados del Estado y al órgano de control externo en la cúspide del nomenclador con el argumento de garantizar su independencia funcional. Aun así, el dato genera lecturas políticas: en términos de haber básico, Quintela percibe un 39% menos que su Fiscal de Estado y un 12% menos que cada uno de los miembros del Tribunal de Cuentas que controla la gestión de su propio gobierno.
El gabinete que firmó el decreto
La norma fue refrendada por la totalidad del gabinete, lo que configura una fotografía del esquema de poder con el que Quintela transita el primer trimestre del año. El decreto lleva las firmas del jefe de Gabinete a/c del Ministerio de Infraestructura, Juan José Luna; del secretario General de la Gobernación, Jorge Ricardo Herrera; y del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Jorge A. Quintero, además de los titulares de las restantes carteras: Ariel N. Martínez Francés (Educación), Alfredo Nicolás Menem (Desarrollo, Igualdad e Integración Social), Miguel Zárate (Seguridad, Justicia y DDHH), Juan Carlos Vergara (Salud Pública), Ariel Puy Soria (Vivienda, Tierras y Hábitat Social), Adolfo Héctor Scaglioni (Agua y Energía), Federico R. Bazán (Trabajo, Empleo, Industria y Minería), Ernesto Salvador Pérez (Producción y Ambiente) y Gustavo Aníbal Luna (Turismo y Culturas), junto con la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, María Luz Santángelo Carrizo.
Cada uno de los ministros que rubricó la norma percibe, desde febrero, el básico de $817.251,56 establecido en el Anexo X. La secretaria de Comunicación, designada recientemente como Responsable de Acceso a la Información Pública por el Decreto 319/26, cobra el básico de $710.690,49 correspondiente al estamento de secretarios de Estado.
El argumento del «ahogo financiero»
La fijación de las escalas de las autoridades superiores se dio en el mismo acto administrativo que recompuso los haberes del conjunto de la planta estatal, y se inscribió en el discurso político con el que el quintelismo viene confrontando con la administración de Javier Milei. El propio decreto sostiene en sus considerandos que la decisión fue adoptada «en un contexto nacional signado por la feroz caída del consumo» derivada de las políticas económico-financieras de la Casa Rosada y bajo el «ahogo financiero impuesto por la Nación».
La fórmula intenta justificar, al mismo tiempo, dos cosas: por un lado, la magnitud limitada de la mejora —definida como el «máximo esfuerzo» que se le puede exigir al Tesoro provincial—; por el otro, la legitimidad del propio acto de actualización salarial, que en otros tramos del Estado riojano dejó básicos por debajo de los $200.000 mensuales.
El marco constitucional
El decreto se dictó en uso de las atribuciones del artículo 149° de la Constitución Provincial, que faculta al gobernador a fijar transitoriamente, por la vía del decreto, materias que el artículo 57° reserva a la ley —entre ellas, el régimen de remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados de la provincia—. La norma fue luego elevada a la Función Legislativa para su ratificación, trámite que se completó con la sanción de la Ley 10.861 en la sesión del 19 de marzo, presidida por el vicepresidente primero Mario Claudio Ruiz y refrendada por la secretaria legislativa Mirtha María Teresita Luna.
La invitación a las funciones Legislativa y Judicial a determinar sus propias escalas, «respetando las pautas» establecidas por el Ejecutivo, completa el esquema y deja en manos de cada poder la fijación concreta de los haberes de sus máximas autoridades. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas quedó facultado a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias para la liquidación de los nuevos básicos.
Una recomposición progresiva y política
El propio decreto admite que la mejora salarial «no es la que se quisiera otorgar» y la define como parte de un proceso «progresivo» que será revisado a lo largo del año en función de la evolución de las variables económicas. La aclaración cobra sentido en el cuadro fiscal que atraviesa la provincia: La Rioja se autofinancia en torno al 11,6% de sus ingresos, depende casi por completo de las transferencias automáticas del Estado nacional, defaulteó su deuda en dólares y enfrenta litigios de bonistas en tribunales de los Estados Unidos.
En ese escenario, los $894.268 que cobra de básico el gobernador, los $817.251 de cada ministro y los $710.690 de los secretarios de Estado adquieren una dimensión política específica: configuran la referencia salarial de la cúpula que conduce, simultáneamente, el ajuste y la confrontación con la Casa Rosada, y que utiliza el propio decreto como pieza de un relato más amplio sobre la fragilidad estructural de las cuentas riojanas.
